La renuncia de un presidente (como la de cualquier otro funcionario) no representa un quiebre o una ruptura del orden institucional, sino que forma parte de un mecanismo democrático, ya que ningún funcionario puede ser obligado a permanecer en un cargo por un determinado periodo.
Vale la pena recordar la definición jurídica de renuncia:
"Renuncia: Dimisión o dejación voluntaria de una cosa que se posee o de un derecho que se tiene. La renuncia puede también ofrecer un sentido negativo, que se manifiesta rechazando o no admitiendo una cosa o un derecho que son ofrecidos. Basta esta definición para advertir la amplísima aplicación que la renuncia presenta en el campo del Derecho, porque puede estar referida a toda clase de bienes, de derechos públicos o privados (salvo los que la ley declara irrenunciables) o de acciones procesales. | Caso frecuente de renuncia es la que se hace de los cargos públicos o de los empleos públicos o privados, y en ese sentido equivale a dimisión. En el Derecho Civil, las manifestaciones tal vez más características son las que se vinculan con el repudio de la herencia o de las donaciones. (V. REPUDIACIÓN.) Renuncia se llama también el documento en que consta esa actitud. | Desistimiento de un propósito.".[1]
La renuncia nunca obedece a una imposición externa, sino que se ejerce siempre de manera voluntaria y se presenta no solamente dentro de un régimen democrático, ya que un dictador, un autócrata, un tirano, un rey, también pueden renunciar a sus puestos, aunque sea poco frecuente, pero han existido muchos ejemplos en la historia de tales tipos de dimisiones.
Claro que, siempre que alguien decide renunciar a algo hay una razón o una suerte de obligación interna que lo hace renunciar, pero ha de quedar en claro que dicha exigencia siempre es interna en tanto y en cuanto nace del propio individuo renunciante, es decir, es una decisión que le pertenece enteramente sin que nadie más que el mismo le constriña a tomar.
En Derecho Político, a la renuncia se le opone el derrocamiento, cuya definición jurídicamente transcribimos a continuación:
"Derrocar: Despeñar o lanzar desde una roca, antiguamente practicado como pena o para eliminación de defectuosos. | Destronar a un rey. Derribar a un gobierno. Substituir a un régimen por la fuerza, por una revolución o golpe de Estado. (L. Alcalá-Zamora)."[2]
La renuncia siempre es un acto voluntario, nunca forzado. La "renuncia forzada" es un contrasentido. El desplazamiento impuesto del poder no es una "renuncia" del desalojado, es simple y llano derrocamiento, el cual implica un cierto grado de resistencia del derrocado (total o parcial) a ser eliminado del poder.
Las diferencias entre uno y otro son múltiples, ya que la renuncia se puede retractar por parte del renunciante, en cambio que el derrocamiento no depende de la voluntad del derrocado por lo que -obviamente- no puede desistirse por parte de este, ya que es un acto ajeno a su decisión.
Si -por caso- como se escucha a veces, un jefe de estado declara "renuncio al cargo para evitar un baño de sangre" es una declaración implícita de que está reconociendo que ha perdido el apoyo del pueblo, al menos en grado suficiente como para no asegurarse que las fuerzas "rebeldes" puedan ser vencidas por un pueblo que ya no lo sostiene. Digamos que estas son las razones para su renuncia, que no deja de ser tal porque podría adoptar la actitud contraria si sospechara que aún conserva sustento mayoritario que le permita persistir en la función. De no ser así, no hay ni "golpe de estado", ni "revolución", ni -por lo tanto- derrocamiento alguno.
La "renuncia bajo amenaza" sigue siendo -no obstante- un acto voluntario (no compelido) porque el ultimátum puede ser infundado, falso o de cumplimiento imposible. Y, nuevamente, si el amenazado se considera suficientemente fuerte y respaldado por sus partidarios haría caso omiso a la renuncia, se limitaría a ignorarla y continuaría ejerciendo su investidura confiado en el sostén de que sus fuerzas le serán leales.
Para este análisis debemos tener presente que, estamos convencidos que, tanto las fuerzas de seguridad como las fuerzas armadas forman parte del pueblo y no son cuerpos extraños al mismo como habitualmente se cree tanto en la prensa como a nivel popular. No existió absolutamente ningún "golpe de estado" que fuera perpetrado exclusivamente por un sector del pueblo sin soporte del resto, ya que sin este amparo mayoritario ningún gobierno -por muy de facto que sea- podría haberse mantenido en el poder durante mucho tiempo. La mayoría gobierna siempre, sea por acción o por omisión. Aunque suene paradójico, cuando "gobierna" por omisión implica tanto el permitir que cierta minoría la gobierne, de la misma manera que un esclavo (o conjunto de ellos) pudiendo rebelarse, por poseer mayor fuerza que su amo, prefiere obedecerle. Porque piensan que así les será más conveniente y más llevadera su actual o futura existencia.
De momento que, producido un golpe de estado una mayoría de la población continua pasivamente en el lugar donde se llevó a cabo, acatando a los golpistas, y no se rebela o huye en masa de allí, tal actitud inactiva implica una especie de "convalidación" de la situación ocurrida. Los padecimientos que sufra serán en una buena medida merecidos. Apresurémonos a aclarar que tal clase de confirmación no es sinónimo de total beneplácito con el dictador que surgiera del hipotético "golpe".
Como ya expusimos muchas veces, solo hay tres medios por los cuales las dictaduras pueden mantenerse en el poder. Y esas vías son del control exclusivo del pueblo. Repasémoslos:
1. Por aprobación.
2. Por temor.
3. Por resignación.
Estos tres pueden combinarse entre sí o darse por separado. El orden de los factores no altera el producto. Cuando cualquiera de estos tres elementos desaparece cualquier dictadura cae de forma inmediata, o más tarde o más temprano.
El poder siempre reside en el pueblo, como también la decisión de hacer uso o no de dicho poder.
También, desde luego, estos tres componentes son los que en una sociedad democrática determinan el voto del elector en un sentido o en su contrario. En última instancia -y, dicho de otra forma- tanto en las dictaduras como en las democracias el pueblo (al final del recorrido) siempre es soberano, por acción o por omisión.
[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial Heliasta-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 837
[2] Ossorio, M. Ibidem, p. 314
Gabriel S. Boragina
gabriel.boragina@gmail.com
@GBoragina
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