Hablamos de lograr un consenso de por lo menos el 80
por ciento de la población, para reescribir las reglas del modelo democrático
venezolano. Y nos hemos referido a la necesidad de rescatar la proporcionalidad
electoral, la alternabilidad en los cargos de gobierno y el financiamiento
estatal de las campañas electorales, los dos primeros obligatorios además por
mandato de la Constitución vigente. En este momento añadimos la reducción del
período presidencial a cuatro años con una sola reelección, como ocurre en
EEUU, o a cinco años sin reelección, como fue en la segunda mitad del siglo
pasado. La reelección permanente fue incorporada en nuestras normas no por ser
una necesidad del sistema político electoral, sino por la
ambición de poder de Hugo Chávez Frías, quien siempre se vio como Presidente
vitalicio.
Debe revisarse la duración de los períodos de todos
los cargos de elección popular. El período de la Asamblea Nacional debería ser
similar al de la Presidencia de la República y elegirse en el mismo momento;
habría que establecer un límite de reelección a los diputados. Los períodos de
gobernadores y alcaldes deberían también coincidir y tener una duración de tres
años, de manera que puedan ser electos conjuntamente. Se permitiría una sola
reelección en ambos casos. De esta manera los procesos electorales serían menos
numerosos, mejor administrados por el CNE, menos costosos y no mantendrían a
toda la sociedad víctima de una permanente campaña, la cual no significa en
absoluto que haya mayor democracia, como los gobiernos chavecistas han
pregonado desde sus inicios.
El tema del revocatorio no puede dejarse de lado. Como
está planteado no constituye parte del cronograma electoral ordinario, como lo
son las demás elecciones. Debe ser incorporado por la ciudadanía, a través del
cumplimiento de una serie de requisitos y, como no existe una ley que lo regule
en forma específica, el CNE hace uso de una discrecionalidad muy grande en
relación con requisitos, lapsos y procedimientos. Se ha prestado, además, para
de alguna forma identificar a los ciudadanos interesados en la revocatoria de
distintos mandatos, lo cual claramente conspira contra la confidencialidad del
voto, y se
puede utilizar perversamente, como en efecto ha
ocurrido, para amenazar, hostigar, marginar y perjudicar a los convocantes. Es
más que claro que como está pautado no puede seguir.
Para evitar los inconvenientes señalados podría
incluirse en el cronograma electoral de todos los cargos revocables. A mitad
del período se realiza el referéndum revocatorio, sin necesidad de trámite
ninguno. Lo convoca el CNE como una elección cualquiera. El otro inconveniente,
realmente absurdo, es la disposición que señala que, para ser revocado un
gobernante, los votos a favor de la revocación de su mandato deben ser más
numerosos que los que obtuvo en su elección. Esto no tiene ningún sentido, pues
son dos momentos totalmente distintos. Si en ese momento se hiciera una nueva
elección bastaría la mayoría simple para ser electo. Debe entonces bastar para
revocar un mandato que los votos “Sí revoco” sean más numerosos que los “No
revoco”.
La otra posibilidad es la de simplemente eliminar la
figura del revocatorio, lo cual sería perfectamente posible si los períodos de
gobierno se reducen a 3 y 4 años. Personalmente pienso que ésta es la mejor
opción. La insistencia hasta ahora en mantener el revocatorio obedece a que se
quiere hacer creer, que los mandatos gubernamentales en Venezuela son
revocables, lo cual no es cierto según la experiencia de más de 20 años de
Constitución “bolivariana”.
Luis Fuenmayor Toro
lft3003@gmail.com
Venezuela
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