LUIS FUENMAYOR TORO, LA VULNERABILIDAD DE VENEZUELA

Mientras menos desarrollado sea un país, mientras más atrasado, más vulnerable será a los efectos deletéreos de sus contradicciones internas, a las agresiones externas de distinto tipo y ante las apetencias de sus vecinos, si éstas existieren. Mayores serán también las limitaciones y el sufrimiento de su pueblo, expuesto a todo tipo de noxa y de riesgos, así como muy limitado en la satisfacción de sus necesidades básicas. Ésta ha sido nuestra historia, lejana y reciente, a pesar del heroísmo de nuestros líderes históricos, del trabajo y los sacrificios del pueblo y de las infinitas riquezas naturales existentes en nuestro territorio. Las mismas, paradójicamente, han aumentado la fragilidad nacional, al contribuir a generar una sensación de seguridad y control en las clases y grupos dirigentes, no cónsona con la realidad que se vive, ni propicia para la elaboración de programas de desarrollo a mediano y largo plazo.

Hoy, nuestra vulnerabilidad se agudiza alrededor, precisamente, de la carencia del recurso natural que tenemos en forma abundante y del cual hemos vivido en el último siglo. ¡Curioso! La misma riqueza natural, que desde hace cien años ha cimentado la transformación positiva de nuestras condiciones de vida, y de la cual poseemos en el subsuelo supuestamente las mayores reservas mundiales, es en la actualidad la que nos falta, la que necesitamos ingentemente, la que nos martiriza y la que doblega la férrea voluntad hegemónica del gobierno actual.

Dispusimos de petróleo en sumas ilimitadas y lo utilizamos como combustible libremente, para movernos y para exportarlo y, con su venta, para vivir cada vez mejor, a pesar de las iniquidades existentes. Algunos, considerados expertos y señalados como muy revolucionarios, mantuvieron un modelo que simplemente se dedicó a gastar lo que el comercio de este recurso nos daba, con la convicción de que era una riqueza ilimitada y que su precio jamás caería.

Revolucionarios que, contradictoriamente, nada nuevo significaron en la forma de administración del petróleo. Esta debe ser la única “revolución” en el mundo, que repite exactamente el mismo modo de explotación económica de la riqueza esencial del país, que practicaban sus derrotados enemigos. No hay en realidad ninguna diferencia esencial entre lo que se hizo en el pasado, desde Gómez hasta Caldera II, y lo que hicieron Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro. Todos se dedicaron a vender combustible fósil, sin pensar en su transformación en productos de mucho mayor valor agregado. Y, por favor, no me vengan a hablar de petroquímica, pues su desarrollo, iniciado acertadamente con anterioridad a 1958, nunca dejó de ser marginal a la producción de crudo. Tampoco me hablen de la meritocracia antinacional de Luis Giusti y compañía, que trabajaron más como accionistas de transnacionales petroleras, que lo eran y siguen siendo, que en función de los intereses venezolanos.

Lo cierto es que hoy, con PDVSA destruida, “mérito” que nadie le podrá quitar al gobierno “revolucionario”, las presiones estadounidenses se centran en 

impedirnos comprar el recurso que antes regalábamos. No producimos petróleo para poder defendernos de las sanciones. No producimos gasolina, pues todos los complejos refinadores están por el suelo, desde mucho, pero mucho antes de las sanciones. Somos vulnerables principalmente porque no generamos el recurso que antes producíamos sin mayores problemas. Somos vulnerables porque no desarrollamos aguas abajo y aguas arriba la industria petrolera. Somos vulnerables porque siempre tuvimos como meta la producción de más millones de barriles de crudo y más nada. Somos vulnerables porque no desarrollamos las ciencias y la tecnología necesarias para no serlo.

Esa es la verdad, aunque les duela a todos los responsables. Que involucra al pasado puntofijista, al presente pseudosocialista y pareciera involucrará también a los gobiernos futuros, a menos que asuman una conducta cualitativamente distinta, que no alcanzo a percibir en los discursos presentes.

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro

Caracas-Venezuela

LUIS FUENMAYOR TORO, ¿QUÉ NOS DEJAN LOS INDULTOS?

· Fortalecida la política de rescate de la vía electoral, como fórmula de resolver los conflictos derivados de la toma y mantenimiento del poder político. Nuevos dirigentes y nuevas fuerzas se incorporan en las discusiones con el gobierno y eventualmente en el proceso electoral.

· Consolidada la realización de las elecciones de la Asamblea Nacional en el mes de diciembre 2020, al mejorarse las condiciones políticas del país y, por lo tanto, el clima de normalización político social necesaria para el desarrollo exitoso de todo proceso electoral.

· Debilitada la política extremista del sector de la oposición, que tiene en la abstención electoral y en la aplicación internacional de sanciones económicas y diplomáticas contra el país, sus únicas respuestas al gobierno de Maduro.

· Comprometido el apoyo de la Unión Europea a la política de EEUU hacia el gobierno de Maduro, pues a diferencia de su rechazo a los indultos, la Unión Europea y la ONU celebraron los indultos y los calificaron como un avance en la mejora de las condiciones para la realización de las elecciones.

· Desagradado al sector más radical del gobierno y del PSUV, pues los indultos no incluyeron a militantes bolivarianos y seguidores de Chávez, presos por expresar sus disidencias con el gobierno de Maduro, por haber denunciado la existencia de corrupción, malas prácticas y autoritarismo de directivos gubernamentales del sector público o por acompañar a la población en sus justas protestas por mejores condiciones de vida.

· Fortalecido a Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tanto al interior del país como ante los distintos gobiernos del mundo.

· Consolidado internamente el liderazgo de Nicolás Maduro en el sector gubernamental y en el PSUV.

· Un descontento posible en un sector minoritario de la FANB, pues ningún militar detenido por motivaciones políticas fue beneficiado con la medida presidencial.

· Muy disminuida la figura de Juan Guaidó como “Presidente Interino o Encargado” de Venezuela, así como la del equipo que en el exterior funge como su representación.

· Muy lesionada a la oposición extremista del llamado G4, luego de una división que la compromete en demasía y un golpe político certero y sorpresivo, para el que no estaba preparada, no ha podido dar una respuesta coherente y ha errado al tratar de quitarle valor político y humano a la medida.

· Una incomprensible actuación de la inteligencia estadounidense, inglesa e israelí, que fueron incapaces de sospechar la ocurrencia de unas reuniones de varios días, en las que participaron la Embajada Turca, líderes muy conocidos de la oposición polarizada y altos funcionarios del gobierno.

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro

LUIS FUENMAYOR TORO, SUCESOS MUY ALARMANTES

Todo régimen autoritario o dictatorial recurre a la violencia para conservar el poder, reprimir las legítimas protestas de la población, enfrentar y mantener a raya a sus opositores y garantizar su unidad interna. Los métodos del diálogo, la búsqueda de consensos, las rectificaciones, se van haciendo paulatinamente más lejanas en la medida que el autoritarismo se entroniza. Gradualmente, deja de responder a las necesidades sociales, humanas y políticas de la nación, por lo que, con el tiempo, la represión se convierte en lo fundamental y se extiende hasta afectar a la propia maquinaria partidista-militar-policial que lo sostiene. Es una situación ya extrema, que anuncia una descomposición importante al interior del régimen de que se trate y que pudiera significar la pérdida de la estabilidad tan finamente construida a lo largo de los años.   

En los últimos días han ocurrido una serie de hechos, la mayoría de ellos aberrantemente violentos, que nos hacen pensar si su significado va más allá de la de hechos fortuitos. Los sucesos han tenido como víctimas a activistas populares del entorno gubernamental y del PSUV y como autores a agentes policiales, lo cual los liga al gobierno, o a encapuchados actuando abiertamente sin temor ninguno. El 21 de agosto pasado, dos periodistas de Guacamaya TV, Andrés Eloy Zacarías y Víctor Torres, fueron asesinados en Cabimas por agentes encapuchados de las FAES de la PNB, quienes los ajusticiaron y luego trataron de presentarlo como la ocurrencia de un enfrentamiento, lo cual fue desmentido por las investigaciones realizadas oportunamente por el Ministerio Público. 

Otro hecho parecido ocurrió al otro extremo de nuestra geografía, en el estado Sucre, donde el dirigente chavecista profesor José Carmelo Bislick Acosta fue asesinado en Güiria, luego de haber sido secuestrado de su casa por unos encapuchados delante de toda su familia. Se supone que la motivación de este brutal hecho radica en las denuncias permanentes del profesor Bislick sobre los negocios ilegales existentes con la gasolina y el narcotráfico en el municipio Valdez, actividades en las que aparentemente están involucrados en alguna forma dirigentes de la Alcaldía correspondiente y dirigentes del PSUV de la zona. Bislick era un dirigente regional chavecista muy crítico, lo que le ganó la animadversión de quienes se sintieron descubiertos por sus denuncias. A sus exequias no asistió el Alcalde ni la dirigencia regional del PSUV.    

