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viernes, 10 de julio de 2020

LUIS FUENMAYOR TORO, MARCHAS Y CONTRAMARCHAS

Desde 2009 venimos luchando por establecer la proporcionalidad electoral, que muchos confunden con la representación de las minorías. Denunciamos en su momento a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, promulgada ese año, como violatoria del artículo 63 y otros de la Constitución Nacional, al establecer un sistema electoral de carácter mayoritario, que sobre representa al partido que gana las elecciones, sub representa a quien llega en segundo lugar y niega representación al resto de los participantes, sin importar la magnitud de la votación recibida. Las mayorías calificadas obtenidas por el PSUV en 2010 y por la MUD en 2015 no son por haber alcanzado una votación abrumadora, ni por la existencia de una ventaja muy amplia sobre su inmediato contendor. Se deben a una manipulación inconstitucional en el reparto de las plazas.

En 2009, demandamos incluso la inconstitucionalidad de la LOPRE ante el Tribunal Supremo de Justicia, que olímpicamente negó nuestra solicitud. La ley, aprobada en una Asamblea Nacional sin diputados opositores, favorecía al PSUV, que dispondría de las mayorías necesarias para gobernar solo. La MUD jamás se unió a este reclamo; es más, varios de sus líderes fueron partidarios del sistema aprobado. Era evidente que esa oposición esperaba su momento de estar sobre representada. No le interesaba, como al gobierno tampoco, que el sistema mayoritario dejara a buena parte de los votantes sin representación ninguna.

Sólo les importaba, como al gobierno, llegar en algún momento a disfrutar de esa hegemonía en la AN y otros cuerpos. Y así fue. Llegaron a tener las 2/3 partes de los votos y sabemos cómo usaron esa hegemonía.

Con la Mesa de Diálogo Nacional (MDN) apareció una gran oportunidad de corregir la inconstitucionalidad vivida desde 2009. En la comisión respectiva, que coordinaba Francisco Ameliach, presentamos un documento conceptual y un algoritmo matemático para garantizar la representación proporcional constitucional, garantizando también la personalización del voto en el cien por ciento. El documento fue acogido con bombos y platillos, pero su puesta en práctica ha dejado mucho que desear. Por distintas razones, el gobierno ha seguido apegado al equivocado criterio de mantener dos tipos de candidatos: nominales y por lista, cuando ése no es el mandato constitucional. Todos los candidatos deben ser votados personalizadamente, lo que no ocurre en las listas, y la proporcionalidad debe aplicarse siempre, no sólo en las listas.

Se llegó a una fórmula que ha levantado objeciones de diversos sectores y no sólo del extremismo opositor. Estas tienen que ver con el aumento en el número de diputados, el cual se considera inconstitucional. Hemos vivido más de una década con una LOPRE inconstitucional, y la protesta nunca fue de la magnitud actual. Pocos levantaron sus voces todos estos años. Y con esto no quiero decir que se deba responder a una inconstitucionalidad con otra. No. Pero no puedo, en función de la crítica situación nacional, dejar pasar por alto este reclamo.

Tampoco puedo dejar de repetir que las inconstitucionalidades e ilegalidades cometidas desde hace más de 10 años, y en las cuales han sido protagonistas los gobiernos chavecistas y la oposición abstencionista, extremista y violenta, hacen necesario un acuerdo político de la mayoría del país que nos regrese a la sensatez, antes de abordar las correcciones constitucionales y legales.

En todo caso, para mí, la cuestión principal es que en la elección venidera exista proporcionalidad electoral, es decir que no haya ninguna sobre representación ni sub representación de los partidos y grupos participantes. El gobierno no debe buscar ni tratar de imponer mecanismos que den al traste con este objetivo. Si algo, en medio de la diatriba, puede conquistar voluntades es la seguridad de un reparto proporcional a la votación obtenida. Este es el logro más importante. Se deben desechar mecanismos perversos como el de las morochas u otros que den al traste con la proporcionalidad. Repito, para que quede claro: no debe haber sobre representación de quien gane. Si el partido o alianza ganadora obtiene las mayorías calificadas establecidas en la Carta Magna tiene que ser porque obtuvo una proporción de votos del mismo tenor. De lo contrario, se habrá perdido otra oportunidad de enderezar entuertos.

