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domingo, 19 de abril de 2020

GABRIEL BORAGINA, INTERVENCIONISMO Y CONTROL DE PRECIOS, DESDE ARGENTINA

Es común -y lo sigue siendo nuestros días- que las masas identifiquen el intervencionismo con el capitalismo creyendo que se tratan de la misma cosa. Es por eso que los insatisfactorios resultados de las políticas económicas que encaran los gobiernos del mundo entorpeciendo la marcha de la economía libre se igualen sin más con el capitalismo. De allí que los ataques desde todos los sectores al capitalismo no dejen de cesar.

"Las políticas anticapitalistas sabotean la operatividad del sistema capitalista de la economía de mercado. El fracaso del intervencionismo no demuestra la necesidad de adoptar el socialismo. Simplemente expone la futilidad de intervencionismo. Todos estos males que los autodenominados “progresistas” interpretan como evidencia del fracaso del capitalismo son el resultado de su supuesta interferencia benéfica en el mercado. Solo los ignorantes, identificando erróneamente intervencionismo y capitalismo, creen que el socialismo es el remedio para estos males."[1]

Se saca entonces la errónea conclusión que al quedar en la estacada conseguir transformar al capitalismo en un sistema conforme a los dictados de los burócratas no quede entonces más remedio que dejar paso al socialismo. Este "razonamiento" es errado desde cualquier ángulo de análisis. La frustración del intervencionismo no es más que la consecuencia de querer modificar las inmutables leyes de la economía de mercado que no responden a determinadas voluntades de personas encaramadas en posiciones de poder, sino que obedecen a una mecánica que ponen en marcha todos los días quienes forman parte del mercado, esto es: consumidores y productores enlazados por la actividad comercial que también está a cargo de quienes individualmente operan como consumidores y productores, ya que estas no se tratan más que de facetas o roles que todos asumimos en diferentes momentos, no sólo de nuestra vida sino del día a día y el minuto a minuto.

"A muchos defensores del intervencionismo les desconcierta que uno les diga que al recomendar el intervencionismo ellos mismos están alimentando tendencias antidemocráticas y dictatoriales y el establecimiento de un socialismo totalitario. Protestan diciendo que son creyentes sinceros y se oponen a la tiranía y el socialismo. Lo que buscan es solo la mejora de las condiciones de los pobres. Dicen que les mueven consideraciones de justicia social y están a favor de una distribución más justa de la renta precisamente porque tratan de conservar el capitalismo y su corolario político o superestructura, es decir, el gobierno democrático."[2]

Aquí se analiza el supuesto (muy frecuente, por cierto) en boca de la mayoría o de todos de lo que en su momento nosotros hemos designado el intervencionista de buena fe. Se trata de un típico caso de ignorancia económica que es el que -podríamos aventurar- domina a la mayor parte de las personas. No operaria -en principio- en esos ejemplos la típica envidia que hemos analizado previamente, sino que este argumento estaría exhibiendo (de ser sincero como dicen) un hecho de ignorancia lisa y llana de los efectos económicos que las políticas intervencionistas ocasionan en el mercado. No son los autores intelectuales del intervencionismo en sí mismos sino sus seguidores o partidarios. Pero, en rigor, los motivos no interesan demasiado, porque en el terreno de las intenciones estas pueden ser las mejores como ya hemos dicho muchas veces. Lo que importan siempre son las consecuencias prácticas de las teorías, y la tesis que se esconde detrás del intervencionismo evidencia su falsedad al menor examen.

"De lo que no se da cuenta esta gente es de que las diversas medidas que sugieren no son capaces de producir los resultados benéficos pretendidos. Por el contrario, producen un estado de cosas que desde el punto de vista de sus defensores es peor que el estado previo que estaba pensado alterar. Si el gobierno, ante el fracaso de su primera intervención, no está dispuesto a deshacer esta interferencia con el mercado y volver a una economía libre, debe añadir a su primera medida cada vez más regulaciones y restricciones. Procediendo paso a paso en esta vía acaba llegando a un punto en el que ha desaparecido toda libertad económica de los individuos. Entonces aparece el socialismo de patrón alemán, el Zwangswirtschaft."[3]

Presuponiendo buena fe en los patrocinadores del intervencionismo, no obstante, las interferencias en el mercado quiebran él orden espontáneo intrínseco al mismo y van produciendo el efecto inverso al perseguido por los presuntos "benefactores sociales". Los voluntarismos políticos no mejoran la situación económica de las personas, ni tampoco pueden hacerlas más felices. El intervencionismo es un verdadero camino de servidumbre (como titulara F. v. Hayek a uno de sus libros más brillantes). Opera paso a paso en dirección al socialismo sin que sus propulsores (siempre suponiendo buena fe) adviertan de ello, o aun percatándose en la ingenua creencia que, no obstante apuntar en esa dirección, no se llegará a desembocar en un estado socialista. Se equivocan. Van derecho hacia el abismo. En suma, cada intervención en lugar de mejorar la anterior la empeora, agravando el resultado final de todas las intervenciones acumuladas.

