El primer sobresalto se produjo durante el mes de abril, cuando el coronel Hugo Trejo, para ese momento miembro del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas del país, hace público su descontento con el desempeño de la Junta de Gobierno. Trejo era bastante conocido en el país por su participación destacada en el derrocamiento de MPJ., razón por la que gozaba de mucha ascendencia en la corriente militar enfrentada al poderoso sector seguidor del dictador derrocado, cuyo representante más conspicuo era en ese momento nada menos que el Ministro de la Defensa, coronel Jesús María Castro León. La preocupación e interés de Trejo se orientaba a fortalecer el recién iniciado proceso de democratización del país. Y su consigna principal era: “Democratización de las Fuerzas Armadas y su integración al pueblo Venezolano”. El conflicto entre ambas corrientes se hizo de conocimiento público ese mes de abril, pero el resto de los miembros de la Junta terciaron a favor del ministro, por lo que Trejo se vio obligado salir del país hacia Costa Rica, con el cargo de embajador. La solución se negoció entre los mismos miembros de la corporación militar, por lo que Hugo Trejo no sufrió ningún castigo por su fracasado intento de soliviantar los ánimos de sus compañeros.
El segundo sobresalto se produjo, poco tiempo después, durante la visita a Venezuela del Vicepresidente de los estados Unidos de Norteamérica, Richard Nixon, el 13 de mayo de ese año 1958. Ese día una aglomeración de personas, la mayoría estudiantes, descontentos con el gobierno norteamericano por el apoyo que este había brindado a la dictadura recién derrocada, protestó la presencia del alto funcionario en tierras venezolanas, procediendo a colocar obstáculos en la vía por donde debía marchar el vehículo donde se trasladaba hacia Caracas el importante visitante. Al detenerse el vehículo, la muchedumbre lo rodea, destrozan sus vidrios, intentan voltearlo y golpean a los pasajeros. Fueron varios minutos en esa peligrosa situación hasta que el conductor pudo evadir los obstáculos y continuar su viaje. Desde territorio norteamericano se ordenó la movilización hacia Venezuela de cuatro compañías de paracaidistas y un piquete de la infantería de marina con la misión de rescatar al vicepresidente y su comitiva. Pero no fue necesario que desembarcara en costas venezolanas esa fuerza militar, pues el impasse no pasó de ser un gran susto y el asunto se resolvió diplomáticamente.
Algunos días después del incidente con Nixon, renunciaron los dos miembros civiles de la Junta. Mendoza y Blas Lamberti se molestaron con los otros tres integrantes del cuerpo ejecutivo por no haber sido tomados en cuenta en la solución del impasse con el vicepresidente norteamericano. Fueron sustituidos por Arturo Sosa, abogado, economista y empresario, y Edgar Sanabria, también empresario, además de abogado y pedagogo. Este incidente no se produjo sin que hubiese por esos días sospechosas reuniones y movimientos militares.
Son momentos difíciles para los miembros de la Junta. La inquietud dentro de la corporación militar sigue latente y en las calles del país la efervescencia popular se manifiesta a cada rato, la mayor parte de las veces en solicitud de empleo. Existe un malestar entre los trabajadores por el desempleo provocado por la paralización de buena parte de las obras civiles que se estaban construyendo en el país durante la dictadura. La dirigencia de los partidos políticos constantemente está agitando a sus partidarios y calentando la calle. Tanta agitación era una situación poco común en Venezuela y a los militares, acostumbrados a imponer su orden, irritaba esto, que consideraban expresión de pusilanimidad por parte del gobierno juntista. Sus voceros advertían del peligro comunista que se filtraba sobre nuestro país y acusaban al gobierno de ser demasiado connivente con las protestas y los agitadores. Temían los militares que políticos vinculados a Acción Democrática y al Partido Comunista de Venezuela llegaran a tomar el gobierno nacional si se les brindaba la oportunidad más adelante. Era éste un riesgo demasiado grande para la corporación. Y ellos no se quedarían de brazos cruzados si intuían que esa posibilidad podía concretarse.
