DEBE DEMOSTRAR SU INOCENCIA
Las acusaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra el vicepresidente de la
República, Tareck El Aisami, según dice el comunicado de ese organismo, no
están basadas en hipótesis o presunciones, sino en una investigación llevada a
cabo durante varios años. El Gobierno estadounidense se ha cuidado, en este
caso, de no cometer el mismo tipo de errores en los cuales incurrió cuando
detuvieron al general “El Pollo” Carvajal en Aruba, en 2014. Los señalamientos
son específicos. Se mencionan nombres y apellidos de personas que forman parte
de redes internacionales de narcotráfico, y se habla de episodios concretos en
los que se distribuyeron drogas con la participación directa de El Aisami.
La Embajada Americana en Venezuela, generalmente tan discreta y
ponderada en sus comentarios, puso a circular en su cuenta en twitter
-@usembassyve- un texto particularmente filoso, alejado de los protocolos
diplomáticos convencionales: “El Departamento del Tesoro impone sanciones al
narcotraficante venezolano Tareck El Aisami y (a) Samark López”. Este último es
señalado como su testaferro. Nada de apelar al vocablo “presunto”, fórmula
periodística, policial y judicial clásica que le otorga el beneficio de la duda
al indiciado. El propósito consistía en despejar desde el inicio las incógnitas
y emitir una afirmación concluyente.
Los señalamientos contra El Aisami no son nuevos. Al antiguo modesto
dirigente estudiantil, militante del grupo ultraizquierdista Utopía 78, que
actuaba en la Universidad de los Andes (ULA), se le ha acusado desde hace años
de haber acumulado una inmensa fortuna, una de cuyas columnas es su imperio
comunicacional, construido con testaferros, que reúne televisoras, periódicos y
emisoras de radio, desde donde se ha proyectado como figura nacional emergente
del chavismo, y segundo hombre de abordo, a pesar de ser joven, apenas 42 años,
y no formar parte de los conjurados. Contra él han enfilado las baterías
antiguos simpatizantes del oficialismo. El exmagistrado Eladio Aponte Aponte y
Walid Makled, conocido narcotraficante, son apenas dos de los personajes, que
estuvieron vinculados con el gobierno que le han lanzado dardos envenenado al
Vicepresidente.
La respuesta del gobierno frente a las imputaciones del Departamento del
Tesoro son las de siempre. Se trata de una calumnia y una infamia, dicen Maduro,
la Canciller y el propio incriminado. Igual ocurrió cando el gobierno
norteamericano acusó al general Néstor Reverol. Ofensas y mentiras las que el
oficialismo inventó contra Leopoldo López, Antonio Ledezma, Yon Goicoechea y
Braulio Jatar, por ejemplo, a quienes se les sembraron armas y se le formulan
cargos forjados.
¿Por qué los Estados Unidos la
emprende contra jerarcas del gobierno venezolano y no ataca a altos
funcionarios de otros gobiernos como el de Cuba, Nicaragua, Bolivia o Ecuador,
que suelen pronunciar encendidos
discursos contra la potencia del norte? Es raro, ¿verdad? Venezuela, además,
les vende la mayor parte de su petróleo a los norteamericanos y continúa siendo
un importante importador de bienes que se producen en esa nación. El intercambio comercial entre ambos países,
a pesar de haber disminuido durante los últimos años, sigue siendo
significativo. No existe ninguna razón política o económica por la cual el
gobierno de Donald Trump le tenga animadversión al de Nicolás Maduro, que no
representa ningún peligro para la primera potencia militar y económica del
mundo.
La paranoia de Nicolás Maduro y su equipo con los Estados Unidos carece
de todo fundamento racional. La administración Trump encara demasiados
problemas complejos e inquietantes, como el de las relaciones con México, para
abrir un nuevo frente en América Latina con el vociferante gobierno
bolivariano.
Las imputaciones contra Tareck El Aisami afectan al conjunto del
gobierno venezolano. En el plano internacional nadie va a aceptar la tesis del
régimen según la cual se trata de una conjura imperial contra la devaluada
revolución criolla. Existen numerosos elementos que incriminan al
Vicepresidente.
Si él se considera injustamente agraviado debe renunciar a su cargo y
demostrar que se trata de una confabulación de sus enemigos externos e internos
para cortar su meteórica carrera hacia la cumbre del poder.
De tener éxito, será el héroe de los rojos. Su hoja de vida quedará
limpia de toda mácula. Pero, si se atornilla al cargo sin demostrar su
inocencia, las sospechas se convertirán en evidencias irrefutables de que los
gringos tienen razón. El Estado venezolano quedará como un narco Estado.
Trino Marquez Cegarra
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
Miranda - Venezuela
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