"Si el gobierno quiere hacer posible a padres pobres dar más leche a sus hijos, debe comprar leche al precio del mercado y venderla a esos pobres con una pérdida a un precio más barato; la pérdida se puede cubrir con los medios recaudados por impuestos. Pero si el gobierno sencillamente fija el precio de la leche a un nivel inferior al de mercado, los resultados obtenidos serán los contrarios a los objetivos del gobierno. Los productores marginales, para evitar pérdidas, cerrarán sus negocios de producir y vender leche. Habrá menos leche disponible para los consumidores, no más. Este resultado es contrario a las intenciones del gobierno. El gobierno interfirió porque consideraba a la leche como una necesidad vital. No quería restringir su oferta."[4]

Conviene poner de relieve que esos impuestos significarán en última instancia que hay otras personas que están financiando el consumo de leche de terceros, lo que implicará -a su turno- que los que pagaron esos impuestos verán disminuir su lista de bienes y servicios a su disposición, entre los cuales puede ocurrir que deban reducir su consumo de leche que destinen a sus propios hijos. En suma, se produce una transferencia de ingresos de unos hacia otros: de los que pagan impuestos a los que no lo hacen disminuyendo el consumo de los primeros y aumentando el de los últimos, en suma, se les saca a unos lo que les pertenece para darles a otros lo que no les pertenece. El móvil puede parecer loable pero el resultado final es que se termina consumando una injusticia. En la segunda cuestión (la del precio máximo) la situación se agrava respecto del primer punto, por cuanto el consumo se empequeñece para todos excepto para aquellos que estén en condiciones de pagar los precios mayores que se registrarán en el mercado negro o paralelo. Desde un punto de vista o del otro las consecuencias no pueden ser peores.

Gabriel S. Boragina 
gabriel.boragina@gmail.com
@GBoragina 
Desde Argentina
http://www.accionhumana.com/2020/03/intervencionismo-y-control-de-precios.html

miércoles, 23 de diciembre de 2015

GABRIEL S. BORAGINA, CONTROL DE PRECIOS, INFLACIÓN Y TRASLACIÓN FISCAL, DESDE ARGENTINA

En estos días en que vuelve a hablarse de "acuerdos de precios" entre los empresarios y el gobierno, conviene recordar los efectos nocivos que los controles de precios han tenido históricamente en la economía. Dicha experiencia ha demostrado -una y otra vez- su fracaso en cualquier época y lugar donde se los hubiera implantado:

"Es resabido que los controles de precios restringen la oferta, causan escasez y carestía artificiales, y comercio clandestino (“mercados negros”), pero aún se dictan a veces. O leyes “Proconsumidor”, de similares efectos y defectos. Porque ¿quiénes deciden si son “justas” las condiciones en que se exhibe, se oferta, se vende y se compra algo en un comercio? ¿si los precios están “a la vista”, o si la atención y el servicio posventa son “apropiados” o no? Los todopoderosos inspectores, fiscales y funcionarios. ¿La competencia abierta no brinda la mejor protección al consumidor: la opción de elegir? Si no le gusta a Ud. una tienda, los artículos, o la atención, pues se va a la de enfrente. Y si la tintorería le causó a Ud. un daño o perjuicio cierto y comprobable, antes estaban los jueces y tribunales ordinarios, que aplicaban el Derecho de los viejos Códigos. Estas leyes y las anteriores son abortivas de inversiones y empresas, y anticonceptivas de puestos de trabajo. Como tantas, perjudican a los mismos que declaran defender, consumidores y usuarios en este caso, pues les restringen el abanico de ofertas y las oportunidades. Y al disminuir las fuentes de empleo, también dañan a los trabajadores y demás proveedores."[1]
Parte de la ignorancia que existe sobre las consecuencias de los controles de precios reside en confundir los aumentos de precios con inflación, porque se enredan efectos con causas, tomándose los acrecentamientos de precios como un sinónimo de inflación. La economía sana define la inflación como la emisión exógena de dinero, uno de cuyos resultados (no el único) es la distorsión de los precios relativos. Cosa diferente al concepto común que se tiene de inflación. Esta distorsión de los precios relativos no es necesariamente similar a decir que se trata de un crecimiento generalizado de los precios, porque aquella involucra una deformación de los precios, producto no de los precios en sí mismos considerados, sino de otra secuela letal de la inflación que es la caída del poder adquisitivo del dinero, que tiene como indefectible corolario que los precios -en términos de bienes que no son dinero- sean efectivamente superiores al precio del dinero en relación a aquellos.
La vía, entonces, para combatir el alza de los precios no es el control de los mismos, sino la eliminación de la inflación, ya que a través de este último camino es como se verán descender los precios de los bienes, derivación –a su turno- de la suba del precio del dinero.
Otro error común que lleva a muchos a defender los controles de precios, es la falacia de que como los impuestos son "trasladados" por los contribuyentes de derecho a los contribuyentes de hecho, entonces los precios "deben" controlarse para que el impacto sobre el consumidor final no sea tan grave. Sin embargo, la "teoría" de la traslación fiscal es en sí misma falsa:
"La traslación de impuestos, que implica la distinción entre contribuyentes de derecho y contribuyentes de hecho mediante un proceso de traspaso de la carga tributaria, en especial de empresarios a consumidores, está fundada en una defectuosa teoría del valor y revela una interpretación errónea acerca de la naturaleza del proceso de mercado. El empresario procura en todo momento maximizar el rendimiento de sus operaciones. Los costos de producción no determinan el valor de los bienes; éstos están determinados por la utilidad marginal. El precio de mercado de específico bien expresa la interacción de las escalas de valores de compradores y vendedores. Al consumidor le resulta del todo irrelevante la estructura de costos del empresario: asignará el valor de acuerdo con sus gustos, deseos y subjetivas preferencias. El empresario, a su turno, no espera que se eleven sus costos para cobrar los precios más altos permitidos por la elasticidad de la demanda. Si los costos (por ejemplo, los impuestos que debe satisfacer como contribuyente de derecho) se elevan, el empresario obtendrá una utilidad menor o, ceteris paribus, si eleva los precios se contraerán sus ventas."[2]
Hay entonces una relación directa entre el incremento de los gravámenes (o de su alícuota) y el de los precios, pero por circunstancias completamente diferentes al de la mentada traslación. De los dos supuestos mencionados en la cita precedente, a nuestros fines, nos interesa el segundo, ya que es en base a esta situación que se piensa que los precios aumentan y en resulta se aboga por su control. En rigor, vemos que el control debería aplicarse no sobre los precios sino sobre los tributos, ya que son estos los que provocan el acrecentamiento de los precios por ruta de una menor oferta de los bienes y servicios que son afectados por tales gabelas. Ante el primer fruto del trepe de impuestos -y en vista a la reducción de sus utilidades- el empresario o productor intentará, lógicamente, bajar sus costos antes que comprimir su producción con el fin de mantener inalterada -en la medida de lo posible- sus ganancias. Pero si su estructura de costos es inflexible a la rebaja (y el gravamen es uno de sus costos definitivamente rígidos) en esta hipótesis no le quedará ninguna otra opción que constreñir la oferta, que se estrechará en la misma medida que el monto de la imposición.
Los controles o "acuerdos" de precios en modo alguno evitan este escenario, sino todo lo contrario: lo agravan sobremanera, ya que incentivan la mengua de la oferta y la expansión de la demanda, lo que vuelve a levantar los precios por sobre el nivel que estos tendrían de operar en un mercado inadulterado.

[1] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009. pág. 210-211
[2] Alberto Benegas Lynch (h) - Roberto Dania. "SISTEMAS TRIBUTARIOS". Un análisis en torno al caso argentino. Trabajo contratado por CIEDLA de la Fundación Adenauer y publicado con autorización de esas instituciones. Págs. 104-105.

        
Gabriel Boragina
gabriel.boragina@gmail.com
@GBoragina
Acción Humana

Buenos Aires- Argentina

martes, 22 de diciembre de 2015

GABRIEL S. BORAGINA, CONTROL DE PRECIOS, INFLACIÓN Y TRASLACIÓN FISCAL, DESDE ARGENTINA, ACCION HUMANA

En estos días en que vuelve a hablarse de "acuerdos de precios" entre los empresarios y el gobierno, conviene recordar los efectos nocivos que los controles de precios han tenido históricamente en la economía. Dicha experiencia ha demostrado -una y otra vez- su fracaso en cualquier época y lugar donde se los hubiera implantado:

 "Es resabido que los controles de precios restringen la oferta, causan escasez y carestía artificiales, y comercio clandestino (“mercados negros”), pero aún se dictan a veces. O leyes “Proconsumidor”, de similares efectos y defectos. Porque ¿quiénes deciden si son “justas” las condiciones en que se exhibe, se oferta, se vende y se compra algo en un comercio? ¿si los precios están “a la vista”, o si la atención y el servicio posventa son “apropiados” o no? Los todopoderosos inspectores, fiscales y funcionarios. ¿La competencia abierta no brinda la mejor protección al consumidor: la opción de elegir? Si no le gusta a Ud. una tienda, los artículos, o la atención, pues se va a la de enfrente. Y si la tintorería le causó a Ud. un daño o perjuicio cierto y comprobable, antes estaban los jueces y tribunales ordinarios, que aplicaban el Derecho de los viejos Códigos. Estas leyes y las anteriores son abortivas de inversiones y empresas, y anticonceptivas de puestos de trabajo. Como tantas, perjudican a los mismos que declaran defender, consumidores y usuarios en este caso, pues les restringen el abanico de ofertas y las oportunidades. Y al disminuir las fuentes de empleo, también dañan a los trabajadores y demás proveedores."[1]
Parte de la ignorancia que existe sobre las consecuencias de los controles de precios reside en confundir los aumentos de precios con inflación, porque se enredan efectos con causas, tomándose los acrecentamientos de precios como un sinónimo de inflación. La economía sana define la inflación como la emisión exógena de dinero, uno de cuyos resultados (no el único) es la distorsión de los precios relativos. Cosa diferente al concepto común que se tiene de inflación. Esta distorsión de los precios relativos no es necesariamente similar a decir que se trata de un crecimiento generalizado de los precios, porque aquella involucra una deformación de los precios, producto no de los precios en sí mismos considerados, sino de otra secuela letal de la inflación que es la caída del poder adquisitivo del dinero, que tiene como indefectible corolario que los precios -en términos de bienes que no son dinero- sean efectivamente superiores al precio del dinero en relación a aquellos.
La vía, entonces, para combatir el alza de los precios no es el control de los mismos, sino la eliminación de la inflación, ya que a través de este último camino es como se verán descender los precios de los bienes, derivación –a su turno- de la suba del precio del dinero.
Otro error común que lleva a muchos a defender los controles de precios, es la falacia de que como los impuestos son "trasladados" por los contribuyentes de derecho a los contribuyentes de hecho, entonces los precios "deben" controlarse para que el impacto sobre el consumidor final no sea tan grave. Sin embargo, la "teoría" de la traslación fiscal es en sí misma falsa:
"La traslación de impuestos, que implica la distinción entre contribuyentes de derecho y contribuyentes de hecho mediante un proceso de traspaso de la carga tributaria, en especial de empresarios a consumidores, está fundada en una defectuosa teoría del valor y revela una interpretación errónea acerca de la naturaleza del proceso de mercado. El empresario procura en todo momento maximizar el rendimiento de sus operaciones. Los costos de producción no determinan el valor de los bienes; éstos están determinados por la utilidad marginal. El precio de mercado de específico bien expresa la interacción de las escalas de valores de compradores y vendedores. Al consumidor le resulta del todo irrelevante la estructura de costos del empresario: asignará el valor de acuerdo con sus gustos, deseos y subjetivas preferencias. El empresario, a su turno, no espera que se eleven sus costos para cobrar los precios más altos permitidos por la elasticidad de la demanda. Si los costos (por ejemplo, los impuestos que debe satisfacer como contribuyente de derecho) se elevan, el empresario obtendrá una utilidad menor o, ceteris paribus, si eleva los precios se contraerán sus ventas."[2]
Hay entonces una relación directa entre el incremento de los gravámenes (o de su alícuota) y el de los precios, pero por circunstancias completamente diferentes al de la mentada traslación. De los dos supuestos mencionados en la cita precedente, a nuestros fines, nos interesa el segundo, ya que es en base a esta situación que se piensa que los precios aumentan y en resulta se aboga por su control. En rigor, vemos que el control debería aplicarse no sobre los precios sino sobre los tributos, ya que son estos los que provocan el acrecentamiento de los precios por ruta de una menor oferta de los bienes y servicios que son afectados por tales gabelas. Ante el primer fruto del trepe de impuestos -y en vista a la reducción de sus utilidades- el empresario o productor intentará, lógicamente, bajar sus costos antes que comprimir su producción con el fin de mantener inalterada -en la medida de lo posible- sus ganancias. Pero si su estructura de costos es inflexible a la rebaja (y el gravamen es uno de sus costos definitivamente rígidos) en esta hipótesis no le quedará ninguna otra opción que constreñir la oferta, que se estrechará en la misma medida que el monto de la imposición.
Los controles o "acuerdos" de precios en modo alguno evitan este escenario, sino todo lo contrario: lo agravan sobremanera, ya que incentivan la mengua de la oferta y la expansión de la demanda, lo que vuelve a levantar los precios por sobre el nivel que estos tendrían de operar en un mercado inadulterado.

[1] Alberto Mansueti. Las leyes malas (y el camino de salida). Guatemala, octubre de 2009. pág. 210-211
[2] Alberto Benegas Lynch (h) - Roberto Dania. "SISTEMAS TRIBUTARIOS". Un análisis en torno al caso argentino. Trabajo contratado por CIEDLA de la Fundación Adenauer y publicado con autorización de esas instituciones. Págs. 104-105.

Gabriel Boragina
gabriel.boragina@gmail.com
@GBoragina
Acción Humana
Buenos Aires- Argentina