He venido escribiendo, desde hace años, sobre la cada vez mayor incapacidad del gobierno nacional de garantizar una función primordial de todo Estado: el control de su territorio. Desde mucho antes de la primera Presidencia de Maduro, denuncié el control por grupos irregulares militares colombianos de zonas urbanas importantes de las grandes ciudades, así como de pueblos enteros, ubicados en las zonas fronterizas con Colombia, situación muy evidente en aquel momento en el estado Táchira, pero extendida también al Zulia y al Apure. El reparto de nuestros territorios entre el ELN y grupos paramilitares colombianos, para el cobro de vacuna a los ciudadanos y la realización de otras actividades delictivas, fue un resultado inmediato de esta presencia y, en mi opinión, tuvo como responsable principal a Hugo Chávez Frías, quien, en sus deseos de ayudar a la guerrilla colombiana, permitió su presencia impune en Venezuela, lo que le impidió enfrentar la consecuente invasión de los paracos uribistas.
Meses después, Últimas Noticias, diario en el que había hecho la denuncia, respaldó los hechos revelados, así como su extensión a las zonas centrales del país. Más adelante, efectué la denuncia de la puesta en marcha de una maligna política: las “zonas o territorios de paz”, instrumentada por Maduro junto con el vice ministro del interior, justicia y paz, José Vicente Rangel Ávalos, que perseguía reducir la criminalidad en determinadas zonas geográficas del país, mediante un acuerdo con los delincuentes existentes en las mismas, según el cual no serían perseguidos ni apresados por los cuerpos de seguridad del Estado, siempre que se desarmaran, suspendieran sus acciones delictivas y comenzara un proceso de integración social a la vida legal en sus comunidades. Como era de esperarse, el acuerdo le permitió a las bandas existentes total impunidad para transitar y actuar en sus zonas, con lo cual aumentaron y estabilizaron sus dominios, mejoraron su armamento y consolidaron esos territorios.
Una de las zonas, donde el poder de las bandas se ha incrementado, es la de la Cota 905 y franjas aledañas de barrios pobres, que se extienden hasta La Vega y por El Cementerio hasta El Valle-Coche y la Panamericana. Debo aquí recalcar, como lo he hecho otras veces, que la Cota 905, a través de Los Laureles, se encuentra a menos de 400 metros del Comando General de la GNB, situado en la Plaza Madariaga de la urbanización El Paraíso. Fue esta zona el centro del enfrentamiento entre las bandas del “Coqui” de la Cota 905 y el CICPC (grupo BAES), que se prolongó por más de 5 horas de intercambio de disparos con armas largas y explosiones de granadas, que dejó el lamentable saldo de un funcionarios fallecido y cuatro seriamente heridos y obligó a los efectivos policiales a retirarse. Este resultado ha dado origen a comentarios ácidos sobre el poder de las bandas, la imposibilidad de controlarlas, las relaciones de complicidad con el gobierno y a burlas sobre el poder del gobierno contra una invasión gringa.
La causa del desastre ocurrido con este tipo de políticas radica en la absurda creencia de que el lumpen, los desclasados, los delincuentes y malvivientes, pueden ser en algún caso base de apoyo a medidas y fuerzas que se dicen revolucionarias. Es el mismo caso de la absurda creencia de Iris Varela, quien piensa que puede enfrentar al ejército gringo con un ejército “revolucionario” de prisioneros que han sido “rescatados”, con un programa milagroso de reinserción social, patriótica y militar. Los resultados en los barrios con los delincuentes, en las cárceles con los pran y en las minas de oro de Guayana con el ELN, son más que demostrativos de que se trata de políticas erradas. Y no estoy llamando a dinamitar los barrios, ni a asesinar a todos los habitantes de estos que nos parezcan delincuentes; eso se lo dejo a politiqueros ignorantes de los que quieren pescar en río revuelto.
Luis Fuenmayor Toro
@LFuenmayorToro
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