Julián (nombre ficticio) mira sonriente a su mamá
reunida con el grupo de vecinos que en su barrio aplauden, cacerolean,
conversan, ríen. No entiende bien qué pasa pero animoso, se acerca a lo que
parece una fiesta. Se suma al jolgorio por un rato. Más tarde, ya en su humilde
casa, ve unos encapuchados que tumban la puerta y grita cuando se lo llevan
esposado. Lo maltratan, lo golpean, lo alejan de su familia y lo dejan preso.
No entiende por qué. Julián tiene 14 años y nació con síndrome de Down.
Carlos, de 12 años, enfermo de cáncer y Santiago, de
14, epiléptico, sufren también el mismo trato que Julián. Ellos forman parte de
los más de 900 ciudadanos (hasta el momento de escribir estas líneas) detenidos
arbitrariamente desde el 21 de enero por las fuerzas represivas del estado, por
el solo hecho de estar cerca de una manifestación o por expresar pacíficamente
su repudio al actual estado de cosas y dar la bienvenida a la esperanza por un
futuro mejor.
Perder el afecto del pueblo ha provocado en el régimen
una reacción brutal, sobre todo en las barriadas populares, que ya contabiliza
no menos de 25 muertos (según otras fuentes, supera los 40), además de los
detenidos ya mencionados. No hay distinción entre niños y adultos; no solo
Julián, Carlos y Santiago están presos, hay unos 80 niños más, con edades
comprendidas entre 12 y 15 años, contraviniendo todas las normas nacionales e
internacionales que los protegen.
“No puede haber una revelación más intensa del alma de
una sociedad que la forma en que se trata a sus niños”, decía Nelson Mandela,
víctima -él también en grado sumo- de la arbitrariedad de un estado
omnipotente.
Las fuerzas especiales del régimen, cual bestia
herida, están actuando como grupos de exterminio contra todo el que ose
expresar su disconformidad por el actual estado de cosas. No habiendo ya clase
media a la que atropellar, la furia se vuelca ahora contra los menos
favorecidos, al extremo de que muchas de las víctimas han sido asesinadas en
sus hogares en presencia de sus familias y por disparos en el tórax, la cabeza
o el cuello. José Félix Ribas en Petare, San Martín, Catia, El Valle y Cotiza,
por nombrar solo unos pocos barrios de los más populosos de la capital, son
testigos y víctimas de la violencia convertida en política de estado.
La protesta social que durante los últimos años ha
sido una constante en el escenario nacional por reivindicaciones salariales,
por falta de alimentos, medicamentos, luz, agua, gas, es decir, reclamos por
necesidades básicas, se ha mezclado por fin con la lucha política. Era
inevitable.
Ya el gobierno perdió su magia. La inmensa masa de
dinero ingresada en años de vacas gordas fue dilapidada, ya no existe, ya no
hay qué repartir ni regalar. La moneda se ha convertido en polvo cósmico, en
una hiperinflación alimentada entre los barrotes de ideologías caducas. Decía
Maquiavelo que “los hombres olvidan más pronto la muerte del padre que la
pérdida del patrimonio”. Al despojarlo de todo, al llevarlo a una brutal
miseria, el pueblo –cansado- les quitó
el amor.
“Amor con hambre no dura”, nos recuerda la conseja
popular. Ya es demasiada el hambre que se sufre, excesivas las lágrimas
vertidas por el dolor de las muertes innecesarias o las separaciones familiares
en busca de mejores destinos. Cansados de caminar en búsqueda del medicamento
que daría un día más de vida al ser amado o el alimento que podría sacar al
bebé de la desnutrición que lo maltrata, los venezolanos nos hemos volcado una
vez más a la calle para reclamar nuestros derechos y expresar las aspiraciones
sobre nuestro destino.
“Quienes nos movilizamos masivamente en 60 ciudades y
pueblos de Venezuela, al igual que en 230 ciudades del mundo el pasado 23 de
enero, lo hicimos por la firme convicción de que el actual gobierno nos
empobrece, viola nuestros derechos, nos obliga a irnos del país. Cuando
queremos expresarnos ignora nuestra voz, nos encarcela y nos asesina […] por la
policía y grupos paramilitares. Por diferentes maneras nos impide, a quienes
somos simples ciudadanos, elegir cuál debería ser nuestro destino”. Así lo
recoge el documento promovido por Provea, suscrito por 235 organizaciones e
instituciones de la sociedad civil.
Eso solo será posible apoyando las acciones de la
Asamblea Nacional legítima y su presidente Juan Guaidó como presidente interino
de la república, en ánimo de “recuperar el Estado de Derecho que restituya la
institucionalidad, como única vía para lograr la verdadera paz, mediante el
imperio de la libertad y la justicia”, a tenor de lo reclamado por las
Academias Nacionales.
Ya lo dijo César Miguel Rondón en editorial radial que
provocó la censura del régimen: “No hay posturas cómodas en tiempos de crisis”.
Gioconda Cunto De San Blas,
@daVinci1412
No hay comentarios:
Publicar un comentario