Si se quiere conocer la cultura predominante en una sociedad determinada, una guía o factor preponderante es su estructura legal, aspecto del cual hasta los juristas -salvo excepciones- no son plenamente conscientes.
Las legislaciones en general se han vuelto más y más intervencionistas con el curso de los tiempos. Podemos decir que el camino al socialismo esta pavimentado por el número de leyes que tenga una sociedad específica. La ley ya -en si misma- implica una intervención en una relación ajena al legislador, porque afecta a terceros, aunque el legislador pueda –eventualmente- quedar incluido en ese efecto que la ley -que el mismo promulga- tendrá a futuro. A veces ese efecto es inmediato y directo, como sucede con las leyes destinadas aumentar las dietas de los propios legisladores.
Un alto número de leyes es mal indicio contra las libertades, porque toda ley implica la regulación o control de lo que sea objeto de esa ley. Si a ello se le agrega el contenido de la ley, cuanto más interfiere en las libertades individuales estará indicando una mentalidad más estatista de sus legisladores, y si recordamos algo que perdemos de vista muy a menudo y es que los legisladores son elegidos por el pueblo tenemos la respuesta a la pregunta de cuán estatistas o liberales son las personas de ese país, zona, región, estado o ciudad. El grado de detallismo de la ley implica acotar el margen de maniobra de las personas individuales y ampliar el de los órganos legislativos y la esfera de poder gubernamental.
Si hay alguien quien explica claramente este problema es el premio Nobel de Economía F. A. v. Hayek cuando nos dice: "Cuando al hacer una ley se han previsto sus efectos particulares, aquélla deja de ser un simple instrumento para uso de las gentes y se transforma en un instrumento del legislador sobre el pueblo y para sus propios fines. El Estado deja de ser una pieza del mecanismo utilitario proyectado para ayudar a los individuos al pleno desarrollo de su personalidad individual y se convierte en una institución «moral»: donde «moral» no se usa en contraposición a inmoral, sino para caracterizar a una institución que impone a sus miembros sus propias opiniones sobre todas las cuestiones morales, sean morales o grandemente inmorales estas opiniones. En este sentido, el nazi u otro Estado colectivista cualquiera es «moral», mientras que el Estado liberal no lo es."1
Esos efectos particulares son los que el legislador quiere y no los que quiere la gente, pero hay aquí algo muy importante que hay que advertir: en la medida que la gente acepte y cumpla con esa ley estará hacienda suya esos instrumentos y fines que el legislador en primera instancia impone.
El grado de aceptación de las leyes por parte de sus destinatarios implica la conversión de los fines del legislador en los fines de aquellos que acepten la ley como receptores. Desde este punto de vista, una ley puede ser una herramienta de opresión para la sociedad admitida por esa sociedad de manera pasiva al obedecer esa ley. Esto, naturalmente, se multiplica por la cantidad de leyes que sean promulgadas en ese ámbito social.
Aunque, sin duda, no cuestionamos la indiscutible autoridad intelectual del fenomenal economista austriaco discípulo de Ludwig von Mises, la cual no estamos en condiciones, ni de rebatir, ni de controvertir, a la luz de nuestros tiempos, tenemos dudas respecto del "estado" como "pieza del mecanismo utilitario proyectado para ayudar a los individuos al pleno desarrollo de su personalidad individual"
Creemos, más bien, que lo que pueda hacer el estado-nación en favor de ese desarrollo individual es bastante poco, y que cuando más se empeña en promover ese desarrollo individual más son contrarios los resultados que obtiene en ello.
Un caso a cuento, es la proliferación de planes sociales, subsidios, subvenciones de todo tipo que abundan en casi todas las legislaciones a nivel mundial, pero con mayor relieve en los países subdesarrollados como son los de Latinoamérica y -en particular- en Argentina.
Son crecientes con cada cambio de gobierno, sea del signo ideológico que fuere. Raros son los candidatos que prometen su reducción, y más extraños son los que directamente digan claramente que conviene su eliminación total. Hasta los aspirantes a cargos públicos que se dicen a sí mismos "libertarios" vacilan, son ambiguos o contradictorios en el tema, y exigidos por la prensa definirse por el tema optan por negar su eliminación o siquiera reducción en el caso de que sean triunfantes en las elecciones.
En el fondo, no dudan en que -en su rol de legisladores- deberán apoyar las leyes de "ayuda social” o asistenciales aunque (en el plano teórico y del discurso) hayan enfatizado que tales subvenciones son antiliberales y regresivas. Pero, por unos votos pueden pasar sin dificultad de lo políticamente incorrecto a lo correcto. Es triste escucharlos.
De esa manera, van aceptando –consciente o inconscientemente, aunque más de lo primero que de lo segundo- el rol del estado/gobierno como institución "moral" a la que se refiere el eminente pensador austriaco. Es más, se suman a esa idea y, una vez en el mando, van cimentando esa "moralidad" forzada que tratan de imponer a los demás.
Hay entonces un efecto de retroalimentación entre la sociedad y sus directores, donde cobran especial relieve los políticos que necesitan de los votos de esa sociedad para poder llegar al poder y desde allí asignar los diseños que prefieran, que no podrán ser muy diferentes -no obstante- a los ya aceptados por la cultura del lugar donde se aspire a ejercer esa autoridad.
En esos estados-naciones, vivir al margen de ese tipo de leyes "morales" es un signo de salud cívica y de independencia individual en contra de la corriente que el legislador quiere aplicar a los demás.
Gabriel Boragina
gabriel.boragina@gmail.com
@GBoragina
Argentina
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