La solución ideal, óptima, de la terrible crisis que vive el país, sería la concreción de unos acuerdos negociados entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, liderada por Juan Guaidó, quien es evaluado positivamente por 70% de los venezolanos, mientras su oponente exhibe esa misma cifra, pero de rechazo. Maduro se encuentra aislado en el plano internacional. Las elecciones del 20 de mayo fueron criticadas por la mayoría de las naciones democráticas del planeta. Su legitimidad de origen ha sido cuestionada. Se encuentra en bancarrota. Cercado financieramente. Carece también de legitimidad de desempeño. Sin embargo, rechaza negociar con la oposición, olocada en el punto más alto de reconocimiento internacional y apoyo interno desde 2015, cuando se realizaron las elecciones para la Asamblea Nacional.
Ese negativa, por supuesto, no es frontal. El estilo insolente de Diosdado Cabello ha sido sustituido, en parte, por el tono más amable de Héctor Rodríguez, el joven gobernador de Miranda, o el talante más cínico e inescrupuloso de Jorge Rodríguez, quienes formulan vaporosas ideas globales sobre un hipotético diálogo. Según las piadosas expresiones de esos personajes, el gobierno quiere ‘dialogar’ con la oposición.
¿De verdad quiere hacerlo? Si en realidad estuviese interesado en mantener una relación fluida con sus oponentes, podría tomar algunas medidas. Menciono solo las siguientes. Liberar algunos presos políticos y líderes sindicales detenidos de forma arbitraria; allí se encuentran Iván Simonovis, los comisarios de la Policía Metropolitana, Juan Requesens, a quien se le violó la inmunidad parlamentaria, y Rubén González, a quien se le quebrantó el fuero sindical. Levantar las sanciones que pesan sobre Henrique Capriles y María Corina Machado, inhabilitados por ese ente fantasmal que es la Contraloría General. Permitir la incorporación a la Asamblea Nacional de los tres diputados de Amazonas, excluidos del Parlamento por una decisión caprichosa e inaceptable en un Estado federal descentralizado como el que define la Constitución del 99. Reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional y devolverle sus competencias, entre ellas aprobar el Presupuesto Nacional. Debe mostrar algún gesto que indique la posibilidad de cambiar la composición del CNE.
En resumidas cuentas: Nicolás Maduro tendría que dar algunas pistas concretas de querer negociar una salida pacífica a la grave situación nacional, que destruye al país, afecta a los grupos más humildes y erosiona cada vez más las bases sociales del gobierno. Las proposiciones abstractas que plantean los voceros del régimen lo único que provocan son sospechas. Se nota que lo único que buscan es ganar tiempo para el que temporal amaine, para que decline el efecto Guaidó o para que ceda la presión internacional. Son tretas burdas que intentan evadir la resolución del conflicto medular: el rechazo que produjo la elección del 20-M y el intento de Maduro de perpetuarse en el poder mediante malas mañas.
Nicolás Maduro sabe que él representa el obstáculo fundamental y que mientras permanezca en Miraflores los problemas persistirán. ¿Por qué, entonces, no negocia su salida ordenada del poder? Porque no se siente suficientemente débil, ni ve a sus rivales con la fuerza necesaria para desplazarlo.
Todavía controla las FAN. Su cúpula, apunta Michael Penfold, se transformó en una poderosa corporación de negocios económicos. Actúa como una compañía anónima que resguarda sus intereses financieros. Por esa razón, se hacen los locos frente a la destrucción de su propia institución, el avance del paramilitarismo, el fortalecimiento de los colectivos y de la milicia, cuerpos armados y violentos del madurismo. El régimen ejerce la represión, con el beneplácito de las FAN, a través de esos grupos irregulares.
Mediante la hegemonía y el chantaje comunicacional, Maduro ha logrado invisibilizar o desvirtuar en cierta medida la crisis eléctrica y de agua y reducir su carga explosiva. Las grandes estaciones de televisión tratan con una sutileza irritante las penurias de la población. A los circuitos radiales se les prohibió reportar en vivo el drama de los habitantes de las ciudades y pueblos, sometidos al látigo de los cortes intempestivos y prolongados de agua y electricidad. Las protestas populares son sofocadas de inmediato y con virulencia. El gobierno viola los derechos humanos de la población, entre ellos el derecho a estar bien informado. Los periodistas han sufrido los rigores del sadismo oficial.
El Psuv todavía cuenta con cerca de 30% de apoyo popular. Es el partido que aglutina la mayor cantidad de militantes o simpatizantes dentro del espectro político nacional. Esta fortaleza relativa del partido de gobierno permite que Maduro cuente todavía con alrededor de 25% de aceptación. Estos números, que en otro contexto, obligarían al Presidente a negociar, Maduro los asume como una fortaleza. Se considera una minoría, pero una minoría significativa frente a la dispersión de los partidos opositores.
Maduro es poyado por las dictaduras más oprobiosas de la Tierra y por grupos guerrilleros y terroristas internacionales. Considera esta, otra ventaja.
Por estas razones, no negocia. Solo es posible obligarlo.
Trino Márquez
@trinomarquezc
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