La estrategia chavista avanza. Cada pieza del tablero de ajedrez cuenta. Esta vez los movimientos apuntan a darle jaque mate a la autonomía universitaria.
Las 8 casas de estudios superiores públicas del país están en la mira. Después de 8 años con los procesos electorales suspendidos por orden del Tribunal Supremo de Justicia bajo la sentencia número 134, en diciembre pasado les dieron chance hasta el próximo 28 de febrero para renovar sus autoridades por la vía del voto. Acatar la orden o no en cada recinto universitario es el dilema. Este capítulo es el reflejo del entrampamiento en el que está inmerso el país entre legalismos y pragmatismo político.
Solo hay dos opciones: o se participa en la elección pese a la ilegitimidad del convocante para resguardar de las garras chavistas los cargos de rectores, vicerrectores académicos, vicerrectores administrativos y secretarías, o se decide desacatar la decisión del TSJ con el riesgo inminente de que todas las autoridades universitarias sean designadas a dedo por el gobierno de Maduro a través del Consejo Nacional de Universidades, encabezado por el ministro de Educación Superior.
La autonomía universitaria establecida explícitamente en el artículo 109 de la Constitución Nacional está muy comprometida. El chavismo quiere penetrar las universidades como sea y la del Zulia es un claro ejemplo de ello. Violando las atribuciones que la Ley de Universidades le confiere al Consejo Universitario integrado por 23 puestos con voz y voto en igualdad de condiciones, el CNU designó el pasado 10 de diciembre como vicerrector administrativo a Clotilde Navarro, a la vez que destituyó a quien ha venido desempeñando el cargo durante los últimos 2 años, María Artigas. Esta fue designada en su momento por el Consejo Universitario siguiendo lo que señala la Ley de Universidades, en sustitución de Jesús Salom, quien a su vez cubría la vacante absoluta por la muerte de la vicerrectora administrativa electa, María Guadalupe Núñez.
Y es que por ley en el claustro universitario la cosa funciona así: las autoridades son electas por la propia comunidad universitaria constituida por profesores y alumnos. Cada sector elige a quienes los representarán en lo que se denomina cogobierno. En caso de vacante absoluta por muerte o renuncia del rector, alguno de los vicerrectores o del secretario (a), es competencia directa del Consejo Universitario designar a su sustituto y convocar a elecciones en los 30 días siguientes, cosa que se ha hecho imposible por orden expresa del TSJ desde el año 2011. Solo en caso de vacante absoluta de 3 autoridades universitarias, el Consejo Nacional de Universidades, es decir, el gobierno, tendría la potestad de designar nuevas autoridades, pero no es el caso de ninguna universidad pública del país.
Ayer lunes 20 de enero se retomaron las actividades en LUZ y con ellas las acciones decisivas del chavismo para adueñarse de esta máxima casa de estudios. El vicerrector administrativo designado a dedo por el ministro llegó para tomar posesión de su cargo. La pugna con el Consejo Universitario está en pleno apogeo por cuanto las autoridades ratificaron en Consejo Extraordinario a María Artigas en dicho cargo. Lo más probable es que el caso sea judicializado.
Mientras tanto, nuestra alma máter muere de mengua con una matrícula de apenas 10.000 estudiantes, lo que representa una deserción de 80%; una plantilla de 4.255 profesores activos y jubilados, es decir, 58% menos; sueldos de titulares que no llegan, en el mejor de los casos, a los 900.000 bolívares al mes, y un seguro médico y funerario inexistentes. Pese a estas fuertes tempestades ¿logrará el chavismo acabar con el libre pensamiento universitario? Lo dudo. Nuestra universidad siempre nos ha enseñado que después de las nubes, el sol.
Gladys Socorro
Blog: gsocorro.wordpress.com
@gladyssocorro
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