Aunque un tanto diferente, no se puede dejar de mencionar el caso de la desaparición del dirigente político de la “revolución” Carlos Lanz, hace más de 20 días, sin que hasta ahora las gestiones policiales realizadas oportunamente hayan podido resolver el caso. Esta situación nos recuerda la lamentable desaparición en Mérida, hace más de 5 años, de Alcedo Mora, quien se desempeñaba como secretario de la Secretaría de Gobierno del Estado y había denunciado la existencia de una red de contrabando de combustible que involucraba a altos funcionarios de PDVSA. Ni de Mora, ni de los hermanos Vergel Prado, con quienes salió el día de su desaparición, se ha sabido nada desde entonces. Esperemos que no ocurra lo mismo con el caso de Carlos Lanz, con cuya familia me solidarizo totalmente. 

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro

LUIS FUENMAYOR TORO, LA IMPARCIALIDAD Y LA HIPOCRESÍA

Decir que hemos tenido en algún momento organismos electorales imparciales es totalmente falso. Los consejos supremos electorales del pasado no eran imparciales. ¿Acaso fue imparcial la decisión en 1998 que adelantó las elecciones de gobernadores para no hacerlas con las presidenciales? No. La misma buscaba evitar el arrastre de votos hacia los candidatos a gobernadores de Chávez, que se produciría si ambas elecciones se efectuaban conjuntamente. ¿Fue imparcial la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de finales de los ochenta, que determinó que los decanos no eran autoridades universitarias, simplemente para permitirle a un decano de Acción Democrática, con un liderazgo importante en la UCV, reelegirse en la Facultad de Ingeniería? En absoluto lo fue. Como tampoco fue imparcial la decisión que tomó el ya Tribunal Supremo de Justicia en 2002, cuando declaró que en abril de ese año no había habido un golpe de Estado sino un “vacío de poder”.

Lo que sí podemos afirmar es que la parcialización del pasado, tanto del TSJ como del CNE y de varios otros organismos, eran más disimuladas y nunca tan frecuentes, intensas y descaradas como son hoy. En el pasado, el Poder Judicial estaba controlado por las llamadas tribus de abogados, que tenían relaciones de distinto tipo con los dos grandes partidos de entonces: AD y COPEI, pero también existía una influencia importante de la Presidencia de la República o de la Secretaría Privada de la misma, como ocurrió durante el gobierno de Jaime Lusinchi. Son muchos los casos que podría relatar, algunos conocidos muy de cerca, si ése fuera el objetivo de este artículo; pero no lo es. En honor a la verdad, hay que señalar también que aquellas nefastas influencias no alcanzaban a todos los tribunales de la república, ni tenían la intensidad actual, lo que les daba a los jueces cierta autonomía y a los abogados poder litigar, cosa que no existe hoy en lo absoluto.

¿Se puede creer que se cumple el mandato constitucional, de que los rectores del CNE no sean militantes de ninguna parcialidad política, si simplemente renuncian al partido donde han militado siempre unos minutos antes de juramentarse? ¿No es esta una conducta hipócritamente ridícula? ¿Basta acaso que una persona no milite en una organización política, para tener la seguridad de que no tiene intereses en ninguna de ellas? Los venezolanos hemos sido testigos por décadas de la existencia de personajes “independientes”, que se comportaban más militantemente que los propios militantes de los partidos. Personajes, en el mejor sentido de la palabra, cuya influencia en los altos niveles de decisión de los partidos era más que conocida y de igual o mayor magnitud que la de los dirigentes de esas organizaciones. Sin embargo, eran presentados como más allá del bien y del mal, algo que no existe en el mundo.

La imparcialidad, en el juicio que haya que hacer de personas, organizaciones y situaciones, se logra cuando los organismos respectivos, sean estos judiciales o electorales, han sido integrados equilibradamente, de manera que al sumarse las distintas parcialidades existentes en su seno el resultado no se inclina hacia ningún lado. Un CNE integrado por dos rectores del gobierno, dos de la oposición y un quinto de común acuerdo, sería un organismo más cerca de la imparcialidad que uno integrado por tres del gobierno y dos de la oposición, como el caso del actual CNE. Buscar la imparcialidad de un organismo integrado con distintas parcialidades ha sido la forma adoptada en nuestro país y, me atrevería a decir, en muchos otros en el mundo. Fíjense que, en el pasado bipartidista adeco-copeyano, el Fiscal y el Contralor eran realmente propuestos por el partido de oposición, lo que buscaba acercarse a la equidad entre quienes se alternaban en el poder.  Lo mismo ocurría con el Presidente del Congreso Nacional.

La parcialización de los integrantes del CNE no es un grave problema si sus miembros, aun sosteniendo determinadas posiciones ideológicas, políticas e incluso partidistas, no recurrieran a decisiones reñidas con la Constitución, las leyes, la lógica, la equidad, la moral y la ética. Dicho en términos populares: si sus integrantes no fueran tramposos. Como Rector suplente, no me avergüenza decir que estoy parcializado. Defiendo la participación en las elecciones de diciembre, por lo que estoy contra la abstención. Impulso una salida pacífica de resolución de nuestros problemas y discordias, por lo que condeno los llamados a invasiones armadas y a golpes de Estado, serios o bufos. Defiendo la soberanía nacional y la auto determinación de Venezuela. No tengo como modelos para mi país ni a Cuba ni a Puerto Rico. Pienso que cualquier salida pasa por la consulta electoral inicial de los venezolanos. Como se ve estoy parcializado y orgulloso de estarlo. Como orgulloso también estoy de no haber sido nunca un tramposo.

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro

LUIS FUENMAYOR TORO, VOTAR NO ES UN PASEO CAMPESTRE

Intitulo este artículo con una expresión robada a un gran amigo, Enrique Ochoa Antich, leída en Twitter y que me estimuló a escribir este corto artículo. Sin duda ninguna, el llamado a votar que hacen una serie de organizaciones políticas y personalidades de la oposición democrática significa la exigencia de un gran compromiso del venezolano votante, en relación con el futuro de nuestro país y nuestra nación. El voto, como instrumento de lucha, es asimilable a las otras formas de lucha, aunque algunas de éstas aparezcan como más heróicas y expeditas en sus efectos políticos. El voto no puede ser visto simplemente como una caminata para apretar un botón en un local previamente asignado para tal fin. El voto significa mucho más, sobre todo en la Venezuela actual.

Votar, en primer lugar, significa la escogencia de un mecanismo civilizado para dirimir las diferencias en la conducción política de una república. Diferencias en torno al liderazgo encargado de conducir los procesos de gobierno, pero también en relación con los caminos a seguir para cumplir las tareas necesarias, resolver las contradicciones que se presenten y determinar los objetivos a lograr en el transcurso del tiempo. Tiene que ver con el modelo de república que queremos, el tipo de economía a instrumentar, la equidad y la justicia social a construir y las relaciones con otros pueblos del mundo. Votar es todo un compromiso consigo mismo y con los demás.

Votar es un derecho en todas las sociedades democráticas. En nuestro caso, además, establecido en la Constitución, del cual depende el futuro de la sociedad, nosotros incluidos. Su ejercicio, como el de salir a protestar y manifestar, significa un elevado compromiso y es parte fundamental de la lucha diaria que como ciudadanos llevamos adelante. Significa, además, una gran responsabilidad , que debe ser internalizada y comprendida y nunca considerada como algo de carácter accesorio o banal. En este último sentido, es inaudito que se acepte que se pueda ir a una peluquería, pues esta actividad está entre las primeras permitidas por la flexibilización de la cuarentena, pero se afirme que no puede irse a votar en medio de la pandemia por el coronavirus.

En la actualidad, votar significa adicionalmente tener que enfrentar a los energúmenos que nos descalifican por tratar de ejercer un derecho. Enfrentar a quienes actúan como poseedores de una franquicia opositora, que los hace únicos para llevar adelante estas actividades, las cuales le están prohibidas al resto de los venezolanos. En su locura, llaman a la unidad pensando únicamente en ellos: es la unidad del extremismo inmediatista y violento, inconstitucional, antinacional, antidemocrático e irresponsable al máximo. Quienes llamamos a votar tenemos que enfrentar las acciones ilegales del gobierno, pero al mismo tiempo las agresiones muchas veces peores de quienes llaman a la abstención, entre otras cosas porque rechazan que sea el pueblo quien decida qué hacer para abrirle camino a su futuro.

