La explicación para esta aseveración es simple, la inversión extranjera directa puede venir al país si existe tutela judicial efectiva, estabilidad monetaria, respeto por la propiedad privada, seguridad personal, un gobierno transparente, servicios de telecomunicaciones aceptables, red vial adecuada, agua, electricidad, salud, educación… pero nada de eso existe hoy en el país. Por tanto, decididos a raspar la olla, las autoridades de facto deciden ofrecer a los capitales trasnacionales más oscuros y voraces un único atractivo: mano de obra barata (tan barata que por los exiguos salarios equivale a la esclavitud moderna), ninguna libertad sindical y total indiferencia a normas que impidan la explotación indiscriminada del medio ambiente.
Es tan perniciosa esa ley que, sorprendentemente, la rechazan hasta los diputados del Partido Comunista de Venezuela. En criterio de Oscar Figuera, Secretario General de los comunistas, esta normativa “significa una nueva amenaza para la soberanía nacional por cuanto crea las condiciones para establecer áreas bajo control del gran capital transnacional a través de regímenes especiales, tanto en lo concerniente a las excepciones e impuestos al capital como en lo que respecta a establecer flexibilización y desregularización de las relaciones laborales en perjuicio de las y los trabajadores”. Tal parece que los comunistas muy tardíamente se dan cuenta del peligro de respaldar a la autocracia.
Quienes nos oponemos a la actual administración desde 1998, y al militarismo desde 1992, creemos que este proyecto busca dar legalidad a la entrega del país a intereses foráneos. Los socialistas antiimperialistas se sienten cómodos en el rol de capataces de sus amos en Rusia, China y Turquía y, por tanto, acomodan bien los nudos legales con los que aspiran a ahorcar cualquier huelga obrera. Toda la ciudadanía debe pronunciarse sobre los riesgos de un instrumento legal que permitirá vender, por zonas y a precio de gallina flaca, pedazos del país.
Como nota de cierre vale la pena resaltar que, aunque no hay ninguna sorpresa en ello, los partidos judicializados votaron a favor de esa ley. Para mi, como adeco, es vergonzoso, asqueante, que los supuestos adecos a los que el TSJ entregó las sedes, siglas y tarjeta de AD manchen la imagen del partido del pueblo votando junto con sus socios del PSUV. ¿Quieren una prueba más fehaciente de complicidad? Vean los votos a favor de vender al país.
Julio Castellanos
jcclozada@gmail.com
@rockypolitica
Venezuela
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