El día pautado para ejecutar el nuevo alzamiento militar fue el 23 de julio. Esta vez fue el propio Ministro de la Defensa en ejercicio, Jesús María Castro León, el encargado de encabezar la rebelión. Los conspiradores lo escogieron como cabeza del movimiento por el enorme prestigio que tenía él en la institución militar. Era Castro León un hombre de armas tomar, disposición demostrada tanto en 1931,
cuando junto a otros jóvenes aviadores participó en un intento por derrocar al gobierno de Juan Vicente Gómez, y el 23 de enero de 1958, cuando también fue protagonista de los acontecimientos que condujeron al derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez.
Lo que venía fraguándose desde varias semanas se concretó finalmente. La excusa utilizada por los alzados fue el peligro comunista que significaban para Venezuela las actividades políticas de Acción Democrática y del PCV. Contó el levantamiento con apoyo extranjero proveniente del gobierno de República Dominicana, a cuya cabeza estaba el dictador de ese país Rafael Leónidas Trujillo. También estuvieron comprometidos varios oficiales perezjimenistas radicados en islas caribeñas. El objetivo de los alzados era instaurar otro gobierno de militares en el Palacio de Miraflores. Su jefe, Castro León, junto a un grupo importante de oficiales, entre los cuales destacaba el coronel Jesús María Pérez Morales, Jefe del Estado Mayor General, se pertrechó en La Planicie, desde donde exigió a La Junta la firma de un pliego de peticiones, entre las que destacaban, en primer lugar, imposición de censura de prensa y, en segundo lugar, reparto equitativo de los cargos públicos entre los civiles y los militares.
Al regarse en Caracas la noticia de la intentona la gente se lanzó a la calle a respaldar al gobierno. Ninguna guarnición del país se adhirió a la insurrección. A Castro León no le quedó otra alternativa que renunciar al Ministerio, desistir de sus demandas y aceptar el cargo de embajador de Venezuela en el Reino Unido. Sus compañeros en la insurrección salieron también del país esos días de finales de julio. Entre estos estaban: el teniente Evencio Carrillo, los mayores José Hely Mendoza Méndez, Oswaldo Graciano Farinas, Edgar Duhamel Espinoza, Manuel Azuaje Ortega, Edgar Trujillo Echeverría, y José Isabel Gutiérrez; además de los tenientes coroneles Juan Merchán López, Clemente Sánchez Valderrama, Martín Parada y Juan de Dios Moncada Vidal. De nuevo el asunto fue resuelto puertas adentro de la corporación militar, sin sanciones, sin penas, sin aplicación de la ley para ninguno de los comprometidos. Tanta impunidad no dejaba de ser un aliciente para los potenciales insurrectos, muy numerosos dentro de la corporación.
Algunos meses después, el 7 de septiembre, ocurrió otro levantamiento armado, el más sangriento de todos, esta vez de la Policía Militar, custodios de la Casona, junto a efectivos del Batallón Motoblindado número uno. Los jefes de la asonada fueron los comandantes Juan de Dios Moncada Vidal y José Hely Mendoza Méndez. Ambos militares, afectos al perezjimenismo, habían entrado clandestinamente al país días antes, después de permanecer varias semanas en islas del Mar Caribe, adonde habían sido expulsados por su participación en la anterior intentona golpista de Castro León. Lo que se proponían los militares alzados era derrocar la Junta presidida por Larrazabal e instaurar un gobierno en el cual tuvieran papel preponderante, militares identificados con la corriente perezjimenista. El alzamiento se planificó en República Dominicana, donde se encontraba refugiado el dictador venezolano MPJ. De allí que, entre los compromisos adquiridos por los golpistas, en caso de triunfar, estaba: primero, sacar de la cárcel a los esbirros de la anterior dictadura, entre los cuales mencionamos Miguel Silvio Sanz, Ochoa Maldonado y el Mocho Delgado, y, segundo, permitir el regreso a Venezuela tanto de Pérez Jiménez como de Pedro Estrada, Vallenilla Lanz y LLovera Páez, a los cuales se les entregaría el mando del país. Era éste a todas luces un alzamiento restaurador dictatorial.
