La distribución de la riqueza de la gente la hace esa misma gente a través del mercado libre. El impuesto altera esa distribución, ya que retrae riqueza que la gente -a través del mercado- la había dirigido hacia sectores distintos a los preferidos por los burócratas. La riqueza apropiada por estos a través del impuesto sólo pueden aplicarla a dos destinos posibles: sus propios gastos burocráticos (muchas veces personales) o a redistribuirlas entre terceros. Normalmente, la burocracia la aplica a ambos destinos en porciones disimiles que van cambiando conforme los diferentes gobiernos o políticas económicas desemejantes dentro de un mismo gobierno.
Esta redistribución siempre va en contra de los deseos del consumidor, porque de ir en el mismo sentido de ellos el impuesto no tendría razón de ser, así que necesariamente el impuesto contraría los fines sociales, sacrificándolos por los del burócrata a los que este les otorga preferencia.
En cuanto a las "excesivas utilidades" estas no existen excepto en la imaginación del autor. No hay ningún criterio objetivo que permita hablar de exceso o defecto, salvo en la personal apreciación de quien emite dichos juicios de valor. Son conceptos relativos por, lo que es "excesivo" para unos será "escaso" para otros conforme a la moderna teoría del valor descubierta y desarrollada por la Escuela Austríaca de Economía. Disponer de la propiedad ajena -como celebran los estatistas- va contra la moral, la decencia, el derecho y la economía. No hay autoridad terrenal lo suficientemente alta que pueda erguirse en juez de la propiedad ajena y menos aún disponer de ella.
"Aquí estamos en presencia de un factor social de gran valimiento que, no siempre ha movido a los hacedores de los presupuestos fiscales y que consiste en nivelar la riqueza de la población tomando como instrumento una buena y justa distribución de los impuestos."[1]
Por lo ya expuesto, esta tarea es imposible, porque el legislador de impuestos no se encuentra jamás en condiciones de realizarla. El impuesto provoca un daño y es una injusticia en si misma ya que viola propiedad del gravado. Entonces, su impacto debe ser el menor posible siendo su eliminación lo ideal. De momento que la sociedad lo acepta como "único" medio para financiar funciones de gobierno que se consideran "esenciales", estas deben ser mínimas, de manera tal que causen el menor daño posible en los bolsillos de la gente, que es lo contrario a lo que históricamente se ha venido dando y se continúa haciendo por parte de las burocracias elefantiásicas que se observan por doquier.
El objetivo del mercado no es nivelar la riqueza sino expandirla, por lo que queda claro que va en contra de los objetivos de la burocracia que aplaude el autor. Nivelar la riqueza implica siempre contraerla, disminuirla hasta cierto límite fijado arbitrariamente por el poder político de turno. Esto claramente se enfrenta con los objetivos de la sociedad civil que defiende el mercado.
"Aquí actúa el Estado como un repartidor de la riqueza nacional. "El Estado, presentándose aquí en nombre de la justicia social o de la solidaridad —afirma Gide—, como hoy día se dice, toma a aquellos a quienes sobra para dárselo a los que no tienen bastante. Inútil es decir que la escuela liberal niega enérgicamente al Estado el derecho de desempeñar tal papel- y atribuirse así la función de dispensador de la riqueza y de enderezador de entuertos."[2]
Es quitarles a unos lo que les pertenece para darles a otros lo que no les pertenece ni se han sabido ganar por sí mismos, es decir es la misma negación de la justicia real, definida por Ulpiano como la de "Darle a cada uno lo suyo" (lo suyo de cada cual).
Lo que ellos llaman "estado" (que no es más que el gobierno constituido por ciertas y circunstanciales personas) no tiene ningún derecho a repartir riqueza que no ha generado ni le pertenece y mucho menos regalarla a terceros que tampoco han contribuido a su generación. No valen para el caso aquellas falsas etiquetas estereotipadas como las de las de la "justicia social" y la "solidaridad", que no son más que elegantes e "inocentes" pretextos para despojar a los productores en su perjuicio, y en beneficio de burócratas y vividores del fruto del trabajo ajeno. Nadie está en condiciones de decir qué le sobra o le falta a otro, lo que no será más que su arbitrario juicio de valor, solo válido para el que lo formula. "Bastante" o "escaso" son meras apreciaciones personales, que cambian de individuo a individuo, de época en época, y de lugar en lugar, y nunca jamás ha habido un criterio único al respecto. Para los autores aquí analizados, que creen que el gobierno es una especie de dios terrenal que todo lo puede y le atribuyen poderes sin límite, es obvio que estos argumentos no les serán válidos.
Nadie puede hacer caridad con los recursos de otros, ni siquiera el gobierno sin violar el derecho de propiedad e incurrir en un robo liso y llano, que es lo que propone la doctrina de la "justicia social" que es pura injusticia real, tanto como su cacareada "solidaridad" que es pura insolidaridad. Si el propietario retiene sus bienes va de suyo que es porque los necesita a todos, ergo, nada de ello le "sobra". Si les sobraran los vendería o regalaría, o se desprendería de ellos de cualquier otra manera, pero si no lo hace es porque los necesita, mal que le pese al gobierno y aunque este opine lo contrario.
[1] Mateo Goldstein. Voz "IMPUESTOS" en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15 letra I Grupo 05.
[2] Mateo Goldstein. Voz "IMPUESTOS" Ibidem.
Gabriel Boragina
gabriel.boragina@gmail.com
@GBoragina
Argentina
http://www.accionhumana.com/2020/05/impuestos-y-utilidades-excesivas.html
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