El régimen de Maduro
y la dirigencia chavista recurren a falsos argumentos para justificar su
rechazo al Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional presentado por
los diputados de la democracia y aprobada en primera discusión por la Asamblea
Nacional.
Los parlamentarios
pesuvistas y los animadores tarifados de los canales del Estado tratan de
confundir a la opinión pública sobre el significado y el alcance de los
términos básicos relacionados con el tema: impunidad, crímenes internacionales y violación de los derechos
humanos, responsabilidad internacional del Estado y penal del individuo y la
justicia transicional que supone a lo que tanto temen, la reconciliación
nacional.
Los chavistas afirman
que la Ley favorece la impunidad. Nada más falso y perverso. La Ley de Amnistía
no busca perdonar o exonerar la responsabilidad penal por los delitos de
derechos humanos y de los crímenes internacionales que han cometido los
esbirros del régimen, lo que violaría el Derecho Internacional. Por el
contrario, se trata de hacer justicia y de favorecer a los centenares de
víctimas de los abusos y atropellos del régimen durante todos estos años que
siendo presos políticos, como Leopoldo López, Ledezma, Ceballos y tantos otros,
es decir, presos por razones puramente políticas, han sido procesados
injustamente y castigados sin fundamento jurídico alguno. Distintamente, sería
contrario a la lucha contra la impunidad, buscar, a través de una Ley de
Amnistía, la exoneración de la responsabilidad penal de los autores de los
crímenes (asesinatos, torturas y tratos inhumanos y degradantes, abusos
sexuales, entre otros) cometidos desde 1999 por funcionarios del Estado, miembros de los cuerpos de seguridad, de las
policías y de las Fuerzas Armadas e incluso de los grupos paramilitares
organizados, financiados, entrenados y protegidos por el mismo régimen.
Por el contrario,
todos esos delitos y crímenes serán investigados y sus autores procesados y
castigados por los tribunales nacionales, si están dispuestos hacerlo en su
oportunidad o por los tribunales penales internacionales, por la vía de la
complementariedad, para justamente combatir la impunidad, la que con la mayor
hipocresía dicen ahora querer erradicar.
La lucha contra la
impunidad es una obligación del Estado según el Derecho Internacional
consuetudinario, recogido en el Estatuto de Roma de 1998. Si no se puede o no
se quiere juzgar a los autores de violaciones derechos humanos o de crímenes
internacionales, se activará la jurisdicción de otro Estado o la internacional,
un tribunal como la Corte Penal Internacional, lo cual se traduce en un
principio fundamental del Derecho Internacional Penal: aut dedere aut iudicare,
es decir, o lo juzgas o lo entregas.
Tratan además los
irresponsables y manipuladores del régimen vincular la protesta pacífica, por
lo demás un derecho legítimo de todos, con la violación de los derechos
humanos, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra , para
justificar eventuales acciones de
inconstitucionalidad de la Ley que aprobará la Asamblea en su
oportunidad. Nada más absurdo y canalla. Los delitos de violación de los
derechos humanos sólo pueden ser cometidos por los funcionarios o personas que
actúen en nombre del Estado; los
crímenes de guerra, por su parte, solamente se pueden cometer en un conflicto
armado y los de lesa humanidad, con elementos contextuales muy precisos, se
refieren en particular a políticas sistemáticas y generalizadas del Estado, en
contra de una parte de la población. Mucho menos podríamos hablar de terrorismo
o de otros crímenes o delitos en base a los cuales se han detenido y procesado
injustamente a cientos de venezolanos, presos unos en las cárceles y tumbas del
régimen, otros en sus casas, muchos en el exilio, todos sometidos a tratos
inhumanos y degradantes, por razones simple y puramente políticas.
Mientras los
diputados de la democracia anuncian consultas a la sociedad civil y a
especialistas para dar forma y el mejor contenido al Proyecto de instrumento
que finalmente se habrá de aprobar, el oficialismo lo rechaza, en claro reflejo
de los deseos del régimen de Maduro de confrontar en grado extremo a la gran
mayoría de los venezolanos que apuesta a la reconciliación y a la libertad para
superar la enorme crisis a la que nos ha llevado el grupito de irresponsables y
fariseos que ayer celebraba, en el vergonzoso templo sin santo, junto a unos
pocos gobernantes de la región que aún profesan la religión del difunto
golpista y en ausencia de uno de los promotores del desastre regional, Lula da
Silva.
Victor Rodriguez
Cedeño
vitoco98@hotmail.com
@vitoco98
internacionalista
Caracas - Venezuela
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