En las elecciones del 21 de noviembre el gobierno obtuvo la inmensa mayoría de las gobernaciones y dos tercios de las alcaldías. Visto desde los fríos números, el país quedó teñido de rojo, a pesar del notable aumento de la cantidad de gobiernos locales y consejos municipales obtenidos por la oposición. Sin embargo, colocando la lupa en otros campos, encontramos un país que, en el plano político, está dividido en dos sectores de dimensiones muy diferentes y con características disímiles.
Una de las fracciones es el oficialismo, reducido a menos de 25% de los votantes inscritos en el Registro Electoral Permanente. A este grupo lo compacta la lealtad con la memoria de Hugo Chávez y el apego aún al gobierno de Nicolás Maduro por razones que van desde quienes fueron extorsionados para que votaran a favor a los candidatos del PSUV y chantajeados con amenazas, hasta quienes de forma genuina siguen creyendo en el proyecto chavista.
El otro campo es más diverso. Está integrado por los abstencionistas crónicos –que jamás se han interesado por los comicios regionales–, los abstencionistas escépticos de la oposición y del chavismo –decepcionados e incluso hastiados del sistema político y la dirigencia–, los abstencionistas militantes –quienes dicen que «dictadura no sale con votos»–, los integrantes de la diáspora –que no pueden votar– y los simpatizantes de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, los partidarios de la Alianza Democrática y Fuerza Vecinal, y los allegados a los pequeños partidos y grupos nacionales y regionales, que no integran ninguno de los bloques mayoritarios en los que se agrupan los adversarios del régimen.
La consecuencia inmediata de la fragmentación de ese amplio segmento que no forma parte de la capa oficialista, es que el PSUV controlará de nuevo los gobiernos regionales y locales, siendo apenas una reducida fracción del espectro político nacional
El gran reto de la dirigencia opositora –ya sea la que se constituya a partir de estos comicios o de la nueva que surja en los próximo meses– residirá en conectarse con esa inmensa franja de venezolanos que por distintas razones cuestionan al gobierno, pero rechazan a los políticos, no se plantean formar parte de ninguna organización y se han alejado de los centros de votación. Se han desmovilizado y dejado ganar por el desaliento y la sospecha.
El gobierno –tal como lo hizo en esta oportunidad– alimentará la desconfianza y la fragmentación entre quienes le adversan. Parte de los recursos de los cuales disponga estarán dirigidos a financiar grupos divisionistas, a comprar esquiroles o a chantajear. Esa es la receta de los regímenes autoritarios. La sabiduría de la dirigencia democrática consistirá en eludir las provocaciones a partir de una estrategia clara y coherente, que hunda en el campo electoral uno de sus pilares fundamentales.
El 21N significó para los partidos democráticos el retorno a la participación en elecciones, luego de varios años de abstencionismo contumaz. El duro informe de la Misión de Observación Europea (MOE) podría darles argumentos a los abstencionistas de oficio para cuestionar la estrategia electoral y la asistencia a las convocatorias por venir. ¡Cuidado!
La verdad es que la cita de noviembre dejó mucho que desear, como lo expresa el informe preliminar presentado por Isabel Santos. A pesar de que su capacidad sancionatoria es muy reducida, el CNE debió haber denunciado con énfasis las fallas señaladas por la MOE y anticiparse a ese informe, que sin duda tendría que incorporar fallas tan evidentes como las que allí se apuntan. Ahora bien, de esas páginas no se deriva que fue un error asistir a la convocatoria. Todo lo contrario. Allí aparece un reconocimiento al organismo comicial que va mucho más allá de las fórmulas diplomáticas. Lo que se deriva del informe es que la sociedad democrática tiene que elevar la presión para que el órgano rector actúe en las venideras elecciones más apegado a los protocolos internacionales.
Después de las votaciones regionales los vínculos de la oposición con la comunidad internacional, especialmente con la Unión Europea, podrán fortalecerse. En este punto aparece una clara diferencia con Estados Unidos. La administración de Joe Biden –a través de su secretario de Estado, Antony Blinken– descalificó la cita del 21N. Esto podría ser parte de una estrategia diplomática, incluso acordada con la UE, dirigida a mantener presión sobre el régimen de Maduro, de modo que el mandatario venezolano no piense que por haber mejorado un poco el desempeño institucional, toda la comunidad internacional está reconociendo su legitimidad y está reconciliándose con él. Nada de eso. El objetivo final consiste en que Maduro convoque elecciones presidenciales libres, justas, competitivas y transparentes en el menor lapso posible. Cuando se logre esa meta, entonces el cuadro cambiará.
Por ahora, el episodio del noviembre es un paso importante en esa dirección. Los ciudadanos transmitieron muchos mensajes. Uno de los cuales es que quieren votar. La abstención, si se depuran del REP los electores que se encuentran en el exterior, se mantuvo en el nivel histórico para elecciones de este tipo: 45%. El proyecto chavista gestionado por Maduro solo encanta a un minúsculo sector. Los venezolanos quieren cambios pacíficos y lo mejor es que se logren a través de consultas comiciales.
Trino Márquez
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
Venezuela
