Esto, sin embargo, no es un gran consuelo. Los bajos
números de casos seguramente se deben a la insuficiente toma de muestras, o al
periodo entre la incubación del virus y su manifestación. El número de casos
confirmados está aumentando en puntos frágiles del mundo árabe y África. Si los
países no logran establecer distanciamiento social u otras medidas para detener
la propagación del virus, o al menos retrasarlo, se podrían presentar picos de
casos como los que ahora abruman a partes de Europa, pero con una
disponibilidad de servicios de atención de emergencia para salvar vidas mucho
menores.
Es difícil de exagerar la devastación que esto
causaría. Si la enfermedad se propaga en centros urbanos densamente poblados en
Estados frágiles, puede ser prácticamente imposible de controlar. La dramática
desaceleración económica que ya está en curso podría dificultar los flujos
comerciales y crear un grado de desempleo que causaría daños a niveles
difíciles de pronosticar y contemplar. Una recesión podría tener un costo
particularmente alto en Estados frágiles que presentan un mayor potencial de
disturbios y conflictos.
Todos los gobiernos enfrentan decisiones difíciles
sobre cómo manejar el virus. Países desde el área Schengen hasta Sudán ya han
impuesto restricciones fronterizas. Muchos han establecido prohibiciones
parciales o generales a reuniones públicas, o insisten en que los ciudadanos se
refugien en sus hogares. Estas son medidas necesarias, pero también costosas,
sobre todo teniendo en cuenta las proyecciones de que la pandemia podría continuar
durante más de un año hasta que una vacuna esté disponible. El impacto
económico de restringir el movimiento durante meses puede ser devastador.
Levantar las restricciones prematuramente podría
generar nuevos picos de infección y obligar a retomar las medidas de
aislamiento, lo que agravaría aún más el impacto económico y político de la
enfermedad y requeriría mayores inyecciones de liquidez y estímulo fiscal por
parte de los gobiernos de todo el mundo.
Estos son problemas universales, es una organización
enfocada en la alerta temprana y la prevención de conflictos, nos preocupan
especialmente los lugares donde el desafío global a la salud coincide con
guerras o condiciones políticas (tales como instituciones débiles, tensiones
sociales, falta de confianza en los líderes y rivalidades interestatales) que
podrían dar lugar a nuevas crisis o exacerbar las existentes. También esperamos
identificar casos en los que la enfermedad podría, con una diplomacia efectiva,
ayudar a reducir tensiones. Este informe breve, el primero de una serie de
publicaciones de Crisis Group sobre el COVID-19 y sus efectos en el panorama de
conflictos, se basa en los aportes de nuestros analistas en todo el mundo e
identifica siete tendencias a tener presentes durante la pandemia.
Es probable que las poblaciones de países afectados
por conflictos, ya sea aquellos en guerra o que sufren sus secuelas, sean
especialmente vulnerables a los brotes de la enfermedad. En muchos casos, la
guerra o disturbios prolongados, especialmente cuando se ven agravados por la
mala gestión, corrupción o sanciones extranjeras, han dejado a los sistemas
nacionales de salud profundamente mal preparados para enfrentar el COVID-19.
En Libia, por ejemplo, el gobierno respaldado por la
ONU en Trípoli ha prometido invertir aproximadamente $350 millones para
responder a la enfermedad, pero no está claro con qué fin: el sistema de salud
colapsó debido a la salida de médicos extranjeros durante la guerra.
En Venezuela, como Crisis Group advirtió en 2016 que
sucedería, el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición ha acabado con
los servicios de salud. El COVID-19 puede abrumar a los hospitales que quedan
en el país muy rápidamente. En Irán, la
respuesta letárgica del gobierno, agravada por el impacto de las sanciones de
los EE. UU., ha resultado en una calamidad: según informes, cada hora el virus
infecta a casi 50 personas y cobra entre cinco y seis vidas.
En Gaza, donde
el sistema de atención médica debilitado por años de bloqueo estaba mal
equipado para atender a la población de alta densidad mucho antes del COVID-19,
el Ministerio de Salud está luchando por reunir expertos y obtener suministros
necesarios para cuando la enfermedad llegue. Parece ser una misión imposible:
los proveedores médicos que prestan servicios en la región le dijeron a Crisis
Group que se habían quedado sin suministros clave incluso antes de que el
Ministerio anunciara dos casos de COVID el 21 de marzo.
Además de estos problemas institucionales, puede ser
difícil persuadir a poblaciones que tienen poca confianza en el gobierno o en
líderes políticos para que acaten las directivas de salud pública. Al analizar
el brote de ébola de 2014 en Guinea, Liberia y Sierra Leona, Crisis Group
señaló que “el virus se propagó inicialmente sin control no solo por la
precariedad del monitoreo epidemiológico y la inadecuada capacidad y respuesta
del sistema de salud, sino también porque las personas desconfiaban de lo que
sus gobiernos decían o les pedían que hicieran”.
La desconfianza surgía en parte de la desinformación y
los malos consejos sobre el contagio por parte de los gobiernos involucrados,
pero también de las recurrentes tensiones políticas en una región marcada por
la guerra en la década anterior.
En casos donde hay conflicto activo, los médicos y
actores humanitarios nacionales e internacionales pueden ya tener dificultades
para ayudar a las personas necesitadas. En el 2019, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y ONG internacionales tuvieron dificultades para contener un
brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC), a pesar
del apoyo de las fuerzas de paz de la ONU, ya que las violentas milicias
locales bloquearon el acceso a algunas áreas afectadas. En ocasiones, incluso,
los combatientes atacaron a los médicos y a las instalaciones hospitalarias.
Las áreas de conflicto activo con mayor riesgo
inmediato de brotes de COVID-19 pueden ser el noroeste de Siria, alrededor del
enclave asediado de Idlib, y Yemen. Ambos países ya han experimentado crisis de
salud durante sus guerras civiles, con episodios de violencia impidiendo la
respuesta internacional a un brote de poliomielitis en Siria en 2013-2014, y
uno de cólera en Yemen a partir del 2016. Funcionarios de la ONU han advertido
sobre el riesgo de que el COVID-19 infecte a la población de Idlib, donde una
ofensiva de las fuerzas gubernamentales respaldada por Rusia ha atacado
sistemáticamente hospitales y otras instalaciones médicas, y ha resultado en el
desplazamiento de más de un millón de personas en los últimos seis meses.
Muchas personas que huyen de los enfrentamientos
duermen en los campos o debajo de los árboles, y prácticas básicas de higiene y
distanciamiento social resultan imposibles debido a la falta de agua o jabón, y
a los espacios reducidos. La entrega de kits de pruebas esenciales se ha
retrasado por semanas. Los trabajadores humanitarios temen que un brote de la
enfermedad en desborde las instalaciones médicas de la provincia y haga
imposible atender a las víctimas de la guerra.
En Yemen, la guerra que empezó en 2015 ha diezmado lo
que era ya un sistema de salud muy débil. Más de 24 millones de personas
actualmente requieren asistencia humanitaria.
Después de que las autoridades de facto en la ciudad
capital de Sanaa y el gobierno internacionalmente reconocido en Adén
prohibieran los vuelos internacionales para evitar la propagación del virus,
los equipos de ayuda internacional redujeron su presencia al personal esencial.
Un brote de COVID-19 podría abrumar rápidamente los esfuerzos de ayuda y hacer que
una de las catástrofes humanitarias más graves del mundo sea aún peor.
Diego Olivera Evia
diegojolivera@gmail.com
@BarometroPrensa
España
https://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2021/03/latinoamerica-esta-inmersa-en-su-peor.html
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