Pero las realidades evidencian otra visión. Una visión capaz de encubrir corrupciones, dolos y especialmente, resentimientos cargados con las más atroces y desesperadas ejecutorias insufladas por un poder político indolente. Es la situación que caracteriza el proceder de todo régimen político que busca mediar su gestión de gobierno, en la oscuridad sobre la cual se pasea el oprobio, el despotismo y la infamia. La ecuación perfecta cuya resultante alcanza a ser representativa de la “crisis perfecta”.
Acaso que de cara a los problemas que arrastra lo que cabe bajo la denominación de “crisis perfecta” ¿existe algún modo de impedir que la indolencia gubernamental siga fungiendo de criterio y razón que afiance decisiones y acciones políticas? Las realidades revelan cuadros de asfixia económica y opresión social. El problema expuesto en la conculcación de sueldos, salarios y otras prerrogativas acumuladas luego de una vida entregada al trabajo honorable y colmado de la más excelsa dignidad, forma parte fina de la apología de la aducida “crisis perfecta”.
Nunca la historia política contemporánea de administraciones instaladas a partir de consignas democráticas, obreras y revolucionarias, habían llegado a niveles de tanta degradación como las que ahora padece. Con Venezuela a la cabeza en la lista de naciones con extraordinarias deudas sociales y financieras acumuladas. Además, vencidas a discreción de la caducidad asignada a instancia de la arbitrariedad dominante.
Ahí debe contarse, entre otras deudas, la que toca la manipulada y hambreada “pensión de vejez”. Que también, es un derecho contemplado por el ordenamiento jurídico. Más aún, constituye un derecho humano universal que trasciende las necesidades económicas de vida. De manera que no hay razón para clamar por su cometido, y que sea saldado. Indiscutiblemente es un deber de todo Estado que se precie de actuar con base en el Derecho y la Justicia, de cumplir con el trazado constitucional.
En otras palabras, esto es el mecanismo universalmente válido de retornar o restituir al trabajador “jubilado” la compensación merecida por su dedicación laboral de años laborados coadyuvando en la construcción del “futuro nacional”.
Lejos de verse como una concesión “generosa” por parte de los gobernantes, es bochornoso, injusto y deshonroso ver en la calle a nutridos grupos de personas mayores haciendo público, notorio y comunicacional el reclamo por derechos y reivindicaciones que redundan en beneficio de una mejor calidad de vida. Más hoy, cuando la inflación redujo al máximo cualquier cantidad que ayer podía contener y satisfacer necesidades normales y naturales de vida.
La gravedad de este problema se torna
exponencial. Particularmente, cuando se advierte en la lejanía. Es el caso de
quienes como emigrados viven en la distancia. Las razones y consideraciones
elevadas públicamente, adquieren forma de lerdas contemplaciones. Que terminan
viéndose casi como un “lento y gradual exterminio”. Pero que sin duda, se
convierte en una desnuda “violación de lesa humanidad” que presupone un delito
de índole público. Y en consecuencia, roza el “genocidio”. Y es lo que hace más
intolerable la situación. Peor aún, caótica, despiadada, inaguantable. Incluso,
en presencia de organismos internacionales con competencia en Derechos Humanos,
que no avistan el problema con la premura e importancia que demanda la
situación. Y eso “desfigura” su discurso y su misión.
Las necesidades así comprendidas, se multiplican por razones que sólo atiende y entiende una economía que, en su funesta asociación con una administración de gobierno de rémora actitud y sórdida reacción, hace que las realidades se vean revueltas. Particularmente, por la ominosa complicidad conjugada entre condiciones que con suma contrariedad y pesadumbre, desgracia y muerte, acusan o revelan: odio, codicia e indolencia.
antoniomonagas@gmail.com
@ajmonagas
Venezuela
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