Sí. Votar hoy en Venezuela no es un paseo campestre. Es una convocatoria a luchar y duro y a enfrentar dos posiciones claramente contrarias a los intereses nacionales.

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro

LUIS FUENMAYOR TORO, LA REPETICIÓN DE UNA FARSA

Al parecer, según las declaraciones dadas por Guaidó y otros dirigentes del extremismo opositor violento, su liderazgo partidista se prepara para realizar una supuesta consulta a la ciudadanía, con miras a extender el mandato de la Asamblea Nacional más allá del 5 de enero de 2021. Es la misma conducta que asumieron el 16 de julio de 2017, cuando realizaron una consulta a la que llamaron pomposamente “plebiscito nacional”, que supuestamente ratificó casi unánimemente la política llevada adelante hasta ese momento por parte de la Asamblea Nacional (AN). Fue la forma política de legitimar en aquel entonces el rechazo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) efectuado por el presidente Maduro, la demanda de respeto a las decisiones de la AN por la FANB y la administración pública en general y la exigencia de renovación de los poderes públicos mediante elecciones transparentes y la conformación posterior de un gobierno de unidad nacional.

La consulta efectuada fue inobjetable como instrumento político de lucha, y hay que señalar que el gobierno permitió su libre realización, pese a la existencia de algunos forcejeos marginales en algunas zonas del área metropolitana de Caracas. Fue una forma de expresión de descontento con la administración de Nicolás Maduro como lo son las manifestaciones de calle, sean éstas marchas o concentraciones públicas. No pueden tener carácter vinculante, pues expresan el sentir de sólo una parte de la población, la que asistió, la cual es generalmente minoritaria. Esa acción política, sin embargo, quiso ser transformada en un evento de carácter vinculante y constitucional, a pesar de haberse realizado sin árbitro, sin testigos que representaran las opciones presentadas al electorado, sin registro electoral, dentro de un clima que influía notablemente la voluntad del “elector” y sin cuadernos de votación o similares.

Los rectores de cinco universidades, en funciones más allá del ámbito académico y tan “imparciales” como los del Consejo Nacional Electoral de entonces, sirvieron como jueces y parte de la “pureza” del acto y declararon que habían asistido poco más de 7 millones de votantes. El registro de los mismos fue supuestamente destruido para evitar las retaliaciones del régimen, de manera que no existe ninguna prueba documental que avale lo señalado. Se necesita un “acto de fe” gigantesco de los venezolanos para aceptar esos resultados. El gobierno respondió como usualmente lo hace y 14 días después efectuó unas votaciones para elegir una ANC, en la que señaló habían votado más de ocho millones de ciudadanos, cifra ésta tan creíble como la anterior. Fue una elección inconstitucional, de carácter corporativo, en la que se violó la norma “un hombre un voto”, sin participación opositora y sin testigos representantes de las opciones presentadas a los electores. Se eligió una asamblea del PSUV.

Pues repetir la farsa del 16 de julio de hace 4 años es la innovación que Guaidó y eventualmente las veintitantas siglas, que representan a la oposición extremista, nos plantean para el futuro. Esto es lo “nuevo” de la hoja de ruta que en declaraciones muy circunspectas y fastidiosas anunció Guaidó al país. En esta ocasión, sin embargo, la propuesta goza de mucho menor aceptación que la de 2017. Mucha agua ha pasado bajo del puente, los venezolanos han sido testigos de muchas bufonadas politiqueras, incluyendo golpes de Estado plataneros e incursiones mercenarias armadas que dan vergüenza ajena. Son muchos los engaños a que han sido sometidos por esa dirigencia fracasada y muchas las irregularidades y corruptelas en que la misma ha estado envuelta. Además, gente seria que los ha acompañado ya ha expresado su deslinde de esta reciclada propuesta.  

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro

LUIS FUENMAYOR TORO, LA COVID-19 Y LA CHARLATANERÍA

El desarrollo de las ciencias en la actualidad permite conocer, explicar y predecir el comportamiento de los virus en general, así como de las virosis generadas y el desarrollo consecuente de las epidemias y pandemias. Esto no quiere decir que se conozca absolutamente todo. No. Nunca se llega a conocer todo en ninguna disciplina, pues la realidad no es estática sino cambiante. Los virus, incluso, son un excelente ejemplo de ello. Sus mutaciones o cambios genéticos son permanentes y constituyen un problema para el tratamiento farmacológico de las enfermedades que causan y para el desarrollo de las vacunas correspondientes. Pero conocemos suficiente sobre ellos como para diseñar medidas que permitan su control, tanto en los individuos infectados como en las poblaciones amenazadas por la diseminación de las virosis.  

En Venezuela, tenemos equipos científicos perfectamente capacitados en esta hoy tan sensible materia: médicos, epidemiólogos, virólogos, genetistas, inmunólogos, intensivistas y sanitaristas. A pesar de la emigración habida de profesionales, todavía se cuenta con un aparato de calificados científicos, una demostración clara del esfuerzo formativo realizado durante décadas y que hoy amenaza con zozobrar. De aquí nuestro empeño en recomendarle al gobierno en relación con la necesaria ampliación del equipo de salud, encargado de enfrentar profesionalmente la pandemia por el SARS-CoV-2. Por supuesto que mundialmente también existe el suficiente conocimiento, para enfrentar la actual crisis sanitaria creada por el coronavirus y, de hecho, la producción de vacunas está en sus etapas finales por lo menos en cinco países. 

Es inentendible entonces, que se haya desatado en esta materia toda una campaña mundial cimentada en falsificaciones, charlatanería, pensamiento mágico, farsa y negación de todos los avances científicos y técnicos de la Humanidad a través de los siglos. Despropósito llevado adelante por parte de una serie de grupos existentes en muchas partes con un objetivo muy evidente y peligroso: la suplantación de las ciencias por la brujería y los disparates y, cuando mucho, por los saberes ancestrales, naturales y populares, que pretenden desplazar a los especialistas y catedráticos por analfabetos, cuyas opiniones estarían respaldadas por una suerte de democracia del saber de los ignorantes. Aquí tenemos a los antivacunas, los terraplanistas, las sectas demoníacas, los creyentes de los OVNI y quienes proponen volver a ser como el hombre primitivo, para evitar la destrucción de la naturaleza.  

En el caso del coronavirus, llegan a afirmar que no existe tal pandemia, que el virus es igual al del resfriado común, que los contagiados asintomáticos no contagian, que la infección se cura con gárgaras de sal, que las mascarillas producen retención de CO2, que los cítricos son efectivos por ser alimentos alcalinos y que bastaría con beber agua caliente para curarse ya que el virus es termolábil. Otros afirman que el coronavirus es un invento de las grandes potencias para reducir la superpoblación mundial o para acabar con los ancianos por no ser productivos, aseveraciones que contradicen la supuesta inexistencia de la pandemia. 

Este tipo de actitudes son favorecidas en Venezuela por el odio hacia las ciencias y el conocimiento que tienen en el alto gobierno. Desprecio por el estudio y la formación, claramente expresado en las declaraciones de Diosdado sobre las predicciones de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que la práctica demostró ser ciertas. Es parte del legado de Chávez, aunque a algunos no les gusta que se lo mencione.      

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro

LUIS FUENMAYOR TORO, LA LEGITIMACIÓN DE LAS ELECCIONES DEPENDE DEL GOBIERNO

La oposición de la Mesa de Diálogo Nacional tiene como políticas rescatar de la vía electoral para la reinstitucionalización del país, salir de la larga crisis en que está sumergida la nación venezolana, iniciar la necesaria recuperación socioeconómica y política y garantizar la alternabilidad gubernamental constitucional. En el desarrollo de estas tareas debe enfrentar a un gobierno para quien el apego a la Constitución, las leyes y los acuerdos, no constituye la base de su proceder, pues tiene como motivación casi única el mantenimiento del poder a toda costa, sin importar las consecuencias que su conducta le está generando a la nación venezolana.

Un gobierno que está contra la pared como resultado de su incapacidad, codicia, soberbia e indolencia, con serios problemas de reconocimiento por la comunidad internacional y sometido a sanciones económicas por la más poderosa potencia mundial, pareciera no comprender la crítica situación en que se encuentra y en que viven los venezolanos. En lugar de buscar la legitimidad interna y externa que no tiene y la unidad nacional, que le ayuden a superar la crisis actual, de manera de impulsar la normalización política, recurre a acciones que lo siguen descalificando nacional y mundialmente.

