El término exclusión social, surgió en los años 70 en Francia y se profundizó a partir de 1989 cuando el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales de la entonces Comunidad Europea adoptó una resolución, con la finalidad de combatir la “exclusión social” y de promover la integración y una “Europa solidaria”.
La inclusión social, por su parte, tiene varios sentidos y enfoques tal como: el acceso a niveles mínimos de bienestar y protección de acuerdo con el grado de desarrollo de la sociedad (CEPAL); la capacidad real de las personas de desarrollarse en la esfera civil, política y ciudadana (Hopenhayn), e igualmente como un proceso que favorece el desarrollo de las capacidades necesarias para que los individuos ejerzan las libertades y elijan sus estilos de vida (Sen).
Exclusión social, como vocablo, adolece de un significado único a pesar de ser usualmente utilizado en el ambiente académico, político e institucional, y suele ser confundido con otros fenómenos sociales como la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad social, entre otros; al punto de que para algunas corrientes de pensamiento es un proceso y no una condición que cambia según el tiempo y lugar, al tiempo de sostener que las carencias materiales son un resultado esperable de la exclusión, con especial significación en materia de educación, salud y empleo. De igual modo, otros autores la definen como el proceso mediante el cual a ciertos individuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitirían una subsistencia autónoma dentro de los niveles sociales; siendo que los excluidos se encuentran al margen de los procesos vinculados con la ciudadanía social, es decir, con aquellos derechos y deberes del ciudadano que tienen que ver con el bienestar de la persona (trabajo, salud, educación, formación, vivienda, calidad de vida……). En fin, la exclusión social subraya la importancia de las políticas públicas y del papel del Estado en la instrumentación de acciones que doten a los excluidos de las capacidades y empoderamiento necesarios para poder participar del desarrollo; siendo un papel estatal que puede complementarse con la participación privada y de la sociedad civil.
A tenor de lo expresado, vale formular la siguiente interrogante: ¿Las vandálicas protestas de calle que se están desarrollando en varios países de Latinoamérica, responden a una aspiración por impulsar la inclusión social? Veamos:
El vandalismo, hace referencia a la actitud o inclinación a cometer acciones destructivas contra la propiedad pública sin consideración alguna hacia los demás, en alusión a los vándalos que eran integrantes de un pueblo bárbaro de origen germánico oriental que quedó signado por la historia como símbolo del salvajismo y de la falta de civilidad; y en razón de ello hoy se utiliza para hacer mención de aquellas personas que cometen acciones propias de la gente salvaje, mediante manifestaciones de calle cargadas, a su entender, de demandas diversificadas relativas a los derechos de los ciudadanos a la salud, la educación, el transporte, la seguridad, entre otros, hasta convertirse en una conducta destructiva con marcada hostilidad injustificada que no respeta la propiedad ajena y se manifiesta a través de la ¡violencia! asumiendo un individualismo anárquico bajo la figura de un terrorismo urbano que toma las calles para destrozar lo que encuentra a su paso con la finalidad de impulsar el odio, haciendo hincapié en una supuesta lucha contra los preceptos políticos y económicos asociados con el modelo neoliberal, muy especialmente en cuanto a la disminución de la participación del Estado en materia económica (reducir el tamaño del Estado), a través del recorte del gasto público y la privatización; toda una visión sesgada que en el fondo implica un rechazo al sistema capitalista y a las relaciones entre el Estado y el mercado Es de acotar, que entre los lugares susceptibles a ser vandalizados se encuentran: transporte público, señales de tráfico, parques, áreas recreativas, mobiliario urbano, vallas publicitarias, patrimonio histórico, sitios religiosos, etc.
Es de manifiesta obviedad, que la izquierda radical está pretendiendo subvertir (trastornar algo o hacer que deje de tener el orden característico) la institucionalidad y fracturar la democracia en pro de una “igualdad social” (otra hipocresía izquierdista) haciendo uso del caos bajo el supuesto ejercicio del “derecho a la protesta social” al tiempo de despreciar el orden constitucional y legal a la luz de instaurar un modelo político, social y económico que ha fracasado en cada una de las experiencias mundiales, con la intención subyacente de alcanzar el poder para intentar quedarse ¡por siempre!
Reflexión final: La existencia de un eje trasversal entre la izquierda radical y las vandálicas protestas de calle no admite duda en contrario, al extremo de pretender aprovechándose de manifiestas debilidades de la democracia constituir, inferimos, un Estado Fallido Latinoamericano a la sombra de un “socialismo bolivariano” sustentado en una economía negra (sumergida) de estructura regional, apuntalada con recursos (negros) provenientes de actividades ilegales vinculadas con el tráfico de drogas y armas, lavado de dinero, minería ilegal y un largo etcétera que circularán entre los países mediante transacciones monetarias no declaradas. Tal escenario, es de suponer que Venezuela aspira “liderar” complementando su condición de “financista original”; más aún cuando en el informe “El estado global de la democracia 2019” elaborado por el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA) que mide desde el año 1975 el comportamiento de 158 países, ¡Venezuela fue considerado un régimen no democrático!
Jesús Alexis González
@jesusalexis_gon
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