Hay temas
que se adhieren a la gente, y muy especialmente a ciertos políticos y a sus
partidos, y que no los abandonan con facilidad, a pesar de que la realidad les
haya demostrado una y otra vez que es mejor olvidarlos o, por lo menos,
analizarlos mejor, con mayor objetividad, sin que los afectos y los odios
influyan en su apreciación. Una de estas obstinaciones es la derivada de creer
que el país no aguanta un día más con tal o cual gobernante, razón por la cual
hay que hacer todo lo posible e imposible por salir del mismo. Cualquier locura
es válida, pues la premisa así lo impone. Ocurrió con Chávez desde sus inicios.
El país sería destruido de inmediato si el Comandante eterno estaba un día más
en el poder. Y eso se decía en 2001, cuando se convocó la primera huelga
general indefinida, la cual por supuesto estaba condenada a un total fracaso.
Nadie la siguió, ni siquiera sus apasionados convocantes.
Y luego
vino el golpe de Estado del 12 de abril de 2002, pues la impaciencia derivada
de la premisa señalada así lo impuso. Inicialmente tuvo éxito, Chávez fue
derrocado, apresado y secuestrado por unas horas, pero a la postre termina
regresando al poder victorioso y con un crucifijo en las manos. Pero los
fantasmas continúan nublando mentes y se produce una nueva convocatoria a
huelga general indefinida y al sabotaje y paro petrolero a finales de 2003.
Este último, junto con el golpe, han sido las acciones más efectivas del
extremismo opositor.
Y todo porque el
país no aguantaba ni un minuto más de gobierno chavecista. Viene el revocatorio
presidencial de 2004 y la gente no revoca el mandato de Chávez, y la elección
de la Asamblea Nacional (AN) de 2005, que iba a ser deslegitimada por el
llamado a abstención opositor, lo cual precipitaría la caída de un Presidente
recientemente ratificado en referendo. ¡Imagínense!
En 2015,
luego de la derrota del gobierno en las elecciones de la AN, reaparece el
fantasma inmediatista de los impacientes, que se expresa en múltiples
propuestas, cada una más irreflexiva que la precedente. “El país no aguanta a
Maduro hasta el 2018”, hay que hacer algo, dicen. Y prometen delante del
confrontado que lo sacarán del poder en seis meses, creyendo quizás que con el
triunfo electoral obtenido tenían a Dios agarrado por la chiva. “Maduro es
colombiano” y por tanto no puede ser Presidente, afirman unos iluminados; “Maduro
debe renunciar”, opinan otros; Maduro vete ya, ripostan distintos furibundos
ansiosos. Y entonces declaran el abandono del cargo por el Presidente, quien
todos sabían que seguía en Miraflores y mandando, y dentro de esta total
confusión, la AN más adelante termina destituyendo al mismo Presidente que
había abandonado el cargo.
En todo ese
enredo, aparece la proposición de Capriles Radonski de convocar un referendo
revocatorio presidencial, la cual termina aceptada por todos, pero a
regañadientes por una buena parte de los involucrados, pues su posible éxito
determinaba quien sería el próximo Presidente, lo que liquidaba a muchos
aspirantes. Con ese plomo en el ala y el rechazo del gobierno a un instrumento electoral
peligroso en ese momento para ellos, la proposición estaba destinada a
fracasar, como en efecto ocurrió por medios ilegales e inconstitucionales, sin
que sus proponentes de la Mesa de la Unidad Democrática se molestaran mucho. En
el camino, habían dejado de lado, por no ser más importantes que la salida de
Maduro, las elecciones de gobernadores, que eran el paso electoral siguiente
establecido en la Constitución.
Hoy, los
fantasmas continúan, aunque en menor grado. “No se puede esperar hasta al 2024
para ganarle a Maduro o a quien sea, porque no sabemos si existirá país para
ese momento”. Afirman entonces que hay que revocar a Maduro en 2022, sin
pasearse porque ello signifique tener que sacar más votos que los obtenidos por
el Presidente en 2018 (6.245.862). No se piensa en la posibilidad de que salga
triunfante del revocatorio, lo cual puede ser poco probable para muchos, pero
posible es. Tampoco se analiza el efecto que un fracaso en el revocatorio
tendría en las presidenciales de 2024, ni los vacíos existentes en un
procedimiento que no tiene una disposición legal que lo regule, por lo que la
discrecionalidad gubernamental es máxima. Este tema debe ser discutido con la
mente abierta a cualquier decisión, una vez tenidos los resultados de las
elecciones regionales.
Luis Fuenmayor Toro
lft3003@gmail.com
@LFuenmayorToro
Venezuela
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