Rescatar la vía electoral, como medio fundamental de la nación en la resolución de sus conflictos políticos, debería ser una tarea de primer orden para la nación 

entera. De lo contrario otras posibilidades, menos civilizadas si se quiere, se abren paso y terminan por imponerse. El principal interesado en este rescate debería ser el gobierno nacional, lo que parece lamentablemente no ser el caso en la Venezuela actual. Se convoca un proceso electoral que, por las razones que sea, está siendo muy cuestionado interna y externamente. Lo lógico sería que quienes gobiernan hicieran todo lo posible por eliminar o ir reduciendo palatinamente estos cuestionamientos.

Algunas medidas han sido tomadas. Existe una Mesa de Diálogo entre el gobierno y los partidos opositores, que han señalado su vocación soberana, pacífica y democrática. Ha sido designado un nuevo Consejo Nacional Electoral con mayor participación de la oposición. Ambas medidas van en el sentido correcto, pero no son suficientes y el gobierno no lo quiere entender. Las decisiones que se tomen desde ambas instancias deben demostrar que realmente se quiere la vía electoral y la paz. Deben darse entonces todas las condiciones para una participación equitativa de los grupos políticos, garantizando la transparencia y respetando los resultados.

Hay que convencer al país de que ha habido un cambio de actitud. Y hablo del país. No de la oposición que tiene como política la vía no electoral, la cual ha declarado que en ningún caso participaría a menos que ellos tuvieran total control del proceso. Es a la gente a la que hay que convencer, y olvidarse de tratar de incorporar a quienes no son susceptibles de ser incorporados simplemente porque no quieren serlo. Decisión que tomaron en forma definitiva al romper las negociaciones de Santo Domingo. Son los venezolanos quienes tienen que ser convencidos de la necesidad de votar, de que se expresarán libremente y que su decisión será respetada.

Ello implica que el ventajismo gubernamental debe terminar y así lo debería comprender el alto gobierno y demostrarlo con acciones concretas. Venezuela necesita de estas elecciones para iniciar su normalización política. El gobierno y su partido las necesitan para despejar su futuro político y las requiere también la oposición para garantizar la alternabilidad política.

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro

LUIS FUENMAYOR TORO, EL VOTO DE NUESTROS INDÍGENAS

Tratar el problema del voto de nuestras poblaciones llamadas originarias o ancestrales no es nada fácil, si se quiere ser serio en el tratamiento y análisis del caso. Hacerlo además en medio de la intensa diatriba electoral polarizada actual es aún más difícil, pues varios de los involucrados no están interesados en buscar las fórmulas más adecuadas de expresión democrática de los pueblos indígenas. Todo lo contrario. Les agradaría que la situación se hiciera más difícil e irresoluble, de manera de que conspirara contra el proceso electoral recién iniciado y atizara la abstención en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional. No olvidemos que el objetivo de estos grupos es lograr la toma del poder sin necesidad de hacer elecciones, sino por la vía de un pronunciamiento militar interno o por una invasión extranjera. 

No pretendo resolver las dudas legítimamente surgidas en ciertos sectores de la política venezolana, sobre la idoneidad del reglamento sobre la elección de los tres diputados indígenas aprobado por el nuevo CNE. Y no lo haré, entre otras cosas, porque yo mismo no tengo total claridad sobre cuál debería ser el proceder más adecuado a los intereses de la nación venezolana. Una cosa sí tengo muy clara y es el cinismo y la manipulación sobre el tema por parte del sector opositor abstencionista, quien utiliza el caso no porque esté interesado en los derechos electorales de los pueblos indígenas, sino en función de seguir impulsando la política de la abstención, como fórmula de evitar una salida pacífica, nacional y democrática de la grave crisis actual.

Una primera acción que han tomado estos cínicos de la política es la de hacer responsable al rector principal Rafael Simón Jiménez, representante de los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional, de todas las decisiones de un CNE en el cual la mayoría es claramente del gobierno. Los rectores democráticos somos minoría en el nuevo CNE y damos una lucha anteriormente inexistente, algo más que sabido pero olvidado en forma manipuladora por quienes hoy hacen furibundos y groseros reclamos. Reclamos que jamás le hicieron al rector Luis Emilio Rondón, quien fungió como su representante durante muchos años. Nunca lo hicieron responsable por las innumerables decisiones perversas tomadas por el CNE de Tibisay Lucena, durante su largo período de desempeño. Aquel silencio contrasta con la alharaca histérica de hoy. 

De esta manera, han tratado el caso de la aprobación del reglamento del voto para la elección en diciembre de los diputados indígenas a la AN. No han dicho que el sistema aprobado, independientemente de las múltiples observaciones que puedan hacérsele, resolvió el problema de que los votantes no indígenas votaran por los candidatos de éstos a la AN. En el nuevo sistema, sólo los indígenas votarán por sus candidatos, sin que pierdan su derecho de votar además por el resto de los candidatos a diputados propuestos en los estados dónde viven. Es decir que ejercen un doble derecho: votan por sus representantes indígenas y también por los candidatos no indígenas, algo que alguien podría cuestionar pues el resto de los venezolanos sólo ejercemos un único derecho. 

El mecanismo asambleario para la escogencia de los diputados indígenas es claro que viola la Constitución, al ser una elección de segundo grado y ser contrario al voto directo, universal y secreto. Pero, hasta dónde sé, las poblaciones ancestrales tienen en las asambleas de sus comunidades su forma cotidiana de tomar sus decisiones. No soy un experto en la materia, pero entiendo que de esa manera o una muy parecida eligen a sus representantes, por lo que el reglamento cuestionado estaría más en sintonía con su cultura, sus prácticas y tradiciones, a pesar de ser inconstitucional. Debo enfatizar que no me estoy pronunciando a favor del reglamento aprobado por el CNE; simplemente estoy analizando la situación como si pensara en voz alta. 

Quizás lo mejor hubiera sido dejar la votación directa, universal y secreta, como existía en la elección los diputados indígenas, impidiendo que los no indígenas votaran por los candidatos de estos, y esperando para efectuar una consulta más

Amplia, que involucrara a todos los venezolanos más adelante.       

LUIS FUENMAYOR TORO, ¿CONDICIONES ELECTORALES?

En diciembre de 2015, la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó las elecciones de la Asamblea Nacional, con una ventaja sobre el partido de gobierno de 15 por ciento de los votos totales obtenidos y una abstención de poco más del 25 por ciento del padrón electoral. El fraudulento sistema electoral mayoritario existente en el país desde el año 2009, cuando se promulgó la inconstitucional Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), le otorgó a la fórmula ganadora la mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados de la Asamblea Nacional. La MUD fue por tanto sobre representada, mientras el PSUV quedó subrepresentado en la repartición de los escaños del llamado parlamento venezolano, lo que significa que la integración de la Asamblea Nacional no correspondió a la distribución nacional de la voluntad de los electores. Algo similar, pero en favor del gobierno, había sucedido en las elecciones legislativas de 2010.

Este hecho, a pesar de ser pasado por alto por los factores polarizados dominantes de la política venezolana, hace ilegítimos todos los procesos electorales para cuerpos deliberantes realizados desde el año 2009. Serán procesos legales, pues se ajustan a la LOPRE y han sido el resultado de decisiones del Poder Electoral, además de dirigidos y coordinados por éste, pero son en realidad ilegítimos y más aún, inconstitucionales, al violentarse lo dispuesto en el artículo 63 y varios otros de la Constitución Nacional.

Las elecciones de 2015 se realizaron dentro de unas condiciones que es importante en este momento recordar. En la campaña electoral se da un claro ventajismo oficial en el uso de los medios de comunicación del Estado, en los que no hubo presencia opositora. Además, la campaña oficial abusó de la utilización permanente de transmisiones radiotelevisivas obligatorias para las emisoras privadas (las llamadas cadenas), copando horas estelares de la programación regular durante todo el período electoral. Así mismo, hubo la participación abierta de los candidatos oficiales en actos públicos de entrega de beneficios a la población y la intervención de altos funcionarios del gobierno, incluido el propio Presidente de la República, en actos proselitistas electorales. Adicionalmente, el uso de las corporaciones y empresas del Estado en la colocación de vallas, pendones y pancartas publicitarias de los candidatos del PSUV y en el transporte de sus militantes y simpatizantes.

