Las declaraciones del Fiscal Nieves en
relación con los procesos en contra de Leopoldo López y otros presos políticos
confirman que en Venezuela se violan los derechos humanos en forma sistemática
y que enfrentamos una grave crisis en proceso constante de agudización que
afecta a la sociedad entera.
En los últimos tiempos el régimen ha impuesto
la mentira y la manipulación, alrededor
de una perversa centralización del poder y del sometimiento de todos los
poderes e instituciones al Ejecutivo. Estamos ante un régimen que persigue y
castiga, un régimen que recurre a la “justicia” para castigar al opositor, para
lo cual se ha armado de una herramienta poderosa: Un Poder Judicial con
absoluta falta de autonomía e imparcialidad, un Defensor del Pueblo que ignora
sus obligaciones y lejos de proteger los derechos de los ciudadanos actúa en su
contra y, unas fuerzas del orden público y unas Fuerzas Armadas ideologizadas
que responden sólo a los intereses de un grupo político, la herramienta
material de la persecución y el acoso.
Hoy resulta imposible conocer la verdad de
todo lo que pasa y ha pasado estos últimos años en el país, más en materia de
derechos humanos, violados en forma sistemática y en contra de todos los que de
alguna manera se oponen a las arbitrariedades del régimen. Durante estos años,
según las confesiones del Fiscal Nieves y de otros magistrados y personajes que
se pronunciaron antes, se ha enjuiciado sin fundamento jurídico, en procesos
manipulados y aberrantes, a ciudadanos que simplemente han ejercido su derecho
a disentir y a protestar pacíficamente, a pensar diferente y expresarse en
contra de las arbitrariedades de un régimen que definitivamente abandonó el
espacio democrático.
Estamos en medio de una conflictividad
política y social creciente, una realidad que ignoran deliberada e
irresponsablemente quienes detentan el poder hoy, desde distintas posiciones.
Hay una crisis que se agudiza y ante la cual debe prevalecer la sensatez y la
inteligencia de la dirigencia política. El anuncio de Maduro de gobernar
después del 6D, sin la Asamblea Nacional, con el pueblo y los militares, según
sus propias declaraciones, nos indica el
peligroso camino que ha decidido tomar el régimen, dejando de la lado la
Constitución Nacional y en consecuencia, el Estado de Derecho.
La experiencia vivida en otros países muestra
que tras las crisis y ello por lo general más temprano que tarde, cuando las
sociedades se sienten agotadas y acorraladas por la violencia de Estado y por
la ausencia de instituciones confiables, vienen tiempos de cambio lo que supone
la aplicación de mecanismo judiciales y extrajudiciales que aseguren a las
víctimas y a la sociedad en general su dignidad, una justa reparación por los
daños causados, el procesamiento y castigo de los autores de las violaciones de
los derechos humanos durante esos períodos.
Pero ante todo, se requerirá establecer la
verdad de los ocurrido, las razones por las cuales llegamos a esta situación, a
las circunstancias en que se han cometido todos esos crímenes. Debemos
preservar la memoria fuera de revanchas y venganzas. Las sociedades deben saber
lo que pasó y por qué pasó. Hay un derecho humano colectivo en vías de
consolidación, el derecho a la verdad, que genera a su vez la obligación a
cargo del Estado, de investigar y de procesar y castigar a los autores de las
violaciones de los derechos humanos y de la realización de crímenes
internacionales.
Hay que erradicar la impunidad, lo que
responde a un compromiso asumido por todos los Estados cuando suscribieron el
Estatuto de Roma, en 1998. El olvido, el perdón, la amnistía, las leyes de
obediencia civil o de punto final o cualquier otro mecanismo adoptado en
perjuicio de la aplicación de la justicia, adoptadas en otros países tras las
violaciones masivas de los derechos
humanos, no caben en un proceso de justicia transicional. Ésta se presenta, en
su conjunto, como una herramienta válida para enfrentar situaciones de esta
naturaleza, un proceso, por cierto, muy
distinto a la simple “transición” que algunos plantean para solucionar la
crisis en el corto plazo.
Superar la crisis y asegurarse de que las
violaciones no se repetirán supone acuerdos y consensos mínimos para hacer
efectiva y duradera la reconciliación nacional. Ello implica, ante todo, para
asegurar a la sociedad que se transita hacia un verdadero cambio, además de
aplicar la justicia en debida forma, la reforma de las instituciones, en
particular, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y del orden público; y, de
la legislación penal para que se incorporen los crímenes y delitos contra los
derechos humanos que permitan procesar y castigar a los responsables de los
crímenes cometidos durante este período, en base al principio de la legalidad
que exige el orden jurídico penal.
Victor
Rodriguez Cedeño
vitoco98@hotmail.com
@VITOCO98
Venezuela
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