“La primera de todas las fuerzas es la opinión pública”. Simón Bolívar
La libertad de expresión es el más humano, intelectual y público de todos los derechos del hombre; sin embargo, es el más asediado por la ley en algunos países del mundo, entre otros el nuestro.
La trascendencia de la libertad de expresión, cuyas normas se concretan en tratados, acuerdos, conferencias, congresos y otras, señalan pautas con absoluta prescindencia de toda discriminación, al extremo de que la Constitución de muchos países la establece. La nuestra, llamada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela refiere en su artículo 57: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado”.
Pero en este texto existe una gran contradicción, si de libertad de prensa hablamos, pues una coletilla final del mismo artículo refiere textualmente: “Se prohíbe la censura a los funcionarios o funcionarias para dar cuenta de los asuntos bajo su responsabilidad”. Cosas de esta revolución socialista del siglo XXI que contradicen el mismo espíritu del referido artículo.
La libertad de prensa está garantizada en todas las cartas constitucionales y también concebida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en las Naciones Unidas, el cual reza textualmente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, lo que implica el derecho de no ser inquietado por sus opiniones, así como el de buscar, recibir y difundir, sin consideración de fronteras, las informaciones, las ideas de cualquier medio de expresión que sea”.
La declaración anteriormente referida hace ostensibles dos elementos fundamentales de la libertad de pensamiento, que son: el derecho de información, para y por la prensa y la autonomía de opinión, es decir, libre valoración crítica, sujeta a responsabilidad por delito y derecho de réplica.
No debemos olvidar que toda la historia del periodismo del pasado y presente siglo se resume en una desgarradora y dramática insurgencia contra la violencia opresiva, que va más allá de las agresiones físicas a los periodistas, tal como ha venido ocurriendo en los últimos días, hechos recurrentes que ponen en tela de juicio el talante democrático del que presume el gobierno socialista, marxista y mal llamado bolivariano.
El ejercicio periodístico tiene un conocido fundamento constitucional que penetra en las demás formas de la ciencia jurídica. Pero el ordenamiento que la regula tiene más bien carácter penal, punitivo y poco se ocupa de garantizarla, protegerla y hacerla eficaz.
El derecho a la información implica libertad de acceso a todas las fuentes de la noticia. El derecho a la información presume también una fluidez de las relaciones humanas que haga posible una fiel y exacta transmisión de las noticias.
La libertad de prensa no solo es un derecho sino también un poder del hombre. La censura del pensamiento es un artificio contra la propia naturaleza humana. Luis Sanoja –eminente periodista y abogado, fundador de nuestro primer periódico jurídico– decía que “no puede haber gobierno popular sin libertad de prensa”.
Basado en ello y por la experiencia adquirida a través de largos años de ejercicio, desde que egresamos de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela en el año 1963, y por los sucesivos ordenamientos que han regido el derecho a la información, podemos señalar que el límite entre la libertad y el abuso solo es posible a posteriori y nunca a priori, en otras palabras, que la censura previa a la publicación es ilegal y moralmente intolerable.
Nos encontramos con que el drama de la prensa en nuestro país, no es sino la expresión de nuestra crisis de la democracia. En los últimos años y concretamente con el presente régimen no hemos logrado disfrutar de una holgada parcela de libertad, que hubiera sido suficiente para crear esos hábitos de democracia, que tanto afirman la dignidad de la vida y aseguran la respetuosa convivencia humana.
Llegamos a una valiosa conclusión que se desprende de nuestro proceso histórico sobre la legislación en esta materia y es que no debemos tolerar ninguna censura previa. Ya lo dijo Albert Camus en su filosofía del absurdo: “No existen culpables ni inocentes, solo existen responsables”.
A las nuevas generaciones de periodistas nos permitimos recordarles una significativa frase de Giner de los Ríos, quien concebía la universidad como una “potencia ética de la vida” y Ramón Cajal, como “la escultura de su propio cerebro”. Entre ambas ideas oscila un fundamento que fue expuesto en las propias actas del nacimiento de nuestra primera Escuela de Periodismo, bajo la dirección de Miguel Acosta Saignes y después con Gustavo Díaz Solís, cuando en el año 1947 se recibieron con el título de Periodistas Titulares dos años después 1949, integrando la Promoción Leoncio Martínez, ductora del periodismo nacional.
Se dijo entonces, que el propósito básico de la Escuela de Periodismo debía ser “una contribución concreta al desarrollo de la democracia de Venezuela”, que debía impartir enseñanza técnica periodística y “ampliar el fundamento cultural y ético de los alumnos, en tal forma que garantice la aplicación de esos conocimientos del progreso democrático de la comunidad venezolana”.
Así pues jóvenes colegas demuestren la fecunda enseñanza que recibieron en sus aulas y ahora como profesionales del periodismo al servicio del colectivo, ávido de un necesario espacio con verdadera autonomía expresiva. No olviden que “el periódico es el único documento humano capaz de recoger la memoria integral del hombre”. Y que por nada en el mundo debemos claudicar, o entregarnos en las fauces de un régimen comunista, que nada le importa cerrar medios de comunicación impresos y radioeléctricos, críticos de las felonías que a diario perpetra Maduro y sus conmilitones enchufados en el gobierno. Una de sus últimas víctimas, el colega Elides Rojas, vicepresidente de Información del diario El Universal, sometido a juicio penal por “instigación al odio”. ¿Cuál odio, acaso sus propios conmilitones que hacen uso de las pantallas de la televisora del Estado, no ofenden. Insultan, agravian y exponen al escarnio público a quienes adversan al régimen, hasta con vulgares expresiones que ofenden a los venezolanos? La salsa que es buena para el pavo, también lo es para la pava.
Es dignificante nuestro derecho histórico de la información, y por ello es menester que las nuevas generaciones de periodistas, tengan clara conciencia del dolor y la sangre que la ha costado a Venezuela, conservarla humana e irrenunciablemente, por lo tanto no debemos tolerar ninguna censura previa, pues esta siempre será obstáculo para el ejercicio de nuestra actividad profesional.
A nuestros amables lectores les deseamos una feliz Navidad y Próspero Año 2020
(*) Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)
Carlos E. Aguilera
careduagui@yahoo.com
@_toquedediana
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