Las elecciones se desarrollaron a pesar de la inhabilitación, en los seis meses anteriores a las mismas, de un gran número de líderes opositores importantes: Manuel Rosales, Pablo Pérez, María Corina Machado, Carlos Vecchio, Daniel Ceballos y Enzo Scarano, a los que hay que añadir a Leopoldo López, quien había sido inhabilitado con anterioridad. La MUD denunció la existencia de incursiones violentas de grupos paramilitares del gobierno (colectivos) en sus actos electorales públicos, desde el mismo inicio de la campaña electoral. En uno de estos actos fue asesinado un dirigente regional del partido Acción Democrática. Por su parte, un dirigente del partido de gobierno fue asesinado

también, pero en un acto electoral estudiantil de la Universidad del Zulia, hecho por el cual el gobierno acusó a un dirigente opositor. El día de las elecciones, el CNE prorrogó el lapso electoral hasta la 6 p.m. o hasta que hubiera electores esperando para votar, algo que siempre ha sido cuestionado.

Como puede verse, la oposición, hoy nuevamente abstencionista, participó en 2015 en unas elecciones en las que ellos mismos señalaron la inexistencia de condiciones mínimas. Participaron con un CNE 80 por ciento gubernamental designado por el TSJ, lo hicieron a pesar de los atropellos gubernamentales, del ventajismo oficial, de la existencia de un clima de violencia e intimidación y de su reducida capacidad financiera frente a la exhibida por el sector oficial. Participaron y ganaron. Hoy es imposible que puedan explicar su suicida posición abstencionista. La misma tiene como explicación la escogencia de una vía no electoral ni nacional para el cambio de gobierno y el uso fraudulento mientras tanto de los activos venezolanos en el exterior, en clara complicidad con gobiernos extranjeros. Es la verdad, así le duela a algunos.

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro

LUIS FUENMAYOR TORO, TROCHEROS BIOTERRORISTAS

Una parte del país acaba de ser estremecida, por una declaración del gobierno contra quienes regresan a Venezuela, a través de los caminos verdes existentes en la frontera con Colombia. Preocupado quizás más por las estadísticas sanitarias que por el sufrimiento de la gente, el gobierno de Nicolás Maduro ha descargado toda su frustración ante el incremento exponencial de la pandemia, contra los miles de venezolanos que diariamente regresan en estampida de los países vecinos, exactamente en la misma forma irregular e improvisada en que se fueron, muchos de ellos engañados por los cánticos de sirenas extremistas que les prometieron el cielo, cuando los llevaban realmente a un infierno. Infierno como el que abandonaban, pero además sin familiares, amigos ni compañeros. Íngrimos y solos, sin preparación técnica ni profesional ninguna y sin saber lo que era ser víctima de xenofobia.

Han sido calificados despectivamente de “trocheros”, pues han ingresado de manera irregular a través de las trochas, saltándose los controles sanitarios en una época grave de pandemia por un virus, que hace estragos hoy en el mundo entero. Pero este calificativo no es lo peor a que han tenido que soportar estos compatriotas, cuyo pensamiento político no me interesa a la hora de analizar su desesperada situación y la violación de sus DDHH. Muchos vienen contagiados con la Covid-19, producto de la inexistente protección recibida de los gobiernos vecinos, clara demostración de la indolencia inhumana que los caracteriza. Nuestro gobierno, en forma inaudita, los ha calificado de “bioterroristas”, algo nunca visto, que no sólo revela ignorancia sino un odio inexplicable hacia los venezolanos que regresan. Para que exista el terrorismo tiene que haber la clara intención de provocar terror, cosa que nadie en su sano juicio piensa es el deseo de quienes regresan a Venezuela.

Llamar bioterrorista a una persona por el hecho de estar enferma y haber evadido los controles sanitarios, no sólo es improcedente sino malévolo, pues significaría que la persona se contagió en forma voluntaria para luego contagiar al resto de los venezolanos. Nadie se contagia voluntariamente con un virus de este tipo, pues pudiera significar una sentencia de muerte. O el alto gobierno ha visto demasiadas películas o simplemente quiere desentenderse de la progresión logarítmica de la pandemia. Pero es que las cifras que dan ya los desmiente. La transmisión mayor actual es comunitaria, por lo que los contagiados que ingresan del exterior no son los responsables. Y esto tiene que saberlo el ministro de salud y el equipo profesional que coordina las acciones sanitarias. Pedirle a la gente que denuncie a los contagiados que conozca, se presta para distintas perversiones e incita al rechazo a los pacientes, algo similar a lo que ocurría en el pasado con los leprosos. Hasta allí han llegado.      

Resulta entonces, que quienes llaman a la invasión militar extranjera del país, quienes ejecutan e impulsan golpes de Estado, quienes usan a jóvenes venezolanos como carne de cañón en protestas violentas callejeras y quienes contratan mercenarios de otros países para ejecutar incursiones armadas en nuestra geografía, no son terroristas para el gobierno. Pero sí lo son los venezolanos hambrientos, extenuados, desnutridos y enfermos, que quieren desesperadamente regresar a su patria y reunirse con sus familiares, luego de ser víctimas de la xenofobia latinoamericana y sufrir graves maltratos y severas limitaciones. Y que regresan atropelladamente, en la forma que durante centurias se ha hecho entre Venezuela y sus vecinos, principalmente Colombia: a través de las trochas que unen a ambos países.

Trochas que, en cambio, sí siguen permeables para el contrabando, el narcotráfico, la trata de niños y de blancas; sitios de asesinatos y violaciones permanentes, sin que el alto gobierno les preste atención y sin que los delincuentes, agrupados en conocidas bandas, sean calificados de terroristas por el Ejecutivo. Trochas abiertas a las actividades de los grupos paramilitares colombianos uribistas, esos sí verdaderos terroristas; y a la violación de nuestra soberanía por parte de grupos armados del ELN y de disidentes de las FARC, a quienes sí se les permite ingresar a través de las trochas, sin ser calificados de bioterroristas. Pero para el gobierno o parte del mismo, los bioterroristas son las familias venezolanas, que tienen todo el derecho constitucional y humano de regresar a sus hogares, algo que no se les puede impedir ni tampoco ser perseguidos si lo hacen.

¿Que significaron entonces las condenas a Trump de violación de los DDHH, por retener en campos de concentración a niños latinoamericanos en sus fronteras con México, al ser sus padres apresados por entrar ilegalmente a territorio estadounidense? Ni siquiera a Trump se le ha ocurrido calificar de bioterroristas a estos extranjeros, que tratan de ingresar ilegalmente a EEUU. Son generalmente latinoamericanos, a quienes el gobierno de Maduro mira con simpatía, pese a la ilegalidad de ingresar por vías muy similares a las trochas. Son “trocheros” a su manera, un gran negocio que involucra a bandas de trata de blancas, comercio de niños y tráfico de drogas. Donde impera el asesinato o la muerte por otras causas de grupos humanos migrantes. Donde la violación sexual es cuestión rutinaria. Delitos abominables, que sin embargo no pueden ser calificados de terrorismo ni de bioterrorismo.

Saltarse los controles sanitarios puede llegar a ser un delito, pero no convierte a nadie en bioterrorista. Lo serían entonces las madres que se niegan, por distintas razones, a vacunar a sus hijos. Está a tiempo el gobierno de rectificar y dar una demostración de que recuperó la sensatez. No conozco en el pasado mal llamado cuartorrepublicano ninguna conducta que haya llegado a este extremo. Las que pudieran parecerse fueron producto del atraso mundial en materia de control sanitario, algo superado con creces en el siglo XXI.

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro

LUIS FUENMAYOR TORO, EL NUEVO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (III)

Si algo le debería interesar al gobierno de Maduro es lograr una importante participación ciudadana en las próximas elecciones de la Asamblea Nacional, lo cual no es nada fácil pues la abstención ha ido ganando terreno en los últimos años en el sentir de los venezolanos. En Venezuela hoy, la abstención estructural está entre 25 y 30 por ciento del registro electoral, y a lo mejor estoy siendo optimista. En Colombia, esta abstención está alrededor del 60 por ciento. La misma expresa la conducta de un sector de la población que no ve que las elecciones puedan mejorar o revertir la crisis de todo tipo que vivimos en la actualidad; nada que mejore sus condiciones de vida. Se trata de gente que no tiene esperanzas de que las cosas puedan cambiar a través de su participación en los procesos comiciales. 

A ésta ya existente conducta se suma la feroz campaña abstencionista de los partidos de la oposición dirigida por Leopoldo López, a la que se suman María Corina Machado, figuras opositoras radicadas en el exterior, el gobierno injerencista de Trump y sus adláteres en el mundo entero, la gran prensa transnacionalizada y algunos líderes nacionales honestos pero muy confundidos. Conspira también hoy contra la participación electoral la pandemia del coronavirus, que en estos momentos desarrolla su fase exponencial en nuestro país. Dinero para esta campaña suicida hay y bastante. No sólo de las agencias estadounidenses que financian actividades de distinto tipo en nuestros países, sino de los activos venezolanos en el exterior secuestrados por Guaidó y su camarilla, quienes los administran a su discreción y sin ningún tipo de control.  