Luis Fuenmayor Toro
lft3003@gmail.com
@LFuenmayorToro

jueves, 20 de junio de 2019

LUIS FUENMAYOR TORO: NEGOCIACIÓN, ELECCIONES Y PROPORCIONALIDAD


En el caso actual venezolano, todo el campo opositor señala a las elecciones como el elemento, que definitivamente marcaría el inicio de una transición,para la salida de la grave crisis existente y la reinstitucionalización del país. Algunos la colocan al final de una senda inicial, que arrancaría con lo que llaman el cese de la usurpación y continuaría con un gobierno de transición, cuya duración no ha sido señalada y para cuya integración el pueblo soberano no sería consultado. 

El cese de la supuesta usurpación se produciría por obra y gracia del Espíritu Santo, que convencería a Maduro de renunciar, a los militares que lo apoyan de dar un golpe o al gobierno estadounidense de
invadirnos. Y digo supuesta usurpación porque Maduro, guste o no guste, fue electo en unas elecciones, muy similares a todas las anteriores de los últimos tiempos, realizadas el 20 de mayo del año pasado.

Otros colocamos las elecciones, es decir la obligatoria consulta popular establecida en la Constitución, en el inicio formal de un proceso de transición, para que el pueblo decida la ruta a seguir y ésta no le sea impuesta por una cúpula política. Se haría a través de un referendo consultivo en el que la gente decidiría cuál o cuáles opciones prefiere. Otra posibilidad, igualmente probable, sería que las elecciones se realicen para elegir el gobierno que instrumentará la transición, si esta situación surgiere del desarrollo de un proceso de negociaciones entre el gobierno y las oposiciones 
existentes. En cualquiera de los dos casos o en otro que apareciere, se requeriría la designación de un Consejo Nacional Electoral nuevo, de consenso entre todas las partes, imparcial, equitativamente integrado y no sujeto de tutelaje por parte del TSJ o de la ANC.

El CNE recién nombrado tendría la tarea de preparar las elecciones que se haya decidido hacer en las negociaciones, si fuere el caso, o realizar el referendo consultivo mencionado o los comicios que toquen según los plazos constitucionales vigentes. Esto implica cambios en la organización del CNE
para hacerlo un organismo pluralmente constituido en todos los niveles, lo que no necesariamente significa pluralmente repartido. Actualizar y depurar el REP, controlar el voto asistido, integrar las mesas con electores escogidos al azar, acabar con la práctica de no informar a los miembros seleccionados, para suplirlos el día de las votaciones por quienes primero se encuentren en la fila de espera del inicio del proceso. Corregir las inhabilitaciones de partidos y de candidatos y controlar efectivamente el usual ventajismo gubernamental.

Algo que no se menciona o es dejado de lado, pero es de vital importancia si queremos reales cambios para el futuro, es el rescate de la proporcionalidad electoral establecida en el artículo 63 de la Constitución, la cual fue violentada por la LOPRE de 2009. Esta Ley tiene varios artículos inconstitucionales, que así podrían ser declarados por el TSJ, los cuales son la base de la ausencia de proporcionalidad, de la emergencia del sistema mayoritario excluyente actual y de la nefasta polarización que hemos vivido. Si esto no se realiza, volveremos a tener fracciones hegemónicas en los cuerpos deliberantes, que actuarán sólo según sus bastardos intereses sin control ninguno. Unos cuerpos legislativos muy plurales son la única vacuna contra este tipo de perversiones.

Las elecciones definirían entonces si el gobierno actual continúa y, si la decisión fuere contraria, el chavecismo pasaría entonces a ser oposición. Se iniciaría así la transición política, pero sería el pueblo quien lo decidiría y quien designaría democráticamente a los gestores de la misma y no como
algunos hoy pretenden. Las negociaciones, de ser exitosas, no sólo lograrían lo señalado, sino podrían iniciar la transición económica y social desde antes de la realización de las elecciones, para de esa manera lidiar rápido con las desgracias actuales que sufren los venezolanos. Medidas anti inflacionarias, de estabilización del tipo de cambio, de recuperación de la producción para combatir la escasez, de enfrentamiento profesional del gravísimo problema sanitario y, prioritariamente, de rescate y recuperación de PDVSA y de la producción de crudo y de gas natural

Luis Fuenmayor Toro
@LFuenmayorToro