“La señora Bachelet estaba en Caracas cuando a él lo mataron ¿por qué no lo impidió?”. Eso comentó desolada Walewska Pérez, viuda del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, en una sentida entrevista concedida a Milagros Socorro, a propósito del primer aniversario del vil asesinato de su esposo (29/06/2019) en un centro de tortura de un organismo de seguridad del estado, torturas que continuaron aun después de muerto, al negársele la posibilidad de unas exequias dignas, acordes con los deseos de la familia.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), visitó Venezuela entre el 19 y el 21 de junio de 2019, dejando el país el día en que el Capitán Acosta era secuestrado por las fuerzas de seguridad del estado. De manera que mal podía pronunciarse sobre hechos que aún no ocurrían. Fue el 1º de julio cuando se produjo su testimonio, escrito en la habitual tesitura diplomática: “Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte. Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad… Se deben adoptar urgentes medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”.
Un llamado tardío para el Capitán Acosta y letra muerta para otros, como se evidencia de la lectura del nuevo informe, un año más tarde a los acontecimientos ya reseñados, que hace pocos días emitió la ACNUDH sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Para que dieran cuenta de ellos, la ACNUDH entregó a la Dirección de Protección de los Derechos Humanos del Ministerio Público una lista de 28 presuntas ejecuciones perpetradas en el marco de las operaciones de seguridad realizadas entre mayo de 2016 y noviembre de 2019. El régimen se limitó a expresar que la estrategia de “cuadrantes de paz” (¿alguien los recuerda?), implementados desde 2013, condujo a una disminución en la tasa de homicidios.
El gobierno se empeña en hacer creer que sus cárceles son poco menos que campamentos de verano, con “servicio de tres comidas diarias” y “reducidas condiciones de violencia carcelaria”, salvo algunas “dificultades en materia de alimentación y agua potable, entre otros, ¡debidas al impacto de las sanciones! (exclamaciones mías)”. Empero, la ACNUDH riposta que los problemas de acceso a los alimentos, la salud, el agua y el saneamiento, más las detenciones arbitrarias (110 de ellas, documentadas), denuncias de torturas y malos tratos, desapariciones forzadas, retrasos judiciales indebidos y violaciones de las garantías procesales derivan todas ellas en condiciones inaceptables de detención en la DGCIM, al no cumplir con las normas ni los criterios internacionales en materia de derechos humanos, de absoluto cumplimiento aún en estados de emergencia o en cuestiones de seguridad nacional.
La ACNUDH considera que la mayor parte de las recomendaciones de su anterior informe al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/41/18) siguen vigentes. Y a modo complementario añade 16 recomendaciones para orientar al gobierno sobre la adopción de medidas concretas para abordar los múltiples problemas de derechos humanos identificados en el informe recién publicado. Una larga lista de buenos deseos que ojalá puedan cumplirse y que termina con un caramelo para endulzarle al régimen su lectura: “Plantearse la revisión, suspensión o el levantamiento de las sanciones sectoriales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela que obstaculizan los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a los efectos combinados de la situación humanitaria y la pandemia de COVID-19 sobre la población”. Con esta aseveración, la ACNUDH libera al régimen de gran parte de la culpa y responsabilidad que éste tiene en los graves delitos denunciados en el informe, para trasladarlos a factores externos que nada han tenido que ver en la desinstitucionalización del estado venezolano a lo largo de más de veinte años de oprobio.
En su infinito dolor la viuda del Capitán Acosta decía en la entrevista antes citada: “A veces pienso que a nadie le importa lo que estamos padeciendo los venezolanos”. A veces, sí. Pero las más de las veces hay muchas voces adentro y más allá de nuestras fronteras luchando por evidenciar la verdadera naturaleza del régimen. Perseveremos hasta lograr ese cambio en democracia y libertad, que haga valer los derechos humanos para todos los habitantes de nuestra comarca. No estamos solos.
Gioconda Cunto de San Blas
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