Esta situación no sería imposible de revertir, si el gobierno entendiera que es necesario instrumentar una serie de medidas que rescaten o comience a rescatar la confianza en las elecciones. Y no se trata de discursos retóricos ni de promesas, pues la gente los percibe y los rechaza. Se trata de acciones concretas que demuestren la existencia de una nueva situación. Haber abierto el Registro Electoral para la inscripción de los nuevos votantes y para los cambios de dirección de los ya inscritos es, en principio, una medida correcta en el sentido señalado, pero si la emisión de nuevas cédulas de identidad o de reposición de las extraviadas no funciona incluso a mayor velocidad que normalmente, se está entorpeciendo el efecto positivo de la medida.  

Es importante en el sentido de la confianza, un pronunciamiento inmediato del Consejo Nacional Electoral en solicitud de “observación internacional”, no acompañamiento, de las elecciones venideras. La ONU, la Unión Europea, entre otros, deberían desde ya recibir la solicitud correspondiente y así debería ser ampliamente informado nacional e internacionalmente. Habría que efectuar desde ya la solicitud de elaboración de la tinta indeleble a la Facultad de Ciencias de la UCV, de manera de contar también con este dispositivo de seguridad electoral. El nuevo CNE debería también decidir que el día de las elecciones no podrán funcionar en el territorio nacional los llamados “puntos rojos”, pues en ese día y los días previos está terminantemente prohibida la realización de campaña electoral. 

Serían medidas muy simples pero muy contundentes en el sentido de enviar un mensaje muy claro a la nación venezolana y al mundo entero. Los partidos de la oposición democrática que están en la Mesa de Diálogo Nacional y otros que no están en ésta son todos partidarios de la instrumentación inmediata de este tipo de medidas. El PSUV debería asumirlas también de inmediato, si es que realmente está interesado en contribuir a la mayor legitimación posible de las elecciones de diciembre.   

@LFuenmayorToro 

LUIS FUENMAYOR TORO, MARCHAS Y CONTRAMARCHAS

Desde 2009 venimos luchando por establecer la proporcionalidad electoral, que muchos confunden con la representación de las minorías. Denunciamos en su momento a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, promulgada ese año, como violatoria del artículo 63 y otros de la Constitución Nacional, al establecer un sistema electoral de carácter mayoritario, que sobre representa al partido que gana las elecciones, sub representa a quien llega en segundo lugar y niega representación al resto de los participantes, sin importar la magnitud de la votación recibida. Las mayorías calificadas obtenidas por el PSUV en 2010 y por la MUD en 2015 no son por haber alcanzado una votación abrumadora, ni por la existencia de una ventaja muy amplia sobre su inmediato contendor. Se deben a una manipulación inconstitucional en el reparto de las plazas.

En 2009, demandamos incluso la inconstitucionalidad de la LOPRE ante el Tribunal Supremo de Justicia, que olímpicamente negó nuestra solicitud. La ley, aprobada en una Asamblea Nacional sin diputados opositores, favorecía al PSUV, que dispondría de las mayorías necesarias para gobernar solo. La MUD jamás se unió a este reclamo; es más, varios de sus líderes fueron partidarios del sistema aprobado. Era evidente que esa oposición esperaba su momento de estar sobre representada. No le interesaba, como al gobierno tampoco, que el sistema mayoritario dejara a buena parte de los votantes sin representación ninguna.

Sólo les importaba, como al gobierno, llegar en algún momento a disfrutar de esa hegemonía en la AN y otros cuerpos. Y así fue. Llegaron a tener las 2/3 partes de los votos y sabemos cómo usaron esa hegemonía.

Con la Mesa de Diálogo Nacional (MDN) apareció una gran oportunidad de corregir la inconstitucionalidad vivida desde 2009. En la comisión respectiva, que coordinaba Francisco Ameliach, presentamos un documento conceptual y un algoritmo matemático para garantizar la representación proporcional constitucional, garantizando también la personalización del voto en el cien por ciento. El documento fue acogido con bombos y platillos, pero su puesta en práctica ha dejado mucho que desear. Por distintas razones, el gobierno ha seguido apegado al equivocado criterio de mantener dos tipos de candidatos: nominales y por lista, cuando ése no es el mandato constitucional. Todos los candidatos deben ser votados personalizadamente, lo que no ocurre en las listas, y la proporcionalidad debe aplicarse siempre, no sólo en las listas.

Se llegó a una fórmula que ha levantado objeciones de diversos sectores y no sólo del extremismo opositor. Estas tienen que ver con el aumento en el número de diputados, el cual se considera inconstitucional. Hemos vivido más de una década con una LOPRE inconstitucional, y la protesta nunca fue de la magnitud actual. Pocos levantaron sus voces todos estos años. Y con esto no quiero decir que se deba responder a una inconstitucionalidad con otra. No. Pero no puedo, en función de la crítica situación nacional, dejar pasar por alto este reclamo.

Tampoco puedo dejar de repetir que las inconstitucionalidades e ilegalidades cometidas desde hace más de 10 años, y en las cuales han sido protagonistas los gobiernos chavecistas y la oposición abstencionista, extremista y violenta, hacen necesario un acuerdo político de la mayoría del país que nos regrese a la sensatez, antes de abordar las correcciones constitucionales y legales.

En todo caso, para mí, la cuestión principal es que en la elección venidera exista proporcionalidad electoral, es decir que no haya ninguna sobre representación ni sub representación de los partidos y grupos participantes. El gobierno no debe buscar ni tratar de imponer mecanismos que den al traste con este objetivo. Si algo, en medio de la diatriba, puede conquistar voluntades es la seguridad de un reparto proporcional a la votación obtenida. Este es el logro más importante. Se deben desechar mecanismos perversos como el de las morochas u otros que den al traste con la proporcionalidad. Repito, para que quede claro: no debe haber sobre representación de quien gane. Si el partido o alianza ganadora obtiene las mayorías calificadas establecidas en la Carta Magna tiene que ser porque obtuvo una proporción de votos del mismo tenor. De lo contrario, se habrá perdido otra oportunidad de enderezar entuertos.

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro

LUIS FUENMAYOR TORO, EL NUEVO CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (II)

En artículo anterior señalé las tres decisiones iniciales a tomar por el CNE recientemente designado por el TSJ. Convocar las elecciones de AN, depurar el REP y solicitar la observación internacional. También dije que la legitimidad de los órganos políticos venezolanos hoy, lamentablemente, no puede surgir de la Constitución y las leyes de la República. Estos instrumentos han sido tan prostituidos en los últimos años por el gobierno y la oposición, lo que los hace inutilizables en este aspecto, lo cual no quiere decir que cuando se pueda utilizarlos no se haga. Son los acuerdos políticos entonces los creadores de la legitimidad de las decisiones que se tomen en la actualidad. Mientras estos incluyan a un mayor número de sectores, mayor será su legitimidad. 

Lo ideal hubiera sido que casi toda la oposición hubiera participado en las conversaciones iniciales para resolver la crisis existente y en las primeras decisiones tomadas, pero no se pudo a pesar de que se intentó. Santo Domingo, Noruega, Barbados y todo lo hecho en Caracas desde septiembre 2019 para acá, así lo demuestra. Nada más durante la cuarentena hubo más de una veintena de reuniones entre el gobierno y la oposición liderada por Guaidó, a las que hay que agregar las reuniones de la Mesa de Diálogo Nacional y los encuentros bilaterales entre los distintos grupos. Se logró sólo incorporar a AD, mediante una negociación que le dio un rector principal en el nuevo CNE. Las divergencias generadas después las tendrán que aclarar los dirigentes de ese partido, es un problema de ellos y de más nadie. 

Pero el nuevo CNE no sólo es un instrumento para hacer elecciones. Es un organismo que debe iniciar el proceso de regreso a la vía electoral, como fórmula democrática, pacífica y soberana, de resolver las contradicciones y luchas en relación con la toma del poder político por los distintos grupos o partidos y la determinación de cuáles hombres deben dirigir el país en un período determinado. El deterioro nacional es tan grave en todos los sectores de la vida social, los enfrentamientos políticos son tan virulentos y la credibilidad de la población en sus líderes es tan reducida, que hace falta un acuerdo nacional para enfrentarlos en forma exitosa y al menor costo social posible. Pero esas mismas taras constituyen un impedimento para alcanzar el acuerdo necesario, por lo que su construcción sólo es posible en forma paulatina, incorporando cada vez más sectores al mismo. 

