Termina
el primer trimestre del año con la terrible sensación de que el gobierno gana
tiempo para burlar el mandato de cambio que dimos el 6 de diciembre y quedarse
“como sea” en el poder.
La Asamblea Nacional luce entrampada con un Tribunal
Supremo de Justicia que invalida sus decisiones. Lo peor que puede pasarnos es
que las esperanzas puestas en nuestros diputados para activar una salida
constitucional se convierta en desengaño.
Están
muy equivocados quienes piensan en estirar la arruga hasta diciembre, cuando se
realicen elecciones de gobernadores y diputados regionales, porque para esa
fecha las aspiraciones cívicas de la población estarán centradas exclusivamente
en el hecho de poder comer cada día, y las colas, que han degenerado en hábito,
no se harán precisamente para votar por opositores que incumplieron la promesa
de cambiar el nefasto gobierno de Maduro, sino para buscar alimento, porque el
pueblo ha sido condenado a luchar ferozmente para sobrevivir y ese será su
foco.
Cada
día que pase sin que la oposición representada en la MUD active la salida, como
lo prometió hacer en seis meses –le quedan tres–, lamentablemente perderá
credibilidad y surgirá la desconfianza en un nuevo proceso electoral.
La
grave crisis que atraviesa el país es un tema de preocupación internacional;
hasta el papa Francisco hizo un llamado el Domingo de Pascua a todos los
sectores en Venezuela para buscar el diálogo, y pidió que “se promueva en todo
lugar la cultura del encuentro, la justicia y el respeto recíproco, lo único
que puede asegurar el bienestar espiritual y material de los ciudadanos”.
Sin embargo, surgen otras voces con propuestas
alejadas de los valores morales y éticos que pregona el pontífice; la crisis
económica que nos ha dejado desabastecidos de alimentos y medicinas, así como
la crisis en los servicios públicos, se generó gracias a una gran red de
corrupción en todos los ámbitos. Los ciudadanos claman por el enjuiciamiento de
los responsables que arruinaron la nación a costa de milmillonarios negocios.
No se puede perdonar a los corruptos.
Al
menos, la justicia norteamericana viene trabajando en la megacorrupción
detectada en Pdvsa, donde se esfumó la bicoca de unos 300.000 millones de
dólares, según denuncias hechas por los ex ministros disidentes Héctor Navarro
y Jorge Giordani.
No
se puede menos que ser suspicaz cuando aparece una señora como Jennifer McCoy,
de ingrata recordación, que a través del Centro Carter intervino como mediadora
en nuestros asuntos políticos-electorales, validando siempre al CNE en los
procesos pasados, y para esta oportunidad propone una amnistía para la
corrupción.
En
entrevista realizada el pasado domingo en el semanario La Razón, la señora
McCoy lanza su tesis valedora para funcionarios corruptos cuando afirma:
“También se podría pensar en una amnistía, por cierto tiempo, para la
corrupción. En algunos países se ha visto una amnistía de impuestos para
aquellos que no han pagado, el gobierno da un año de amnistía y después hay que
pagar, podría pensarse para la corrupción.
Es
algo como la justicia transicional cuando se habla del fin de un conflicto, se
demanda responsabilidades por violación a los derechos humanos. Podrían pensar
en algo así para la corrupción. Justicia transicional: una parte amnistía y
otra parte en la que se hagan recaudaciones de los fondos robados”.
Por
allí apuntan los tiros. Cuando el gobierno y la oposición se sienten a negociar
la salida, surgirá la amnistía para los grandes corruptos acompañada de un
saludo a la bandera –a lo mejor– de devolver unas minucias del enorme botín. Y
entonces, por fin, habrá amnistía para los presos políticos.
Marianella
Salazar
marianellasalazar@cantv.net
@aliasmalula
El
Nacional
Caracas
- Venezuela
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