Supongamos, y esto es
hipotético, que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no constituye
parte de un poder autónomo e independiente como manda la Constitución Nacional,
es decir, que sus miembros, los juristas elegidos para llevar esta alta
magistratura, no poseen criterio propio, no porque carezcan de él, sino que lo
tienen empeñado a un partido político y a la figura del presidente de la
República, con lo que sus acciones y labor legislativa, responden a unos
intereses privados en el caso del PSUV, y supuestamente obediente a quien funge
como primer mandatario, con lo que resulta, por simple asociación de ideas, el
TSJ no es independiente.
No quisiera detenerme
en los porqué un magistrado pliega su autonomía a quienes lo nominan y
finalmente los nombran al cargo, puede ser lealtad, miedo, agradecimiento,
concurrencia ideológica, dinero, poder o quizás una combinación de todas estas,
lo que sí quiero resaltar es que si un abogado venezolano en ejercicio acepta
un cargo de esa naturaleza y sabe, que no puede cumplir con su requerimiento
fundamental, que es independencia de criterio, entonces sabe que comete un
fraude.
Los magistrados del
TSJ se encuentran a un mismo nivel de poder político que el ejecutivo y la
Asamblea Nacional, sólo responden al soberano, que es el pueblo, a su
conciencia y sus actuaciones deberían ceñirse a la justicia y la equidad dentro
de las normas de la Constitución Nacional.
Si se pliegan a algún
otro poder, persona, institución, idea o circunstancia dejan de ser autónomos e
independientes, y sus decisiones y demás actuaciones de ley, corresponderán no
al interés nacional, sino a los intereses particulares de un hombre, facción,
ideología o nación extranjera pero no al interés de Venezuela.
Aquí pudiera abrir un
paréntesis para decir, que es posible que el magistrado, que tiene sus
lealtades condicionadas a otros intereses que no sea el interés del país,
pudiera haber confundido los fines de un partido político con los fines de la
república, o la figura de un hombre carismático o líder político con la
voluntad soberana del pueblo, o peor aún, la necesidad imperiosa de implantar
una ideología, digamos, el socialismo, como forma de organización política y
social y comprometa sus actuaciones para el avance de este objetivo.
Esta posibilidad ni
siquiera la voy a considerar pues tratándose de juristas de reconocida
competencia, que gozan de buena reputación, de haber ejercido la abogacía por
lo menos 15 años, tener post-grado en materia jurídica, haber sido profesor por
un mínimo de 15 años, haber sido juez superior con 15 años en la carrera
judicial y de reconocido prestigio profesional, estamos hablando de un
científico del derecho no de cualquier manganzón, que pudiera ser nariceado por
el primer oportunista, vendedor de elíxires que se encuentre a su paso.
Pero supongamos, para
beneficio de mi argumento, que debido a simpatías, coincidencias de ideas y
simple agradecimiento humano, el 99% de las decisiones del Tribunal Supremo de
Justicia salgan a favor del gobierno de turno, coincidiendo fundamentalmente
con su manera de ver el mundo, de manejar el país y de confrontar el
ordenamiento jurídico…
Un momento, ¿Qué
dije?, ¿Confrontar el ordenamiento jurídico? ¿Puede un Tribunal Supremo de
Justicia en una sociedad civilizada ir en contra del ordenamiento jurídico
establecido?
La respuesta es un
rotundo NO, si lo hiciere perdería su rango de Tribunal, su estatura de Supremo
y su denominación de Justicia, por ser una contradicción en términos, si un organismo
de esta naturaleza actuara en contra del ordenamiento legal, se descalifica él
mismo y perdería su majestad, anularía de hecho y de derecho su mandato.
Ahora, en un país
como Venezuela, en estos momentos, cuando el país se encuentra en una precaria
condición social y económica producida por las actuaciones de un gobierno como
el de Maduro, cuando estamos en puertas de enormes conflictos sociales debido a
la escases de elementos básicos de vida como es la alimentación y la salud,
como es la seguridad y los servicios básicos como el acceso al agua potable, a
la energía eléctrica y aún a la gasolina.
Se trata de una
situación de anomia resultante de querer implantar un sistema económico
inviable, que ha probado una y otra vez que no sirve, que sólo trae miseria y
violencia.