Éste es el reto del actual CNE y del que nombre la Asamblea Nacional electa en diciembre venidero, para organizar todos los procesos electorales por venir. Iniciamos ese camino en este momento y nuestra meta es tener éxito en aumentar la participación electoral, tanto de las organizaciones políticas y sus representantes como de los votantes asistentes a los comicios. En esta tarea, las condiciones electorales juegan un papel vital en la credibilidad de la gente en los comicios y sus resultados. Uno de los primeros esfuerzos se refiere a la equidad en la participación de las organizaciones políticas, de tal manera que se evidencia una gran diferencia cualitativa con lo ocurrido en los procesos electorales anteriores. El ventajismo oficial, el peculado de uso por el partido de gobierno, deben finalizar o reducirse en forma apreciable.    

La propaganda electoral será una atribución del CNE, dentro de su obligación de hacer conocer a la población las ofertas electorales y así lograr la mayor participación posible. El ente rector no sólo la financiará sino garantizará su uso equitativo por las distintas organizaciones participantes. El acceso a las radios y televisoras del Estado, así como a la red privada, en los distintos programas de opinión y en la propaganda elaborada para ser transmitida, debe ser equitativo durante toda la campaña electoral. Así mismo, la gran propaganda de vallas y similares, pancartas, pendones y murales será también distribuida equitativamente por el órgano rector. El CNE tendrá que garantizar que la actuación del gobierno sea los más comedida posible, en relación a las informaciones oficiales transmitidas en el período electoral. 

Si estos objetivos se logran, habremos avanzado correctamente en el camino del rescate del voto y de la participación electoral ciudadana.   

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro 

LUIS FUENMAYOR TORO, LA SALIDA ES POLÍTICA

Arrancamos diciendo que en Venezuela, el inicio de la recuperación económica, social e institucional, no es de naturaleza legal y ni siquiera constitucional. Es de naturaleza política. Se impone un acuerdo entre el gobierno, el real, el verdadero, el que controla territorio, el que atiende el teléfono en Miraflores, como le oí decir a un líder del siglo pasado, de gran experiencia y conocimientos, candidato presidencial socialcristiano para más señas. Este gobierno, legítimo o ilegítimo, dictatorial o libertario, como queramos llamarlo, pero gobierno, al fin y al cabo, debe acordarse con quienes se le oponen, con quienes lo critican, a mi manera de ver con toda la razón; con quienes quieren sustituirlo en el poder ejerciendo el derecho que les da la práctica de todas las sociedades democráticas. Acordarse para salir del atolladero en que estamos y que causa una gran infelicidad y sufrimiento al pueblo venezolano.

Pero ese encuentro entre opositores y gobierno no es una rendición incondicional de este último, entre otras cosas porque no ha podido ser derrotado ni desplazado del poder por ningún medio venezolano: político, insurreccional o militar. Y eso que algunos llevan décadas intentándolo y en forma intensa, con costo de vidas, heridos y libertades personales. Tampoco han podido, hasta ahora, derrocarlo con la ayuda de otros países, ni con el aislamiento diplomático de los más poderosos de nuestro mundo, ni con invasiones extranjeras. Y no voy a comentar la procedencia patriótica de estas acciones, pues no es el objeto de este artículo.

Es imposible resolver la actual crisis aplicando las leyes o la Constitución. El gobierno las ha violentado todas. No voy a hacer una enumeración de estas violaciones legales, pues me faltaría espacio. La oposición de Guaidó, para llamarla de alguna manera, también se las ha saltado con entusiasmo, sin importar las mentiras y racionalizaciones de unos y otros. Ilegítimos son todos. Tómese cualquier caso de inobservancia legal o constitucional y trate de desenrollar esa madeja para que vea que tengo total razón en lo que digo. El nombramiento del nuevo CNE, por ejemplo, nos consumirá páginas y páginas electrónicas y declaraciones al por mayor, en argumentaciones y contra argumentaciones, todas válidas pero inservibles. Al final lo único realmente importante es que se designe el mejor Consejo Nacional Electoral posible. Un cuerpo que supere en eficacia, transparencia, composición y sentido común al actual. Más nada.

CNE que organizará las elecciones parlamentarias venideras, las que tocan pues la AN actual cumpliría su período de 5 años en enero 2021. Y no puede seguir. Independientemente que me guste mucho Guaidó, Guanipa, Guerra; que los crea unos prohombres y dueños de la verdad y los mejores diputados que Venezuela haya tenido alguna vez. Se les terminó el período y ya. En esas elecciones debería participar el mayor número posible de organizaciones políticas, incluidas las del llamado G4, las de esos diputados insignes que deberían volver a serlo. Que no deberían dejar huérfanos a sus seguidores, ni mucho menos a la República. Que con su presencia garantizarían una mayor pluralidad en la próxima Asamblea Nacional. Si algo debe quererse es un Poder Legislativo plural, dónde estén todas las tendencias políticas. Sin hegemonía de ningún grupo. La hegemonía es lo peor para la democracia.

Ese nuevo CNE también será el que organice las próximas elecciones de alcaldes, las elecciones de gobernadores en 2021, las cuales no deben posponerse como indebidamente se hizo con las últimas; será quien vuelva a poner en sintonía las elecciones de concejales y las de los consejos legislativos regionales con las de sus poderes ejecutivos respectivos. Y será ese CNE el que reciba la petición, en 2022, de organizar el Referéndum Revocatorio Presidencial, si es que para ese momento se considera que el mandato de Maduro debe ser revocado. Y tendrá que organizarlo, pues no aceptará que unos tribunales penales de control, incompetentes frente a las decisiones de un Poder Nacional, decidan lo contrario. Ésta debería ser la agenda política a seguir por los venezolanos, sin inmediatismos contraproducentes, sin impaciencia, con los pies bien puestos en la tierra.

Pero, para que este proceso sea exitoso y libre de eventualidades desagradables y contraproducentes, y acompañe apuntalando el proceso de normalización política, económica y social del país, la participación de los venezolanos en todos los actos comiciales venideros, comenzando con el próximo de la Asamblea Nacional, debería ser cada vez mayor hasta hacerla masiva. A quienes insistan en vías violentas equivocadas, en atajos inconvenientes, el pueblo votante debe enseñarles con claridad el camino a recorrer.

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro

LUIS FUENMAYOR TORO, ENREDOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES INMANEJABLES

El enredo constitucional, legal y normativo existente, generado por decisiones contrarias a derecho, a la lógica elemental y a todo asomo de sensatez, es realmente monumental. Cada vez que oigo a abogados “expertos” y no tan expertos, tratando de explicar situaciones insólitas, me convenzo más y más que las salidas a las mismas no son en absoluto legales ni constitucionales. Son en primera instancia de naturaleza política, sin que esto niegue la acción ulterior de verdaderos constitucionalistas y expertos jurisconsultos, para poner en orden todo el desorden generado en estos más de 20 años, por las acciones de un gobierno y una oposición desquiciados. Con esto quiero decir que se requiere primero alcanzar un acuerdo mayoritario sobre la ruta a seguir, para lograr la estabilidad que permita iniciar el largo proceso de normalización de la República. Siempre quedarán fuera los enfermos mentales metidos a políticos, que repetirán sin ningún cambio sus fracasadas propuestas.

Fíjense en este enredo, a manera de ilustración. El TSJ declara la omisión legislativa de la AN, pues no designó a tiempo a los nuevos rectores del CNE. Pero no habría ninguna omisión si se considera que los rectores actuales no han finalizado su período, por lo que no hay entonces que nombrar unos nuevos. Sin embargo, la AN había designado un Comité de Postulaciones con este propósito y por ello el TSJ le pide un informe sobre la evaluación de los candidatos. 

Y se lo pide el mismo TSJ que declaró a la AN en desacato y a todas sus decisiones como írritas. Pero es que la figura del desacato no se aplica a cuerpos como la AN. Entonces, al no estar en desacato y no haber designado a los miembros del CNE a tiempo, habría una omisión parlamentaria y el TSJ debe proceder en consecuencia. Pero es que parte del TSJ fue designado por la anterior Asamblea violando los procedimientos, por lo que sus decisiones serían cuestionables. Y así podríamos continuar y no terminar nunca sino en un círculo vicioso que nos regrese al principio.

