Valdría la pena dejar claro lo que la Unión Europea
representa y como actúa para entender la manera a través de la cual se expresa
su política exterior. Ello con la finalidad de no generar expectativas falsas
en la interpretación de los actos que atañen a sus instituciones y a los
representantes de las mismas. Y también con el propósito de orientar las
actuaciones futuras de la oposición al régimen tiránico madurista.
La política exterior común de la Unión es una de las
atribuciones confiadas al Consejo de Asuntos exteriores. Este Consejo presidido
por el español Josep Borrel como Alto Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, tiene asignada la función de velar por la
unidad, coherencia y eficacia de la acción exterior de la UE. Ella se basa en
directrices establecidas por el Consejo Europeo donde están representados, en
su más alto nivel, los gobiernos de los 27 estados miembros. Es decir, en los
casos en que existe una política compartida por todos los gobiernos miembros
corresponde al alto Representante, con funciones similares a las de un
Canciller, plasmarlas en sus declaraciones oficiales. Cuando las posiciones de
los gobiernos de los países miembros no son coincidentes en una materia
específica atinente a la diplomacia o a la política exterior o la de seguridad
– como evidentemente es el caso venezolano- es evidente que la posición común
se debilita, ya que opera allí la ley del común denominador, la del rasero más
bajo. La posición transmitida por su vocero debe, pues, transmitir solo los
acuerdos. Los desacuerdos se quedan para ser dirimidos entre ellos.
Esto nos lleva al hecho de que en efecto, no existe un
criterio gubernamental unánime frente al reconocimiento de la presidencia de
Juan Guaido, más sí lo existe frente a otros temas de muy trascendental
importancia. Hoy, por ejemplo, en la página oficial del Consejo de la Unión, al
referirse a las Conclusiones adoptadas por el mismo, dice que las elecciones
del 6 de diciembre fueron una “oportunidad fallida para la Democracia por haber
sido celebradas sin acuerdo nacional sobre sus condiciones electorales e
incumplieron con los estándares internacionales para procesos democráticos”…
Dice en otro aparte que “el Consejo establece que la única vía de salida para
la crisis en Venezuela es asumir de inmediato negociaciones políticas y
establecer con urgencia un dialogo encaminado a establecer un proceso de
transición que conduzca a elecciones presidenciales y parlamentarias creíbles,
inclusivas y transparentes.
Más claro no canta un gallo y esa resulta ser la
posición del conjunto los países miembros aunque no todos acepten a Juan Guaidó
como Presidente del país venezolano. Lo definitivo es que esta falta de
reconocimiento no plantea un problema de legitimidad a escala comunitaria.
Es bien cierto que este posicionamiento común que no
se da de la mano con nuestras exigencias de reconocimiento de la condición de
Presidente de Juan Guaidó dificulta el tratamiento y la resolución de un
importante número de asuntos, conflictos y temas que actualmente deben ser
manejados por sus representantes, pero tal declaración del Consejo representa
un paso de avance importantísimo en la consecución de apoyo internacional para
un avance hacia una situación negociada.
No puede decirse que la posición comunitaria es
ambigua y mucho menos plantear que existen incongruencias internas en su
relacionamiento con Venezuela con el argumento de que el Parlamento Europeo
responde a un posicionamiento en esencia diferente. Esta otra instancia de la
Unión reúne a los partidos políticos de los 27 países y por ello tiene sentido
que sus posiciones no sean totalmente coincidentes con las del Consejo donde
quienes sesionan son los gobiernos.
En fin, es preciso trabajar con el tipo de apoyo que
se ha logrado conseguir gracias a un trabajo titánico del equipo opositor. Y lo
logrado no es poca cosa.
beatrizdemajo@gmail.com
@beatrizdemajo1
España-Venezuela
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