ÁGORA DE IDEAS
Si quisiéramos hacer un diagnóstico acerca de la salud democrática del
país llegaríamos a la lamentable conclusión de que las prescripciones que
establece la Constitución venezolana en esa materia están severamente
afectadas. Hasta hace poco todo se refería a la ruptura del hilo constitucional
por las interferencias del Poder Judicial con dictámenes contra el Poder
Legislativo para favorecer los antojos de Maduro y su régimen. Sentencias
dirigidas al resquebrajamiento del principio de división de poderes que,
además, afecta seriamente otro principio como el de la representación, que ha
sido, desde que el oficialismo perdió vergonzosamente la mayoría parlamentaria,
vulnerado y desconocido por el gobierno.
La democracia no es solo eso. Es también una práctica gubernamental que
debe satisfacer las demandas sociales que hacen posible que la sociedad viva de
acuerdo a unos niveles que tiene razones de exigir. Así, cuando el gobierno no
es capaz de velar por la alimentación, la salud, la seguridad personal y de los
bienes de todos sus ciudadanos, pone en evidencia el incumplimiento de aspectos
normados por la Constitución quebrantando decisiones y aspiraciones
democráticamente logradas por todo el tejido social.
Los poderes abyectamente subordinados a los dictados del Ejecutivo -así
ocurre en los regímenes no democráticos-, han ido configurando y desarrollando
impúdicamente el legado de Chávez. Nada de lo adelantado se corresponde con un
extravío político momentáneo, más bien se trata de unas ejecutorias que tarde o
temprano se impulsarían.
Cada vez que el gobierno actúa contraviniendo el cuerpo normativo de la
Constitución lo hace contra la voluntad de todos los venezolanos y, en razón a
semejante conducta, viola los principios democráticos. Este es un gobierno
transgresor que desde muy temprano violaba y viola a una Constitución que aún
no llega a sus 18 años.
El TSJ o el gobierno, que actúan agarraditos de la mano, trasgreden
sistemáticamente los derechos políticos de los venezolanos; el estado Amazonas
tiene un año sin su representación política en la Asamblea Nacional luego de
una sentencia del máximo tribunal del país cuyo único objetivo era impedir que
la oposición contará con las dos terceras partes del cuerpo legislativo que
obtuvo legítimamente en el 2015.
El CNE, integrante activo del steel band oficialista, facilitó la
suspensión del revocatorio atendiendo, como gusta y suele hacer, a las
peticiones palaciegas y, por si fuera poco, se sumó a una nueva violación
constitucional al no convocar las elecciones regionales previstas para el 2016.
Ahora, el derecho a la asociación y la promoción de la participación
política de los venezolanos es restringida por el Poder Electoral o por el
gobierno, que son lo mismo, afectando a los partidos políticos tanto del Polo
Patriótico como a los asociados en la MUD. El anunció del CNE, sobre la
renovación de los partidos políticos, persigue afinar la aspiración del líder
supremo de contar con el partido único de la revolución y va más allá al
pretender con otra eventual decisión gubernamental desde el TSJ, sacar a la MUD
del juego electoral.
Como en aquellos regímenes decimonónicos que encabezaron Stalin, Mussolini
o Hitler se avanza a la fuerza de medidas judiciales y administrativas para
echar por tierra los derechos políticos establecidos en la constitución para
satisfacer el sueño inacabado de Chávez y que ahora impulsan sus herederos.
En las condiciones que presenta el CNE y el gobierno, habrá competencia
electoral en tanto a reglas de juego que rigen los procesos electorales, mas no
habrá competitividad por cuanto se pretende imponer límites a las disputas
electorales al reducir la oferta electoral a la que presente exclusivamente el
gobierno.
Leonardo Morales
leonardomorale@gmail.com
@leomoralesP
Caracas - Venezuela
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