El concepto de
legitimidad en materia jurídica se refiere a aquella capacidad de la persona
para obrar, para adquirir derechos y cumplir obligaciones en sus relaciones con
los otros en los diversos planos de su actuación. Esta sería la llamada
legitimidad de causa que transforma a la persona en titular de un derecho
sustancial. Por otra parte, se relaciona con la misma aquella otra que se
refiere a la capacidad del individuo para estar en juicio o intervenir en
procedimientos. En ambos tipos de legitimación surge un elemento fundamental:
la capacidad, la aptitud, la habilitación para desempeñar como persona sus
cometidos con efectos en el mundo jurídico. Alguien que no sea el titular de un
derecho no puede ejercerlo; alguien que tenga la titularidad del mismo debe
evidenciar su condición, la cualidad y la adecuación de sus acciones.
La legitimidad
política, por su parte, reúne estas características y otras, exige por un lado
detentar la titularidad de gobernante y, al mismo tiempo, de manera
indispensable y condicionante, la capacidad de proceder adecuadamente para
alcanzar los objetivos colectivos conforme a los fines de la nación.
En las modernas
democracias, si bien la legitimidad electoral resulta necesaria, es preciso
además poseer auctoritas, la demostración de competencias públicas que se
evidencia en las propuestas, desenvolvimiento y resultados del ejercicio del
mandato, la aceptación y reconocimiento que produce entre los ciudadanos y que
confirma las razones en virtud de las cuales fue elegido.
La legitimidad que
involucra el consenso social que genera un gobierno, la valoración de sus
políticas y sus efectos relacionados de manera directa con su capacidad de
materializar el bien público, administrando responsablemente los recursos,
asumiendo y solucionando los problemas nacionales, mereciendo y conservando el
respaldo mayoritario o general de la población.
Cuando la sociedad
formula sus mandatos y el gobierno los incumple, cuando éste no satisface las
demandas sociales, cuando su conducta inclusive causa daños y perjuicios al
país en el orden político, social, económico, cultural y moral, un gobierno se
deslegitima y se desnaturaliza y el pueblo debe y puede ejercer su derecho a
exigir rectificaciones, responsabilidades, sanciones y, además, revocar por los
medios legalmente establecidos el mandato que otorgó.
El derecho público
moderno contempla tales mecanismos reconociendo el derecho de los pueblos a
expresar su voluntad, y ante ella ninguna autoridad debe interponer obstáculos
y trabas pretendiendo impedir su libérrima decisión, tal y como lo sostiene la
doctrina democrática, que privilegia la autodeterminación de los pueblos, las
libertades políticas, la vigencia y defensa del Estado de Derecho y los
intereses nacionales superiores siempre a los de un grupo político o social.
Cualquier obstáculo indebido, sustantivo o procedimental, con el que se
pretenda impedir la decisión popular de revocar un mandato constituiría un acto
y conducta antidemocrática prohibida por el derecho nacional e internacional y
repudiada por el pueblo.
La legitimidad es
exigible además del Poder Ejecutivo, a todos los otros del Estado, y la misma
se evidencia cuando cumplen sus obligaciones y competencias administrando
rectamente el sistema de justicia; garantizando la vigencia de los derechos
humanos; sosteniendo el equilibrio institucional de manera autónoma e
independiente, garantizando la legalidad y asumiendo los roles que les son
propios. Si tales condiciones faltan, los sujetos y entidades responsables
perderían su respectiva legitimidad.
Finalmente, existe
una importante relación entre los conceptos de legalidad y de legitimidad.
Ambos coinciden cuando la actuación del gobierno se ajusta a las normas y está
conforme a la voluntad de la nación. Su conducta debe justificar la fe y la
confianza pública que fue depositada para dirigir "según la razón",
tal y como lo expresó Platón, alcanzando el consenso de la sociedad a la cual
se debe asegurar el bien común, obligación inexcusable un gobierno serio, competente,
justo, honesto, responsable y verdaderamente democrático.
Jose Felix Diaz
Bermudez
jfd599@gmail.com
@jfdiazbermudez
Anzoategui -
Venezuela
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