JUAN CARLOS BERMÚDEZ REYES, REQUIEM POR LA DEMOCRACIA COLOMBIANA, DESDE COLOMBIA

El presidente, su gran hermano Enrique, Humberto de la Calle, dos generales y el filósofo Jaramillo, como no nos pueden convencer de las bondades de los acuerdos de paz nos los quieren imponer destrozando la institucionalidad. Están haciendo añicos la Constitución del 91 ya que por vía legal no podrán hacer esa entrega humillante.

Aprobar un plebiscito que castra la voluntad de la ciudadanía reduciendo el umbral de participación a un 13%, implica que una minoría le impondría su voluntad al 87%. Eso no es legal ni legítimo en ningún país del mundo para resolver algún problema de interés nacional.

Reducir los debates que deben hacerse en el Congreso de la República para reformar la constitución política es incurrir en una sustitución de la misma, ya que significa un harakiri, una autodestrucción del ordenamiento fundamental o bloque de constitucionalidad que fue prohibido expresamente por la Corte Constitucional cuando declaró que la segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez no procedía en razón de que el Congreso al autorizarla destruiría ese Bloque de Constitucionalidad.

Cuando el Congreso de la República, valiéndose de mayorías transitorias se automutila en su función esencial de legislar para cederla al presidente de manera total y cuando el presidente, valiéndose de esas mayorías hace aprobar, contra el espíritu de la separación de poderes, facultades que en normalidad no tienen porqué ser concedidas a otro poder ni mucho menos amputárselas por sí mismo,  como se desprende del otorgamiento de la Ley Habilitante próxima a ser aprobada, entonces es porque estamos en presencia de un auténtico golpe de estado propiciado en nombre del nuevo “ideal supremo”: la paz.

El resultado  de todas las arbitrariedades que estamos presenciando es, ni más ni menos, la destrucción de pilares y fundamentos claves de la vida nacional que nos hacían viables como sociedad y como país, pues…

Mal que bien, las relaciones políticas entre distintas corrientes, tendencias y partidos se sostenían y tramitaban en el marco de la democracia. Las aventuras guerrilleras estaban al borde de su derrota militar y en términos políticos habían perdido toda perspectiva.

Mal que bien, la constitución del 91 era el referente común y aceptado que nos remitía a un marco jurídico común.

Mal que bien, el Congreso de la República, a pesar de los vicios de la dirigencia política, no funcionaba como un apéndice del poder ejecutivo y procuraba moverse en el límite de sus funciones.

Mal que bien, la institución presidencial en nuestra historia reciente no precisó nunca de poderes especiales ni de leyes habilitantes ya que eso se consideraba propio de regímenes dictatoriales.

Mal que bien, la sociedad colombiana mantuvo una actitud de crítica e invalidación de la violencia como método de acción política para alcanzar el poder del estado. Ese amplio consenso nunca fue obstáculo para acoger con generosidad a aquéllos grupos que negociaron la paz con diferentes gobiernos.

En contra de una versión que se quiere imponer a fuerza de repetición, la población colombiana no está polarizada entre guerreros y pacifistas.

Con respecto a las negociaciones de paz con las FARC, la sociedad ha mantenido a lo largo de los tres años largos una actitud de aceptación de algunas concesiones en materia de justicia y de participación política, pero, en lo atinente al castigo con cárcel reducida para responsables de crímenes atroces y de su inelegibilidad política, cerca de un 80%, según casi todas las encuestas realizadas por todas las firmas que las hacen, consideran que en esos aspectos el Estado y el Gobierno no deben ceder.

El gobierno Santos pretende, atropellando la realidad y la verdad, establecer una división de los colombianos acerca de si quieren o no la paz.  Nada más burdo y falso ya que, lo que quiere la inmensa mayoría es que no se sacrifique la Justicia ni se violen mínimos parámetros de lógica política y de respeto a la institucionalidad y al estatus de las Fuerzas Militares.

De manera que, con los proyectos que está aprobando el Congreso y las maniobras ilegales del Presidente Santos al designar a su hermano Enrique, que carece de investidura legal,  como representante del Estado ante las FARC, Colombia como sociedad y como país, está perdiendo la institucionalidad, se quiere suplantar la Constitución deformando la división de poderes, revisando la doctrina militar, creando zonas vedadas a otras fuerzas políticas y a las fuerzas del orden y de la justicia. 

Estamos perdiendo la unidad en torno a la democracia y la democracia es colocada en inminente peligro en razón de ese conjunto de acciones ilegales y arbitrarias que configuran lo que en esencia es un golpe de estado. Un costo demasiado oneroso para incorporar a una guerrilla que no inspira confianza, que no piensa pedir perdón a sus víctimas, que no reconoce nuestra democracia, que quiere refundar el Estado, que espera hacer su revolución por decreto, que quiere cambiar el constituyente primario por representantes de organizaciones sociales de corte fantasmal que a nadie representan, que no quiere entregar las armas ni sus riquezas, que pretende pasar el secuestro, el reclutamiento de menores y el narcotráfico como delitos conexos del delito político.

