Como se sabe, la transparencia es un requisito esencial en los procesos electorales, tanto para quienes participan en ellos partidos o ciudadanos, como para los votantes que piden respeto por su decisión en las urnas. Se trata entonces de una responsabilidad de los órganos que conducen las consultas electorales el preservar la transparencia mediante condiciones y acciones que transmitan confianza al electorado. Siendo Venezuela un país con una significativa y valiosa historia electoral, en los últimos años, producto de la polarización de odios y enfrentamientos que desgracia mente vivimos, la desconfianza o las dudas sobre la transparencia del voto ha cobrado fuerza en sectores, que mucha veces por temor a medir su verdadera fortaleza popular, convierten el no voto o la abstención en un curioso dogma político.
El tema viene a cuento por lo ocurrido recientemente con nuestro partido “Acción Ciudadana En Positivo” fundada hace dos años con una clara definición liberal y de apego a los valores democrático junto al compromiso de compenetrarnos con los problemas y exigencias de la Venezuela adentro, que por lo demás ha sido olvidada en sus luchas cotidianas por la nueva visión de partidos mediáticos y caza votos. Un intenso recorrido por las entrañas del país nos permitió ser quizás la primera organización en inscribir 700 aspirantes para la nueva asamblea nacional que se elige el 6 de diciembre con propuestas concretas para cada región y un plan para impulsar y mejorar leyes a tono con las exigencias actuales de la reconstrucción nacional.
Sorpresivamente horas antes al cierre del lapso de inscripciones desde el CNE fuimos informados que por decisión del tribunal supremo de justicia nuestra tarjeta había sido anulada y adjudicada a otro partido, sin conocimiento previo del ente electoral es decir: el TSJ asumía de hecho funciones del CNE y sin conocimiento de los afectados. En este caso se trataba de desconocer la vigencia de una organización que había cumplido con todas las exigencias legales y lo más grave: negar a centenares de venezolanos su derecho constitucional a ser elegidos.
Nuestra respuesta al atropello no es otro que ratificar nuevamente el compromiso de luchar, más allá de las siglas partidistas, por el pleno regreso a la convivencia democrática como una tarea esencial para superar la enorme tragedia que padecen los venezolanos. Para ello es indispensable deponer actitudes que ante el presente reto lucen mezquinas y contrarias al interés nacional. Por ello concebimos la tarea legislativa venidera como un escenario para facilitar el restablecimiento del equilibrio de poderes hoy roto con las consecuencias que ya se conocen y que incluso convocan la atención internacional, pero al mismo tiempo impiden las acciones para enfrentar las calamidades que afectan a la población en su conjunto. Lo que ocurre con la gasolina es solo un dato de lo que representa la polarización política. ¿Acaso no resulta alarmante que un sector de la oposición anuncie que podría garantizar el combustible de Citgo desde Estados Unidos, empresa de todos los venezolanos ahora bajo su control, solo con un cambio de gobierno?
En ACEP rechazamos lo ocurrido como un nuevo atropello que nos compromete aún más en nuestra lucha por la democracia, por la participación en la vía electoral como el único camino en busca de un acuerdo nacional inclusivo y basado en un proyecto de ciudadanía. Ello también nos convoca a reforzar nuestro acercamiento con los cientos de miles de compatriotas que a lo largo y ancho del país, en los lugares más apartados y olvidado de las dirigencias partidistas, escogieron democráticamente a representantes como candidatos en nuestras listas, ahora arbitraria e impunemente borradas por una instancia, cuya decisión no ayuda propiamente a la transparencia electoral.
Griselda Reyes, griseldareyes@gmail.com, @griseldareyesq, https://www.accionciudadanaenpositivo.org/
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