A pesar de la rápida respuesta, la gravedad y magnitud de los hechos nos coloca en un peligroso y complicado escenario, que, dada la polarización, indudablemente será elaborado y manejado de forma diferente por cada una de las dos fuerzas políticas. No se enfrenta un mero delito que se limita a un procedimiento penal. Debe ser entendido y tratado como un fenómeno multifactorial de carácter social, político, económico, ético, cultural e institucional. Además de las medidas tomadas, el Gobierno está obligado a meter la lupa más allá de la denuncia y expulsión. No necesariamente se trata de incidentes esporádicos, o delitos individuales de funcionarios apoyados y confiados en su impunidad. Es necesario plantearse la posibilidad de una práctica administrativa, sólidamente enquistada y, en el más grave de los casos, legitimada que podría conducirnos a una mayor tolerancia a la corrupción. Es por tanto obligatorio anteponerse a las prácticas corruptas, confrontarlas, denunciarlas y luchar contra una posible y peligrosa “normalización” del fenómeno. De allí que elevemos la interrogante ¿Por qué se dejó llegar hasta allí?
Imperante enfocarnos, trabajar, profundizar o reconstruir una ética en el espacio público. Para ello es necesario rescatar la confianza y legitimidad con valores y argumentos que promuevan, validen la aceptación y la obediencia sustentadas en la construcción de una ética pública y en el ejercicio del poder. Obligatorio el reposicionamiento y rescate de la confianza en el servidor público; el principio de rendición de cuentas y, por supuesto, la vigilancia ciudadana. Insistimos que amerita una estrategia múltiple de carácter social, moral y penal
La magnitud de los hechos y sus consecuencias nos colocan el terreno de una posible crisis de confianza y legitimidad. Crisis que, dado lo ocurrido y la situación política interna, puede ser tanto de carácter espontaneo como deliberadamente impulsada. El terreno está abonado.
Maryclen Stelling
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Venezuela
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