Unos cuantos “opositores” ruidosos la crucificaron sin esperar siquiera su llegada al país. Visitar Venezuela por invitación del usurpador, reunirse con los personeros del gobierno, cargar esa filiación socialista, eran motivos suficientes para condenar a Michelle Bachelet de antemano, vaticinando que su informe apuntalaría al régimen.
No les importó que su agenda también incluía reuniones con víctimas y familiares de víctimas; que sus dos gobiernos como presidenta de Chile habían sido moderados y cuidadosos de los derechos humanos; que como funcionaria de la ONU (un organismo que no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente (e) de Venezuela), su papel debía centrarse en escuchar a todas las partes para que su informe pudiese tener calidad probatoria.
Tampoco le dieron importancia al informe verbal que dos meses antes ella había presentado, con base en la evaluación in situ emitida por el grupo de expertos de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), lo cual permitía pronosticar un informe similar luego de su visita, si acaso, más abundante en detalles.
Mientras tanto, los personeros del régimen pensaban lo opuesto. Invitar a la camarada, la “pana” Michelle Bachelet, con la pretensión de que su visita sirviera para avalar la gestión de gobierno (¿podemos llamar así a esta destrucción inmisericorde del país?), era una jugada con la que el régimen pensaba limpiarse la cara como gobierno probo, presentar ante el mundo esa imagen impoluta que requiere para cambiar la percepción internacional negativa de la dictadura. En el colmo de la felicidad, los rostros irradiaban prematuras sonrisas de satisfacción.
Pues bien, las alegrías de estos se convirtieron en amargas decepciones, resumidas en 70 objeciones al informe, al que pretenden descalificar por “omitir en su totalidad los logros y avances alcanzados por Venezuela en materia de derechos humanos” ¡nada menos! En tanto, las iras de los prejuiciados criticones de oficio se han disuelto en un muro de silencio, porque salvo honrosas excepciones, no han tenido la gallardía de reconocer su error de juicio.
Así las cosas, el informe de la ACNUDH, signado por Michelle Bachelet y dado a conocer el pasado 4 de julio de 2019, es un apretado compendio de 83 párrafos, cada uno de ellos digno de análisis individual por la cantidad de cifras que dan cuerpo y sustancia a las denuncias. Por allí desfilan las violaciones a los derechos económicos y sociales, alimentación, salud; violaciones de los derechos civiles y políticos, la hegemonía comunicacional, la erosión del estado de derecho, el desmantelamiento de las instituciones democráticas, de todo lo cual somos testigos y víctimas los habitantes de este sufrido país.
Ni qué decir de la triste imagen en que quedan el Fiscal General (el poeta), el Defensor del Pueblo (¿alguien sabe quién es?) y el sistema de justicia, como instituciones responsables de la protección de los derechos humanos. Al primero se le acusa de participar de una retórica pública de estigmatización de la oposición, violando el principio de presunción de inocencia. En cuanto al segundo, se le reclama su silencio ante la reiterada violación de los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado.
La criminalización de la oposición es un tema recurrente en el informe, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, al punto de que entre las múltiples recomendaciones finales se solicita la disolución de las FAES (a quienes las víctimas llaman y así lo expone el informe, “escuadrón de la muerte” y “grupo de exterminio”) y la creación de un mecanismo con apoyo de la comunidad internacional para investigar las ejecuciones extrajudiciales que tan solo en los primeros 6 meses de 2019 suman 2.124 muertes (7.523 en 2018).
Declaraciones ulteriores de Bachelet confirman su comprensión de nuestros problemas: “Este informe no trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sean los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”. “Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor”. Gracias, Dra. Bachelet.
TUITEANDO
Bachelet a propósito del asesinato del capitán Acosta Arévalo: “Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad”.
Rufo Chacón: adolescente de 16 años, a quien dejó ciego la barbarie de los organismos de seguridad del Estado. Una vergüenza que merece todo el repudio.
Gioconda San-Blas
gsanblas@gmail.com
@davinci1412
No hay comentarios:
Publicar un comentario