De tomar algún ejemplo que muestre a la constitución
como un montón de letras muertas, lo haríamos con el emblemático Título VII,
que trata sobre la Seguridad de la Nación, especialmente en el Capítulo III,
que en sus tres artículos desarrolla los principios y fundamentos rectores de
nuestra Fuerza Armada Nacional. No cabe duda alguna de la connotación y efectos
perniciosos que para el país y los venezolanos ha tenido su derogación de
facto.
Es ese significativo divorcio entre lo que acontece de
hecho y el deber ser -que preceptúa el sistema normativo- en el que se ha
afincado el régimen para mantener su hegemonía y blindar su impunidad. El
manipulado sentido de pertenencia del estamento militar ha dado sus frutos de
complicidad y prescindencia de escrúpulos para los que tomaron el poder luego
de su tránsito castrense en el que permearon la unidad institucional con las
intentonas golpistas del 92.
Con la victoria de Chávez en 1999, y luego de los
hechos de la Plaza Altamira y abril del 2002, se abonó el camino del
militarismo como tendencia y solo era cuestión de tiempo para que con una política
de prebendas e interpretaciones laxas de las normas constitucionales se
enquistara el fatídico poder militar en Venezuela. Sobrevinieron las
amedrentadoras purgas en esa consolidación que se logró finalmente con el
reparto de una especie de botín de guerra. Ministerios, institutos autónomos,
bancos, seguros, PDVSA y el resto de empresas básicas, medios de comunicación,
el arco minero, embajadas, diputaciones, gobernaciones y alcaldías, entre otras
muchas otras concesiones dadas a cambio del espaldarazo castrense, han sido
suficientes para quebrantar principios y el apego institucional al Estado de
Derecho al que obliga nuestra Carta Magna.
Ha sido grosera la violación del articulado que los
rige. El proselitismo político estimulado por la ideologización de un
socialismo castrocomunista ha sido la piedra angular para que el sector militar
haya permitido la grave afectación de nuestra
intervenida y amputada soberanía. Esta parcialidad
política es consecuencia directa del sesgo que trae consigo el voto militar. La
represión de la Guardia Nacional como componente de la Fuerza Armada, está al
margen de su obligación del mantenimiento del orden interno dentro de un marco
de respeto a los derechos humanos. La enumeración taxativa de los componentes
de la FFAA, fue inconstitucionalmente violentada con la incorporación de una
milicia que a la postre ha resultado ser un lamentable instrumento para el
infame clientelismo político.
En mala hora ha tocado que esta Fuerza Armada sea la
que en el Campo de Carabobo se muestre como heredera del glorioso ejército
patriota que hace doscientos años selló la independencia de nuestra patria del
yugo español. Nada de que enorgullecernos de quienes con su complicidad nos
mantienen hoy bajo el yugo cubano y a merced de grupos irregulares. Nada que
ver con nuestros valientes actos de defensa de nuestra soberanía en Los Monjes
que contrastan abiertamente con los vergonzosos sucesos y consecuencias en
Apure. Mañana los venezolanos, con nuestra preciada historia emancipadora, no nos
sentiremos representados en Carabobo.
Víctor Antonio Bolívar Castillo
vabolivar@gmail.com
@vabolivar
Venezuela
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