Evo Morales intenta violentar la soberanía popular expresada en las elecciones del 20 de octubre, tal como lo hizo con el resultado del referendo de febrero de 2016, cuando la mayoría de los bolivianos le dijeron NO a la reelección indefinida. Ese pronunciamiento era vinculante y obligatorio para el mandatario. En esa ocasión, Morales presionó al Tribunal Constitucional para que declarara con lugar la solicitud presentada por un grupo de sus partidarios, quienes señalaban que el gobernante había perdido la consulta por un margen muy estrecho -51% contra 49%- y que tenía todo el derecho como ser humano a ser reelecto Presidente cuantas veces quisiera.
El Tribunal Constitucional, en un acto insólito de abyección, invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, para darles la razón a los simpatizantes del caudillo. Dictaminó que de aceptarse los resultados de la consulta, se violarían los “derechos humanos” del gobernante. Sin más trámites, lo habilitó para presentarse como candidato en los comicios de 2019. La decisión favoreció también a Álvaro García, su eterno vicepresidente. El exabrupto del Tribunal no se detuvo allí: sin ningún tipo de reforma previa, declaró inconstitucional el artículo 168 de la Constitución, que limitaba la cantidad de períodos que Morales podía ser Presidente. Los magistrados no se anduvieron con rodeos. Se entregaron en brazos del gamonal sin pudor.
A partir del dictamen del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral autorizó la inscripción de Morales como aspirante a la presidencia de la República. Todo esto ocurrió después que el cacique había declarado que acataría sin chistar la opinión expresada en el referendo y se iría “feliz” del Palacio de Gobierno, si perdía la consulta. Toda una farsa para esconder la inmensa presión que luego desató sobre las instituciones.
En esta oportunidad a Morales le ha sido más difícil torcer la voluntad de la gente. Carlos Mesa, el principal candidato opositor en las elecciones presidenciales, asumió la conducción de la lucha. Denunció el escandaloso fraude que Evo intenta perpetrar. El autócrata ordenó detener el conteo rápido cuando los cómputos lo desfavorecían. Veinticuatro horas después, el mismo conteo, que había dejado de ser ‘rápido’, le dio una ventaja apreciable y definitiva. La adulteración fue legitimada por el Tribunal Electoral, organismo que lo declaró Presidente en la primera vuelta, a pesar de que la diferencia con relación a Mesa fue sólo de 0.57% por encima del 10% exigido por la Constitución, y luego de un episodio tan sospechoso y cuestionable como fue detener la información sobre el conteo rápido.
La respuesta de Mesa consistió en movilizar sus partidarios e insistir en que será Presidente o irá preso. Ahora no se trata, como en 2017, de la defensa difusa de un referendo popular que pertenecía a todos los bolivianos, pero en realidad no pertenecía a ninguna persona o fracción particular. En la actualidad, el afectado tiene nombre y apellido. Evo Morales cree que porque es de ascendencia indígena y posee arraigo popular en los estratos pobres de la población, puede perpetrar toda clase de abusos. En esta oportunidad se enfrenta con un adversario que también cuenta con apoyo de masas y está dispuesto a confrontar el proyecto hegemónico, el ventajismo y la corrupción representados por el señor Morales.
Debido a la presión interna e internacional, Evo se ha visto obligado a aceptar una auditoria internacional de las elecciones del 20 de octubre. En ella podrían participar la OEA, la Unión Europea y otros países. Morales dice que los resultados que arroje esa investigación serán vinculantes y obligatorios para él. Sin embargo, ya se sabe lo que estas palabras significan para el mandatario boliviano, acostumbrado a hacer durante trece años lo que le place.
Derrotar las andanzas del autócrata resulta crucial para quienes consideramos que la salida a la crisis nuestra debe ser pacífica, democrática y electoral. En Bolivia, de nuevo se busca aplicar el modelo cubano usado en Venezuela: valerse de las elecciones como fachada para crear la ficción de democracia y participación; actuar convencidos de que los comicios se ganan por las buenas o por las malas, pues los revolucionarios no conquistan mayorías legítimas, sino que se imponen por la vía del control de la fuerza y la manipulación de las instituciones.
En Venezuela, se libra una batalla sin cuartel para derrotar, en las filas de la oposición, el escepticismo con relación a los procesos comiciales y por recuperar la confianza en que a través del voto es posible impulsar los cambios que la sociedad exige, salir de la dictadura y construir una nación próspera y equitativa. Todavía está muy cerca en la memoria de la gente la dolorosa experiencia de las elecciones de la Asamblea Nacional, en 2015, cuando el régimen amputó las competencias fundamentales del Parlamento. Nos toca lidiar con esa inmensa frustración, y con el prejuicio de que quien confíe en la transparencia del voto, es porque todavía cree en la cigüeña. La agresión de Morales a la soberanía popular contribuye a reforzar la desconfianza de nuestros escépticos. Las instituciones democráticas del continente deben obligarlo a ir a una segunda vuelta supervisada y confiable.
A Evo no puede permitírsele que siga pecando contra el voto. Los demócratas salimos afectados.
Trino Márquez
@trinomarquezc.
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