Ahora bien, los miembros de la junta de gobierno, después de haber sufrido varias intentonas de la militarada insurrecta habían aprendido a defenderse y a enfrentarlas. Ahora se hacía inteligencia preventiva y se monitoreaba a militares y civiles desafectos con el gobierno. Por estar así precavido fue que Larrazábal se enteró con días de antelación de los preparativos golpistas. Procedió entonces a reunirse en el Palacio Blanco con los comprometidos, buscando evitarle al país y a su gobierno las desagradables consecuencias que normalmente generan estos actos de fuerza. Dice Larrazábal: “Como estaban descubiertos, no opusieron la menor objeción cuando les participó que los enviaría temporalmente a España o a santo Domingo, prometiéndoles, de paso, que ninguno sería acusado o denunciado y que su hoja de servicios quedaría sin ninguna tacha (…) Y los convenció. O al menos eso pensó, pues todos aceptaron la proposición que les hizo” (Omar Pérez. 2008; p. 95). Sin embargo, los golpistas actuaron.
Identificados y vigilados los cabecillas, además de monitoreados sus pasos previos al alzamiento, el gobierno movió sus piezas y montó el escenario apropiado a sus intereses. De allí que la visita realizada a la ciudad de Cumaná por Larrazábal esos días no fuera casual. Los alzados vieron en ese viaje la ocasión propicia para tener éxito en el alzamiento, sin saber que era una celada montada por el gobierno para confundirlos y entramparlos. Y se lanzaron al ruedo los conspiradores. Por supuesto, fracasaron, no sin antes provocar varias decenas de muertos.
Los golpistas ametrallaron, desde el edificio del Cuartel de Policía, a muchos venezolanos lanzados a las calles en defensa del gobierno. La gente indignada rodeó el edificio dispuesta tomarlo y linchar a los que disparaban. Finalmente, a través de negociaciones se logró evacuar el edificio para evitar cualquier linchamiento. Pero no se pudo evitar la destrucción de buena parte de sus instalaciones.
A las seis de la tarde de ese domingo 7 de septiembre la intentona estaba totalmente controlada. El día cerró con una gran concentración popular en la Plaza O´Leary, Urbanización El Silencio, convocada por los partidos políticos AD, COPEY, URD y el PCV en contra del golpismo y en defensa de la democracia. Tomaron la palabra para dirigirse a la muchedumbre: por los partidos políticos, Gustavo Machado, Rafael Caldera, Fabricio Ojeda; por los estudiantes, Héctor Pérez Marcano, Juan de la Cruz Fuentes y Rafael Rodríguez; y por los trabajadores, Gustavo Lares Ruíz, Presidente del Comité Sindical Unificado. Eran éstas, las fuerzas democráticas que en medio de ese tremedal de acontecimientos adversos se abrían paso y le iban ganando terreno, poco a poco, a las tenebrosas fuerzas del militarismo y del golpismo.
Mucho ayudó a fortalecer a los factores democráticos de entonces el desempeño del gobierno de Larrazábal y demás miembros de la Junta. Aunque fácil no les resultó. Pues, tuvieron que sobrevivir a cuatro intentonas golpistas, entre febrero y septiembre, ejecutadas por efectivos de la cofradía militar; una rebelión cada dos meses. Un promedio indicativo de que la mayoría de los integrantes de esa institución eran golpistas acérrimos, pertinaces desestabilizadores, dispuestos siempre a conspirar y a derrocar cualquier gobierno cuyo desempeño generara en ellos la sospecha de que estaba en peligro su control sobre el poder político nacional.
Más de medio siglo continuo de dictaduras militares, en el siglo XX, además de setenta años de caudillismo autocráticos, en el siglo XIX, generaron ese torcimiento de la práctica política en la realidad venezolana, una torcedura de la institución militar mostrada reiteradamente, según vimos aquí, en el breve tiempo de gobierno presidido por Wolfgang Larrazábal, un atípico militar venezolano, un militar de convicciones humanísticas y democráticas que, enfrentándose a la poderosa corriente conspiradora, sorteando las peligrosas dificultades expuestas en estas líneas, condujo al país a la modernidad política, a los tiempos donde los venezolanos adquirieron por fin la condición de ciudadanos de una república, eligieron soberanamente a sus gobernantes y empezaron a disfrutar múltiples derechos políticos, económicos y sociales, como nunca antes lo habían disfrutado. Y no habían disfrutado tales derechos porque los militares venezolanos lo impidieron. Prefirieron estos usar sus mortales armas para imponer arbitrarias y criminales dictaduras presididas por compinches suyos.
Sigfrido Lanz Delgado
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Venezuela