Previo a todo este atropello, se les dio trato de alta parte contratante, por lo que es razonable rezar un réquiem por nuestra democracia o tomar el camino de la resistencia activa.

Juan Carlos Bermúdez Reyes

jucabere@gmail.com

Colombia

JUAN CARLOS BERMÚDEZ REYES, ANTE EL DILEMA TRAMPOSO, DESDE COLOMBIA,

Mienten en conciencia el presidente Santos, sus congresistas, el Fiscal General y los medios con sus columnistas al querer imponer a la población el dilema paz o guerra. Argumentan que la paz es un derecho constitucional de obligatorio cumplimiento. Hay quienes sostienen que por tratarse de un bien superior no requiere que la ciudadanía sea consultada.

Debe ser que en nombre de la Ilustración, la Modernidad y la inteligencia, los colombianos del común hemos de aceptar que quien nos gobierna y sus áulicos tienen la razón, la verdad y que por tanto, basta que el gobernante y sus ayudantes, iluminados, nos lo digan para que aceptemos que así es y que no merecemos ser consultados en asunto tan trascendental como el que se está ventilando en La Habana con el grupo que más terror ha causado a la sociedad colombiana.

Nos tratan como menores de edad tanto los que buscan investir al presidente con poderes supremos, que violan la Constitución Política del 91, como los que dicen que no es necesaria la refrendación de los acuerdos con las FARC.

El tamaño del exabrupto equivale a hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, pues, en función de su supuesta paz van a alterar las funciones de los poderes públicos puesto que a la luz de la reforma que cursa en el Congreso, tendremos un Congreso castrado, un Presidente-dictador y una Justicia suplantada, todo a contrapelo del estatuto constitucional que nos rige. Los “iluminatis” no solo nos piden que confiemos en ellos como si pudiésemos olvidar de qué tipo de traiciones e inconsecuencias han sido y son capaces, sino que quieren imponernos su voluntad, que no es otra cosa que un golpe de estado cubierto con el manto de la paz.

Con el dilema “paz o guerra” los “illuminatis” intentan ocultar la validación de la impunidad y la claudicación del Estado ante las guerrillas. Porque lo que la opinión pública reafirma en cada encuesta es que no está de acuerdo con que los responsables de crímenes atroces sean elegibles y no paguen penas de cárcel.

El verdadero dilema es otro bien diferente, nos interpela si estamos de acuerdo con entregarle a las FARC todo lo que están demandando, arguyendo la condición de igualdad que le confirió este gobierno o le exigimos al gobierno Santos que asuma una posición acorde con los postulados de Justicia nacional e internacional.

La pregunta abismal paz o guerra, es una burda trampa puesto que no existe razón alguna para que consideremos revocar o reafirmar un principio consignado en la constitución de 1991. Nos quieren engañar, asaltar nuestra buena fe, pisotear el sentido común y la inteligencia pues es claro que los colombianos aspiramos sensatamente a la paz.

Estamos ad portas de entrar en la fase decisiva de las conversaciones entre el Gobierno y las FARC. Lo que nos espera no es cosa de poca monta. Una guerrilla acrecentada que se burla de las víctimas, que no tiene de qué arrepentirse que no está dispuesta a pagar un minuto de cárcel que quiere curules gratuitas en el Congreso, que no quiere entregar las armas, que pretende tener circunscripciones especiales y un sinfín de ventajas y gabelas que no se corresponden con su poder  ni con su representatividad, y un gobierno que se guía por la vanidad del presidente de alcanzar la gloria al precio de sacrificar las instituciones y poner en serio peligro el régimen democrático y las libertades, que está dispuesto a sacrificar valores, posiciones y bienes como si hubiésemos sido derrotados en el campo de batalla.

La doctrina militar será revisada, los compromisos con la justicia internacional y la CPI serán desconocidos, la Justicia nacional será reemplazada por un tribunal internacional inventado y creado a medida de la guerrilla, el Congreso será decapitado, el presidente adquirirá poderes dictatoriales para legislar sobre el régimen de propiedad, el sistema electoral, el modelo económico. La Constitución del 91 será suplantada y violada, las minorías impondrán su voluntad, no habrá cárcel para responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra, la guerrilla no reparará a sus víctimas y recibirá curules sin ir a elecciones, etc.

De manera que lo que los colombianos exigimos del Congreso y del Ejecutivo es que se plantee el dilema correcto, que si nos quieren consultar de verdad no solo deben abstenerse de modificar a la baja el umbral de participación sino también formular la pregunta correcta, es decir, si estamos o no de acuerdo con las concesiones que se le otorgarían a la guerrilla de las FARC.

