Todo régimen autoritario o dictatorial recurre a la violencia para conservar el poder, reprimir las legítimas protestas de la población, enfrentar y mantener a raya a sus opositores y garantizar su unidad interna. Los métodos del diálogo, la búsqueda de consensos, las rectificaciones, se van haciendo paulatinamente más lejanas en la medida que el autoritarismo se entroniza. Gradualmente, deja de responder a las necesidades sociales, humanas y políticas de la nación, por lo que, con el tiempo, la represión se convierte en lo fundamental y se extiende hasta afectar a la propia maquinaria partidista-militar-policial que lo sostiene. Es una situación ya extrema, que anuncia una descomposición importante al interior del régimen de que se trate y que pudiera significar la pérdida de la estabilidad tan finamente construida a lo largo de los años.
En los últimos días han ocurrido una serie de hechos, la mayoría de ellos aberrantemente violentos, que nos hacen pensar si su significado va más allá de la de hechos fortuitos. Los sucesos han tenido como víctimas a activistas populares del entorno gubernamental y del PSUV y como autores a agentes policiales, lo cual los liga al gobierno, o a encapuchados actuando abiertamente sin temor ninguno. El 21 de agosto pasado, dos periodistas de Guacamaya TV, Andrés Eloy Zacarías y Víctor Torres, fueron asesinados en Cabimas por agentes encapuchados de las FAES de la PNB, quienes los ajusticiaron y luego trataron de presentarlo como la ocurrencia de un enfrentamiento, lo cual fue desmentido por las investigaciones realizadas oportunamente por el Ministerio Público.
Otro hecho parecido ocurrió al otro extremo de nuestra geografía, en el estado Sucre, donde el dirigente chavecista profesor José Carmelo Bislick Acosta fue asesinado en Güiria, luego de haber sido secuestrado de su casa por unos encapuchados delante de toda su familia. Se supone que la motivación de este brutal hecho radica en las denuncias permanentes del profesor Bislick sobre los negocios ilegales existentes con la gasolina y el narcotráfico en el municipio Valdez, actividades en las que aparentemente están involucrados en alguna forma dirigentes de la Alcaldía correspondiente y dirigentes del PSUV de la zona. Bislick era un dirigente regional chavecista muy crítico, lo que le ganó la animadversión de quienes se sintieron descubiertos por sus denuncias. A sus exequias no asistió el Alcalde ni la dirigencia regional del PSUV.
Aunque un tanto diferente, no se puede dejar de mencionar el caso de la desaparición del dirigente político de la “revolución” Carlos Lanz, hace más de 20 días, sin que hasta ahora las gestiones policiales realizadas oportunamente hayan podido resolver el caso. Esta situación nos recuerda la lamentable desaparición en Mérida, hace más de 5 años, de Alcedo Mora, quien se desempeñaba como secretario de la Secretaría de Gobierno del Estado y había denunciado la existencia de una red de contrabando de combustible que involucraba a altos funcionarios de PDVSA. Ni de Mora, ni de los hermanos Vergel Prado, con quienes salió el día de su desaparición, se ha sabido nada desde entonces. Esperemos que no ocurra lo mismo con el caso de Carlos Lanz, con cuya familia me solidarizo totalmente.
Luis Fuenmayor Toro
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