***En unas declaraciones xenofóbicas, el primer ministro de Trinidad, Dr. Keith Rowley ha intentado justificar su desprecio por los venezolanos que buscan refugio y asilo en la vecina isla.
Lo cierto es que desde la época de Erick Williams sus gobernantes de Trinidad y Tobago no han sido muy amigos de Venezuela, por lo que la conducta del Dr. Keith Rowley P M de T&T no es de extrañar. Por cierto, T&T pertenecieron a Venezuela igual que el Esequibo, ambos territorios que nos fueron despojados por el colonialismo inglés.
Luego del exterminio de los indios caribes (sus habitantes originales) la isla fue poblada por chinos, indios y esclavos negros extraídos de África como esclavos. El Dr. Rowley ha intentado desvincularse de sus responsabilidades con la deportación de 16 infantes venezolanos, acusando al gobierno de Trump y al Secretario General de la OEA de haberle declarado la guerra a T&T por no unirse a los esfuerzos para forzar “un cambio de régimen en Venezuela”. Esto deja sobre la mesa las dudas razonables para pensar que existe en verdad una entente con Caracas, en ese estrecho del delito que es el Golfo de Paria, al amparo de Puerto España, convertido en un “mar sin ley” donde convive el tráfico de drogas, gasolina y personas con la explotación furtiva de nuestros recursos pequeros.
El PM y su ministro de Seguridad Nacional Stuart Young, en un lenguaje soez, intentaron desviar la atención de sus responsabilidades al expulsar y poner en riesgo a un grupo de venezolanos en busca de refugio, como que si los trinitarios no hubieran venido a Venezuela a buscar medicinas y trabajo en los campos petroleros de oriente. El Dr. Rowley tiene una responsabilidad que linda con el Derecho Penal Internacional. Como PM se encuentra en la obligación de asistir a las personas que se encuentren en peligro y no lanzar a la mar a familias desamparadas a su buena suerte. La obligación de ayuda y asistencia es uno de los principios básicos y esenciales del Derecho Marítimo.
Así lo reconoce toda la legislación internacional (Artículo 98 de la Convención de las NN.UU. sobre el Derecho del Mar; la Regla 33 del Convenio SOLAS 1974 y el Convenio SAR 79).
Trinidad no solo viola las leyes del mar sino el acervo contenido en varios tratados, acuerdos y convenios, partiendo de la Declaración de los Derechos Humanos (1948), en cada uno de los siete considerandos de su preámbulo. En este contexto viola la Convención Americana de Derechos Humanos (1969). En referencia a los niños en su Artículo 19 establece: Todo niño en su condición de menor tiene derecho a las medidas de protección que requiera por parte del Estado.
La Convención de los Derechos del Niño (1989), la más ratificada. 196 países reconocen a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho; es decir reconoce a los niños como sujetos de derecho y convierte a las personas adultas en sujetos de responsabilidades. Finalmente, estas violaciones hacen del P M de T&T un candidato a la Corte Penal Internacional.
Según el Estatuto de Roma (1998), si la Sala de Cuestiones Previas determina que los actos cometidos por el PM de T&T han sido aplicados de forma generalizada o sistemática contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque, el P M Rowley es susceptible de ser imputado por “crímenes de Lesa Humanidad”. Actos que fueron reconocidos públicamente por el Dr. Rowley en una rueda de prensa sobre su decisión de deportar a los venezolanos que buscan refugio y asilo en la excolonia inglesa.
De conformidad con el Estatuto de Roma en sus literales d) La deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad y k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos son delitos de lesa humanidad. Todos y cada uno de ellos ordenados por el PM con conocimiento de causa.
La deportación y el traslado forzoso se han convertido en una rutina. Desde abril del 2018 cuando, aún sin haber aparecido la pandemia, se deportaron a 82 venezolanas. En esta oportunidad, ACNUR declaró que en el grupo se encontraban personas registradas como solicitantes de asilo y personas que habían declarado su intención de solicitar la condición de refugiadas. Las deportaciones colectivas están prohibidas por el derecho internacional, pues violan los principios de no penalización, no devolución y confidencialidad, así como los derechos al debido proceso y a la protección judicial. En agosto pasado expulsa a 165 personas más y la semana pasada a 16 menores, lo cual se convierte en una política de Estado.
No obstante la responsabilidad internacional de Trinidad y Tobago y su P.M. Igualmente, el régimen de Maduro ante el abuso de las autoridades de Trinidad y Tobago debe dar algunas respuestas a las siguientes diez preguntas:
1) ¿Dónde está la cancillería?;
2) ¿Qué hizo el consulado para dar asistencia legal?
3) ¿Dónde está la nota de protesta del MPPRE?;
4) ¿Por qué no hay información oficial del régimen?;
5) ¿Por qué la prensa señala a la exembajadora de Venezuela en T&T, Coromoto Godoy de dar inicio a la persecución en contra de los venezolano en la isla?;
6) ¿Denunciará el régimen al gobierno de T&T por la violación de los DDHH?;
7) ¿El régimen permanecerá callado ante las arbitrariedades de las autoridades trinitarias?;
8) ¿El régimen mirará hacia otro lado como en el caso del Esequibo?;
9) ¿Por qué el régimen no defiende ni su territorio ni a sus ciudadanos?
10) ¿Convocará el Licenciado Arreaza al embajador Paul Byan a la cancillería para pedir las explicaciones del caso?
Jose Gerson Revanales
grevanales@gmail.com
@grevanales
Venezuela
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