Que la sociedad, en
un último intento por preservar la paz y la institucionalidad ante la enorme
ineptitud del gobierno ha decidido, en una elecciones libres, por medio del voto universal, secreto y
democrático decidió darse una nueva Asamblea Nacional, que es el otro poder
político, el legislativo, el del control sobre la gestión del gobierno, y que
esa voluntad popular y mayoritaria haya expresado su rechazo a la manera como
se ha llevado el gobierno en nuestro país y quiere una salida pacífica,
democrática e institucional a su
problema.
Cuando el partido de
gobierno, el PSUV se encuentra herido de muerte, desprestigiado, solo y
actuando de manera tan errática y peligrosa para la estabilidad del país.
Cuando el poder ejecutivo,
el otro poder político, en manos de un hombre que ha probado no ser un
político, menos un demócrata y que en su ira por la derrota electoral sufrida,
por la pérdida de la Asamblea Nacional a su interés y voluntad, no puede ni
sabe asimilar que el pueblo lo ha señalado como culpable de la situación
nacional, un hombre solo en el poder, sin amigos, sin partidarios, sin pueblo,
dando manotazos de ahogado, acusando a sus cómplices de traidores.
Ese presidente,
cuenta con un único aliado, un sospechoso del crimen de narcotráfico, buscado
por las autoridades internacionales, quien resulta ser el presidente de la
extinta Asamblea Nacional, quien fue uno de los culpables de la inmensa derrota
electoral que sufrió el PSUV y probablemente, en el caso hipotético que estoy
planteando, el que manejaba los hilos del poder en el TSJ, se encuentra, en los
últimos estertores del régimen, tratando de salvar su propio pellejo violando
la ley, principalmente la Constitución Nacional, haciendo nombramientos
espurios, modificando las leyes a voluntad.
¿No debería el
Tribunal Suprema de Justicia hacer algún tipo de pronunciamiento dadas las
extraordinarias circunstancias que vive el país? Aunque sea tomando partido por el poder
ejecutivo y el PSUV, o como debería ser, llamando al botón a los excesos en que
están incurriendo los derrotados, llamando a la violencia, al desconocimiento
de la ley.
Si lo magistrados le
debían algo a quienes los nombraron al cargo y los mantuvieron en él, ya
pagaron la deuda moral que supuestamente tenían, dándoles las cientos de
sentencias que los favorecieron, ahora las circunstancias son otras, ahora es
el país entero el que espera del TSJ un pronunciamiento sobre lo que va a
suceder ¿Se van a hundir con el presidente, el PSUV y la extinta Asamblea
Nacional? O van a tomar partido por un país que necesita ahora más que nunca la
participación de sus hombres y mujeres de buena voluntad para evitar la
destrucción del país, no es retórica, la nación se encuentra al borde de un
precipicio.
El pueblo ya decidió,
la nueva Asamblea Nacional se prepara para asumir sus responsabilidades, los
militares se replegaron y están a la espera de las decisiones ¿Qué hará el TSJ?
En este sentido voy a
reproducir el texto contenido en la Exposición de Motivos que expresó el Poder
Constituyente con motivo de la publicación de la nueva Constitución y fue
publicado en la Gaceta Oficial No. Extraordinario 5453, dice así en el Capítulo
III, Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia: “El Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia consagrado por
la Constitución, al implicar fundamentalmente, división de los poderes del
Estado, imperio de la Constitución y las leyes como expresión de la soberanía
popular, sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto
del ordenamiento jurídico, y garantía procesal efectiva de los derechos humanos
y las libertades públicas, requiere la existencia de unos órganos que,
institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan la potestad
constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que
expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al
cumplimiento de la Constitución y las leyes, controlarla legalidad de la
actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.”
La respuesta pudiera
no ser un rompe cabezas si se atuviera a la letra constitucional, el silencio
no es opción, el TSJ no es un invitado de piedra en este drama, mientras el
país está a punto de caerse en pedazos, como poder independiente, está obligado
a declarar su posición, el país se lo reclama.
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Saul Godoy Gomez
saulgodoy@gmail.com
@godoy_saul
Miranda - Venezuela