Otro caso parecido: La AN decide no reconocer las elecciones de mayo de 2018 en las que Nicolás Maduro fue electo Presidente de la República. No discutamos aquí la inexistencia de base legal ni constitucional de esta decisión, para no complicar todavía más las cosas. Al no haber Presidente, hay falta absoluta del mismo y el Presidente de la AN debe asumir la Presidencia de la República por 30 días. Pero Guaidó lleva año y medio siendo “Presidente Encargado”. Y pareciera, por declaraciones que he leído de algunos “guaidoistas”, que seguirán prorrogando esta situación ad infinitum, a pesar de que se elija una nueva AN este año. Y es que una de las quejas principales opositora es que no existen en Venezuela división de poderes y el Ejecutivo controla todo. Pero, Guaidó, Presidente encargado, sigue siendo también Presidente de la AN, tiene las dos presidencias, lo que lo hace el hombre Estado y nos retrotrae a etapas anteriores a la República, en las que no había división de poderes. ¿Entonces?

Y no incorporo las disposiciones de la Asamblea Nacional Constituyente, ni las sentencias del TSJ contra las leyes promulgadas por la AN, ni todo el desorden legal y constitucional anterior a Maduro, producido luego de rechazada la reforma constitucional en 2007. Un acuerdo de todos los que puedan acordarse nacionalmente. Un acuerdo que respete que la salida es nacional, soberana, independiente, democrática, lo más plural posible y sin hegemonías. Un acuerdo que privilegie la toma de decisiones por los ciudadanos en procesos electorales universales, de votaciones directas (un hombre un voto) y secretas, dónde se rescate la proporcionalidad electoral, se habilite para participar al mayor número de partidos y organizaciones posibles y sin la inhabilitación ilegal de dirigentes políticos.

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro

LUIS FUENMAYOR TORO: MÁS SOBRE LA GASOLINA

Oír a Maduro decir, respecto del nuevo precio de la gasolina, algo así como que el litro de gasolina costaría menos que un toronto, me pareció un insulto mayúsculo a los venezolanos, dada la burla implícita en tal expresión. Estaba diciendo que la gasolina, que él había aumentado varios miles de veces era realmente baratísima y que cualquiera la podría adquirir sin mayores problemas. El principal responsable de la debacle de PDVSA, de que no estemos produciendo gasolina, a pesar de las “grandes reservas de petróleo del país potencia” y de haber producido en el pasado reciente toda la gasolina que consumíamos, se exprese de esa manera tan burda, sin la más mínima autocrítica, me causó una repulsión que no había sentido hasta ahora a pesar de todo lo que ha ocurrido.

Me pareció una burla inaceptable, un desprecio inhumano por los venezolanos, un grado de indolencia intolerable y una desfachatez pocas veces vista. ¿Ignora acaso el Presidente que la hiperinflación generada por sus erradas políticas monetarias y económicas en general, ha elevado los precios de todos los bienes y servicios en magnitudes desconcertantes? ¿No sabe acaso que la mayoría de los venezolanos no se puede comprar un toronto? ¿Qué el salario mínimo es de apenas poco más de dos dólares mensuales? Se trata del salario mínimo más bajo del mundo; así como se oye, sin exageración ninguna. Mundialmente se considera pobre a quien devengue por día, no por mes, menos de un dólar, y en

Venezuela el salario mínimo es de 0,075 dólares diarios, es decir sólo el 7,5 por ciento del dólar.

Pero es que los sueldos de la administración pública, donde laboran 3 millones de personas por lo menos, no alcanzan a ser ni de medio dólar al día, excluyendo los altos cargos, que no se sabe a ciencia cierta cuánto ganan. El salario en Venezuela realmente ha desaparecido y en muchos casos la gente paga para trabajar, pues le cuesta en dinero mucho más ir al trabajo que lo que recibe luego como sueldo o salario. Pero a nada de esto se refiere nunca Nicolás Maduro, ni ninguno de los personeros oficiales cuando se dirigen a la población. Lo ignoran olímpicamente, como si las realidades desaparecieran al no querer verlas.

En Kenia, el salario mínimo es de 61 dólares mensuales, en Corea del Norte: 66, en Camerún: 73. En Haití es de 67 dólares al mes. ¿Cómo explican que Nicaragua, país hostigado por el Departamento de Estado y con mucho menos recursos que Venezuela, tenga un salario mínimo mensual de 129 dólares? Y esta destrucción salarial tiene mucho tiempo, comenzó antes de Maduro, aunque a algunos le disguste la referencia al pasado cercano, pero estuvo camuflada detrás del altísimo valor asignado oficialmente a un bolívar existente sólo con fines de corrupción y saqueo.

Destruyeron PDVSA; algo que parecía imposible; destruyeron todas las empresas básicas de Guayana, las empresas eléctricas y la CANTV; acabaron con el bolívar, con el BCV, con la nación entera, y no hay ni siquiera un mínimo asomo de vergüenza, mucho menos de rectificación. Sólo sobreviven en el poder por la vía de la fuerza y la represión y porque han tenido una oposición todos estos más de 20 años a la medida de sus intereses, con sus mismos o peores vicios, y que no parece que cesará en sus aventuras violentas antinacionales. 

¡Pobre pueblo

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro

LUIS FUENMAYOR TORO, SITUACIONES INAUDITAS QUE DICEN MUCHO

Los fanáticos que están contra el gobierno y quienes están contra la oposición extremista, como buenos fanáticos son imposibles de convencer de nada distinto de lo que creen, sin importar las pruebas que se presenten. Díganle a Diosdado, que la recomendación de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, de hacer un número mayor de pruebas PCR en la Covid-19 es buena, y agarrará el teléfono para que el SEBIN les haga “tun, tun” (visita domiciliaria) a los académicos y los convenza con su mazo paleolítico de dejar de hablar pendejadas. Díganle a Guaidó o a los abogados que lo apoyan, que se cometió prevaricación en la designación del Procurador Especial para la defensa de CITGO, pues el escogido había sido testigo experto de Christalex, la empresa demandante de CITGO, y les dirán que se trata de un prohombre que está por encima de esas nimiedades, por lo que esos criterios defendidos en el pasado no se apliquen en este caso. Ambas son respuestas inauditas, impropias de seres racionales y sólo producto del fanatismo desatado y la desesperación. 

Llegar a aceptar que algunas de las decisiones del gobierno pueden ser correctas y que lo mismo puede pasar con decisiones de la oposición extremista, y que se debe tener una posición científica y objetiva en el análisis de las mismas, de manera de no apoyarlas ni negarlas simplemente por fanatismo, es imposible para estos sectores. Para ambos vale todo, se trata de acabar con el adversario, de no darle respiro, de negarle la más mínima razón. Allí no hay conversación posible, pues pasa por la rendición incondicional del adversario. Y en esto, el discurso opositor es peor que el gubernamental, pues Maduro, sea por lo que sea, por hipocresía o para engañar, ha dicho siempre que está dispuesto a dialogar, que se vuelva a Noruega, que se quiere sentar incluso con Donald Trump y que todo lo haría “por el bien de Venezuela”. 

Un caso patético fue el del crédito de la CAF para resolver los problemas eléctricos del Zulia, los Andes, Nueva Esparta y parcialmente Caracas, por varios cientos de millones de dólares. La CAF exigió que Maduro, como Presidente de la República lo solicitara, pero que la Asamblea Nacional presidida en aquel momento por Guaidó lo tenía que aprobar y que la administración de los fondos la haría una agencia como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Maduro aceptó las dos condiciones, pero la AN de Guaidó no quiso aprobar el crédito. Esa situación fue algo inaudito, inaceptable por cualquier venezolano que quiera a su patria y a su gente. Los seguidores de Guaidó aceptaron sin crítica ninguna la siniestra decisión de su dirigencia, que condenó a cuatro regiones del país a seguir en la obscuridad en que el gobierno de Maduro los había sumergido. 

Un grupo de venezolanos acabamos de hacer una propuesta, para utilizar los fondos secuestrados a Venezuela en el exterior o parte de los mismos, en el enfrentamiento de la pandemia por la Covid-19 y sus efectos. Jorge Rodríguez acaba de declarar, sin mencionar nuestra propuesta, que el gobierno está dispuesto a que esos fondos los administre el PNUD. No me importa si lo dijo por politiquería, porque se lo ordenó Maduro para engañar a los venezolanos, porque se sintió conmovido con su informe diario sobre la pandemia o por las razones que fueran. Abrió una posibilidad que debe ser asumida por la oposición de Guaidó, si no fuera indolente y le importara algo la gente que vive en el país. Deberían impulsarla con sus aliados extranjeros, que son quienes tienen ese dinero secuestrado. No existe otra respuesta aceptable. 

Como lo dijimos cuando anunciamos la primera vez el crédito de la CAF, veremos qué pasa. Estas son situaciones concretas, que no dependen del “me parece”, “yo creo”, ni ambigüedades politiqueras por el estilo. ¿Apoyan o no apoyan una proposición viable favorable a todos?   

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro