El concepto de “democracia”, no sólo cimienta libertades y derechos, así como garantías, principios y valores de tolerancia, respeto, solidaridad, justicia y verdad. Asimismo, el ejercicio de ciudadanía es igualmente fundamental para el aseguramiento y ordenamiento de un sistema político que descanse en la “democracia”. Sin embargo el funcionamiento de tan fundamental doctrina política, no podría concebirse sin el auxilio de las bondades de la tecnología. No sólo por el hecho que demandan las nuevas realidades las cuales se hallan supeditadas a los aportes que a la democracia le confieren las aplicaciones tecnológicas en cuanto a la necesidad de afianzar el progreso de la civilización en todas sus manifestaciones. Tanto que hay quienes manifiestan que “democracia y tecnología, son caras de la misma moneda”.
Pero referir el progreso de la civilización de cara a las implicaciones de la democracia, compromete el concepto de “desarrollo”. Particularmente, por todo lo que trata el significado de “desarrollo económico y social”. Por eso, es propio dar cuenta de las acepciones del término “democracia” que relacionan su praxis con las razones que sustentan el “desarrollo económico y social”. Entendido éste como espacio de acordada concordancia entre recursos, necesidades y objetivos.
Asociar democracia a los procesos sobre los cuales decanta la tecnología, vista como asidero de la calidad de vida, pero también comprendida ésta entre los propósitos que se traza todo gobierno democrático, ineludiblemente pasa por reconocer a la tecnología como el instrumento cuya utilidad arroja las condiciones necesarias para alcanzar un aceptado ejercicio de gobernabilidad y gobernanza. Más, si se tiene en cuenta la visión social de la tecnología sumado al apoyo cuando deviene en aportación al ejercicio político percibido desde su contribución a la flexibilización de procesos burocráticos.
Reconocer desde esta perspectiva a la tecnología, tiene varias lecturas. Aunque cualquiera, reflejaría su carácter servicial toda vez que de ello puede inferirse cuánto debe predominar el servicio a la sociedad sobre intereses coyunturales. Intereses estos que se suscitan de infundadas rivalidades a consecuencia de la equivocada concepción que, muchas veces, por razones de incultura o ignorancia de funcionarios, se depara de la inmediatez de la cual se vale la elaboración y toma de decisiones de política gubernamental.
Es casi imposible dejar de validar la importancia de la tecnología ante la funcionalidad de la democracia luego de reconocer la utilidad que tiene para favorecer procesos que comprometen la ordenación del territorio, la interconexión y coordinación entre niveles de gobierno, la simplificación de trámites administrativos, la prestación de un servicio público eficaz y eficiente, la transparencia de la función de gobierno, el ordenamiento y motivación de la participación ciudadana en actividades gubernamentales. Así como otras tantas razones que incitan una mayor confianza hacia las instituciones públicas.
Es ahí donde las tecnologías de la información y la comunicación, adquieren el valor e importancia que su incidencia representa. Son, sin duda alguna, herramientas de preeminente condición para la gerencia política y de gobierno. Todo lo que pueden traducir acciones o ejecutorias de “gobierno abierto”, “gobierno electrónico” o de “consulta digital”, son respuestas derivadas de la aplicación de tecnologías de comunicación e información.
Sin embargo, surge de esto la correspondencia entre “administración pública y ciudadanía”, la cual retrata otra panorámica. Y esta consideración, aún cuando deriva de la relación “Democracia y Tecnología”, revisa la realidad bajo otra connotación. Connotación que destaca factores que perfilan con claridad al individuo desde los siguientes enfoques: 1. Motivación. 2. Cultura política. 3. Nivel de Participación. 4. Capacidad o formación profesional, y 5. Voluntad política.
Estas condiciones, definen el modo, disposición y dedicación que el individuo, habida cuenta que se muestra interesado en integrarse como actor político a algún proceso de gobierno, dado el sentido de ciudadanía que puede asumir, se desempeñaría a conciencia con la tarea que mejor calce con sus habilidades. Pero sin que por ello se sienta necesariamente obligado a fungir como militante o simpatizante del partido político que le brinda sustento al gobierno mismo.
Esta situación no siempre ha sido analizada desde este ángulo de estudio. Por tal razón, cuando se considera la vinculación entre “administración y ciudadanía” se omiten consideraciones que en su movilidad, atascan cualquier función que comprometa eficiencia y eficacia de los momentos sobre los que descansa la gestión gubernamental. Por tanto se traban proyectos, estrategias y objetivos lo cual lleva a que poco se comprenda, y en toda su significación e implicación, la relación “Democracia y Tecnología”.
Antonio José Monagas
antoniomonagas@gmail.com
@ajmonagas
No hay comentarios:
Publicar un comentario