El primer paso en ese recorrido sería el de contar con el visto bueno del Consejo y se tomen, en consecuencia, las decisiones y recomendaciones sobre los graves hechos constatados en el informe. Se tenía previsto un pronunciamiento para esta fecha. Nada fácil va a ser que del seno del Consejo surja una decisión que llene las expectativas de los venezolanos. Dentro de él priva una especie de quid pro quo entre muchos países que se guardan una solidaridad automática.
De los 47 países que la integran, una cantidad importante tiene un prontuario de violaciones de los derechos humanos al igual que Venezuela. No se pisan la manguera. Por vicios parecidos se acabó con la Comisión de Derechos Humanos. La elección de esos países para integrar contradictoriamente el Consejo representa también una burla para quienes, como en nuestro país, sufren espantosas desapariciones, torturas y persecuciones, pero también para quienes la combaten y denuncian en esos países.
En nuestro caso fue una elección vergonzosa, como diría el propio embajador Arria. Por su parte, Miguel Henrique Otero lo calificó como un día negro para los derechos humanos en el mundo. Causó mayor estupor y rechazo cuando solo habían transcurrido menos de cuatro meses desde que la expresidenta Bachelet presentó el informe en el que se denunciaban varias de las atrocidades perpetradas por las fuerzas de seguridad de la tiranía de Maduro, entre ellas: las ejecuciones, torturas, desapariciones forzosas, persecución a la disidencia y detenciones arbitrarias.
Es un escollo a superar en el que desempeñarán un papel muy importante los países aliados, unidos contra la dictadura en Venezuela; como también lo harán los demás organismos nacionales e internacionales, especialmente de la OEA, entre otros. No bastan las decisiones tangenciales que representen un saludo a la bandera, y se le escape la oportunidad a los venezolanos por una decisión que el Consejo tendría prevista para que se extienda el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos, o para que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos siga reportando la situación en nuestro país, y menos, la de solicitar a las autoridades venezolanas que cooperen con ambos mecanismos.
El segundo paso, se corresponde con lo que los mismos expertos de la misión recomendaron: “las autoridades pertinentes en Venezuela, los gobiernos de otros países y la Corte Penal Internacional deben considerar la posibilidad de interponer acciones legales contra los responsables de los abusos y los delitos que documentaron”; cumpliendo con el propósito para el cual fue creada: “investigar violaciones de derechos humanos incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con el fin de asegurar que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan justicia”.
Eso debería constituir un camino expedito para la canalización de la vía penal que debe adminicularse con las denuncias en curso, pero igualmente deben salvarse muchos obstáculos. Entre ellos, que el actual presidente de la Corte Penal Internacional sea el nigeriano Chile Eboe-Osuji y que la fiscal sea la gambiana Fatou Bensouda. Sus respectivos países no son precisamente defensores e las libertades y derechos ciudadanos; por el contrario, cuentan regímenes que los tienen en mora con lo que imponen los tratados internacionales que regulan la materia y tienen en común sus excelentes relaciones con el régimen venezolano.
Todo lo señalado impone que se proceda con cautela, sin alardes fatuos, dentro de una gran estrategia que redoble los esfuerzos para que se concreten sanciones que por su envergadura han de ser emblemáticas y ejemplarizantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario