La llamada “carta de los 25” en la que, entre otras cosas, se demanda la eliminación de las sanciones contra Venezuela, ha reavivado el debate entre opositores sobre los resultados y efectos de las sanciones, como parte de una polémica que se inserta en la discusión sobre la estrategia que debe asumir tanto la oposición como la comunidad internacional frente al control hegemónico del poder y la necesidad de prepararse para la elección presidencial de 2024. ¿Cuál es la lógica de las sanciones? ¿Han logrado las sanciones el resultado esperado? ¿Tiene sentido mantener las sanciones?
Muestra de ello, ha sido la “carta de los 25” dirigida recientemente al presidente Biden, en la que algunos de sus firmantes, nos consta, son personas serias y respetables, que me siento orgulloso de conocer personalmente, pero que por razones que cuesta entender se han sumado a la estrategia gubernamental de generar una coral de voces, distintas a las del gobierno, para demandar el cese de las sanciones “contra Venezuela”, olvidando que las sanciones no son “contra Venezuela”, sino contra el gobierno liderado por Maduro, al que la mayoría del país y la comunidad internacional democrática no reconocen como legítimo, por sus violaciones a los derechos humanos, la libertad y la democracia, entre otros delitos.
Exigir el cese de las sanciones a los Estados Unidos y a los países que las han aplicado, equivaldría a dejar sin instrumentos de presión a la comunidad internacional y sin alternativas a quienes se sientan a intentar negociar con el gobierno, fortaleciendo aún más la posición dominante de quienes detentan el poder, y devolviéndoles los recursos financieros tan necesarios para mantenerlo -y que hoy, al igual que ayer cuando abundaban no serían invertidos en beneficio del país sino en mecanismos político clientelares para comprar lealtades y tratar de ganar la elección de 2024, alejándoles de la necesidad de tener que alcanzar los acuerdos políticos que se le han venido demandando en las mesas de negociación de Oslo, Barbados y México, y que se traducirían en una apertura democrática que pondría en jaque su control hegemónico sobre el poder.
La sustentabilidad de un gobierno autoritario depende, casi siempre, del compromiso y la lealtad de algunos actores individuales e institucionales. Pero tal compromiso y lealtad, especialmente en el caso de un régimen autoritario, exige, por lo general, incentivos y recompensas que se traducen casi siempre en una distribución clientelar de beneficios, recursos y poder. El sentido de las sanciones es el de restar recursos disponibles a quien gobierna para reducir su capacidad de recompensar el compromiso y lealtad de quienes le sostienen en el poder.
La realidad es que pese a que algunos afirman que las sanciones no han servido para nada, otros creemos que sin sanciones ni presión interna el gobierno nunca se habría sentado a negociar en República Dominicana, Oslo, Barbados, o México. Y si algún día vuelven a negociar será en buena parte porque las presiones internas y externas (sanciones) se hacen sentir, como lo demuestra el hecho de que cada vez que el gobierno se sienta con la oposición, los Estados Unidos o cualquier otro actor internacional, lo primero que pide es que se le retiren las sanciones. Si las sanciones desaparecieran, con ellas desaparecerían los incentivos del gobierno para negociar un acuerdo que permita la re-democratización del país.
A todo evento, si bien es cierto que las demandas del gobierno para que cesen las sanciones es la mejor prueba de que duelen y por tanto sirven para presionar, también es cierto que el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita la redemocratización del país no se ha alcanzado, pero nadie podría esperar que ello fuese fácil, sobre todo si consideramos que para el gobierno democratizar implica perder el poder, por lo que, por ahora, ha preferido mantener las sanciones y el poder.
Y es por ello que el gobierno hoy ha renunciado a continuar demandando el cese de las sanciones en la mesa de negociación facilitada por el Reino de Noruega, porque eso, lejos de acercarlos al objetivo de su levantamiento, apunta hacia el fortalecimiento de la posición de su contraparte y la comunidad internacional democrática, y ha optado por levantarse de la mesa para tratar de demostrar que puede continuar manteniendo el poder, pese a las sanciones, y gracias a la experiencia y ayuda de socios autocráticos como Rusia, China e Irán, y a la diversificación de fuentes de financiamiento, cuyo origen es menos transparente.
Asimismo, el gobierno ha logrado sumar a su estrategia contra las sanciones otras voces con mayor legitimidad, como es el caso de algunos empresarios, Organizaciones No Gubernamentales, voceros de la sociedad civil, e incluso actores políticos de oposición, tal como sucede con algunos de los nuevos gobernadores y alcaldes recientemente electos. En algunos casos estos actores se suman al coro contra las sanciones por presión directa del gobierno, mientras que otros lo hacen porque sufren los efectos de las sanciones de manera directa o indirecta. Es así como “por las sanciones” el gobierno condiciona la transferencia de recursos a las regiones a la buena conducta de los gobernadores, que deben inhibirse de hacer oposición, igualmente “por las sanciones” desaparece el diésel de las estaciones de servicio y el abastecimiento es a través de un mercado negro que pareciera no tener más justificación que el enriquecimiento de determinados actores que tienen acceso a las fuentes directas de abastecimiento, además de servir para sumar nuevas voces de protesta contra las sanciones.
Es por ello que los países que siguen aplicando sanciones, y principalmente los Estados Unidos, discuten hoy el rediseño del esquema de sanciones a fin de evitar que el gobierno, con la ayuda de sus aliados internacionales, continúe burlando o transfiriendo el peso de estas medidas a la población, o a determinados actores políticos, económicos o sociales. En este sentido, es predecible que veamos desaparecer algunas sanciones que hoy podrían ya no ser útiles como instrumentos de presión contra el gobierno liderado por Maduro y las élites que lo sostienen, y podrían implementarse otras con un efecto más directo sobre el gobierno y sus soportes individuales e institucionales.
Aunque algunos apuestan a que la política de la administración del presidente Biden hacia Venezuela podría cambiar tras las elecciones de medio término que tendrán lugar el 8 de noviembre de 2022, en la que se elige a los representantes de 34 de los 100 estados presentes en el Senado norteamericano, la realidad es que luce poco probable un cambio de política en la que las sanciones contra el gobierno de Maduro desaparezcan antes de que en Venezuela se produzca una nueva elección presidencial, cuyas condiciones se consideren aceptables para la comunidad internacional.
Benigno Alarcón Deza
@benalarcon
@centrogumilla
Venezuela
Director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello.
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