La paz debe ser el fruto de acuerdos que no conlleven a la impunidad, y no el resultado del chantaje y la amenaza con la continuidad de la guerra. La guerrilla debe ser llevada a entender que no tiene otra alternativa que aceptar los términos de la Justicia Transicional y, en ningún caso ni en modo alguno a que se altere el orden constitucional.

A las FARC hay que preguntarles antes de la consulta popular, ¿si están dispuestas a acatar el resultado en caso de que fuese adverso a los acuerdos firmados con el Gobierno?

Juan Carlos Bermúdez Reyes

jucabere@gmail.com

Colombia

JUAN CARLOS BERMÚDEZ REYES , PRESIDENTE SANTOS COLOMBIA NO ES SUYA,

RUBEN D. ACEVEDO C. 

En teoría un país democrático no puede ni debe ser gobernado ni a las patadas ni como se le venga en gana al presidente. Juan Manuel Santos pertenece a esa estirpe de la oligarquía capitalina y centralista que piensa y actúa como si Colombia fuese un objeto de su propiedad.

Se queja de que buena parte de la opinión pública y la Oposición no validen su forma de gobernar siendo que el disenso es normal en cualquier democracia. En el tema de la paz, por ejemplo, en los tres años largos que han durado los encuentros con las FARC, en vez de hacer caso a las observaciones y críticas que se le hacen a su actitud débil y entreguista, responde reafirmándose más y más en el absurdo empeño de ceder sin consideración a las exigencias de las FARC.

Después de mucho insistir que no se tratarían temas de la Agenda Nacional, de que no habría impunidad, que habrá entrega de armas, que no se modificaría la Constitución, que su gobierno respetaría los convenios internacionales sobre Justicia, termina dándole la espalda a esa opinión crítica al poner en marcha propuestas como, firmar acuerdos incompletos y comprometedores como el que firmó torpemente en La Habana dejándose llevar por la vanidad de la gloria, o los proyectos de reforma constitucional con los que pretende alterar la separación y la composición de los poderes públicos y dotarse de poderes sin control y sin límites.

Los gremios del país hicieron público la semana pasada un documento serio, bien escrito, respetuoso y sobre todo, bien argumentado, sobre los asuntos en los que al parecer se debe tener sumo cuidado en las negociaciones de paz. Advierten que el Estado no se debe poner en plano de igualdad con las guerrillas porque eso significaría deponer su legitimidad y otorgársela a los grupos irregulares.

A los empresarios del país les preocupa con razones de peso, que el gobierno, en aras de la paz, termine poniendo en peligro el principio de la propiedad privada, que se negocie el modelo económico, la integralidad de nuestra Justicia y la anulación del Congreso en su función legislativa. El Consejo Gremial Nacional llama la atención sobre la pretensión de las guerrillas de enjuiciar a más de medio país incluyendo a empresarios, gobernantes, dirigentes políticos, oficiales de las Fuerzas Armadas, y que ellas terminen imponiendo su versión sobre el conflicto. Se equivoca en grado superlativo el presidente Santos al declarar ante los medios que recibía con agrado el respaldo de los gremios con el ánimo de enturbiar y disolver el espíritu crítico del documento.

Asusta sobre manera y deja muy mal sabor que los medios, de consuno, hayan omitido informar con la debida amplitud sobre el contenido del documento en cuestión. Tal parece que lo expresado en ese texto no vale la pena que sea conocido por la sociedad, peor aún, que el silenciamiento de los medios sea una expresión de un grosero y cínico control de los medios por parte de un gobernante que ha dado pruebas fehacientes de sus artes y mañas para engañar, cambiar el sentido de las nociones y de las palabras, manipular los resultados electorales con altas dosis de “mermelada”, y ahora con su total indiferencia ante el oso protagonizado en La Habana el pasado 23 de septiembre.

El control de los medios con publicidad oficial de verdad que es una de los peores legados de este doble mandato. Representa el peligro de entrar en la onda chavista que destruye su misión con garrote o con zanahoria según las circunstancias, y justificando la anulación de la libertad de prensa con el peregrino argumento de defender la libertad de prensa “juiciosa y responsable”.

Estamos pues, ante un mandatario y un gobierno sordo al clamor nacional mayoritario para  que se firme la paz pero sin caer en el entreguismo subyacente en la filosofía del filósofo Sergio Jaramillo. Estamos ante un presidente que ha convertido el ideal de la paz en un tema personal como si estuviera jugando su billetera en un casino y no la suerte de un país que mira con temor que por satisfacer a una guerrilla prepotente su jefe de gobierno produzca el quiebre de la institucionalidad y una división irreparable de las fuerzas políticas y sociales que han defendido la institucionalidad.

http://ventanaabierta.blogspirit.com/archive/2015/10/25/presidente-santos-colombia-no-es-suya-3058591.html

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Ruben Dario Acevedo Carmona

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Colombia

Juan Carlos Bermúdez Reyes,