Las Academias Nacionales en cumplimiento de los mandatos legales de creación y en acatamiento de los mandatos imperativos de las conciencias de sus miembros, expresan su profunda consternación por las circunstancias en que ocurrió la muerte del Capitán de Corbeta de la Fuerza Armada Nacional, Rafael Acosta Arévalo, en la madrugada del 29 de junio del presente año.
Según los datos de que se dispone y que son de conocimiento público, el Capitán de Corbeta Acosta Arévalo había sido detenido, ilegal y arbitrariamente, por los organismos de inteligencia del Estado, el 21 de junio pasado. En ese momento, aún se encontraba en el país la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, invitada oficialmente en el marco de su evaluación de la situación de los derechos humanos en Venezuela, a los fines de presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos con las conclusiones y recomendaciones necesarias.
El Capitán de Corbeta Acosta Arévalo fue detenido sin una orden judicial, sin que se le sorprendiera “in fraganti” en la comisión de un delito y sin que se le pusiera a disposición judicial dentro de las 48 horas siguientes, como lo exige la Constitución, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En realidad, desde el momento de su detención, el Capitán Acosta Arévalo estuvo incomunicado y desaparecido, al igual que otros militares y civiles detenidos ese mismo día.
El jueves 27 de junio, el señor Tarek William Saab, designado de manera inconstitucional como Fiscal General de la República por la Asamblea Nacional Constituyente, acusó al Capitán de Corbeta Acosta Arévalo de estar implicado en un supuesto intento de magnicidio. Acosta Arévalo permaneció detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y fue presentado la noche del viernes 28 de junio ante el Tribunal Militar Tercero de Control del Circuito Judicial Penal Militar, con sede en Fuerte Tiuna. Conforme a las informaciones públicas de sus abogados, Acosta Arévalo llegó a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas, no hablaba y solo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien. Dado su estado físico, el tribunal militar lo envió al Hospital Militar de Fuerte Tiuna, en donde falleció a la 1 de la madrugada del día siguiente. A varios días de la muerte de Rafael Acosta Arévalo las autoridades no han informado sobre las causas que motivaron el deceso del oficial, ni han entregado el cuerpo a su esposa, Waleska Pérez, para poder realizar una autopsia independiente y darle sepultura conforme a sus creencias.
El Capitán de Corbeta Acosta Arévalo estuvo detenido y su deceso se produjo estando bajo la custodia de agentes del Estado. Por lo tanto, son las autoridades del Estado, al más alto nivel, las que deben dar explicaciones serias sobre quién ordenó la detención de Acosta Arévalo, por qué, cómo es que apareció una semana después con evidentes signos de tortura, y cuál fue la causa de la muerte.
La información disponible revela graves hechos que constituyen una práctica generalizada y sistemática de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones sumarias, 2 todas los cuales son suficientes para manifestar la protesta de las Academias Nacionales y su más enérgico rechazo a esta nueva atrocidad.
La gravedad de los hechos exige una investigación efectiva y en su caso, sancionar a los responsables. Pero para ello es indispensable que esa investigación tenga carácter internacional, que garantice su carácter independiente e imparcial y en la que participen, entre otros, médicos forenses de credibilidad nacional e internacional. Para este fin, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos debería promover ese mecanismo especial internacional, toda vez que su titular, Michelle Bachelet, se encontraba junto con su equipo en visita oficial en el país cuando ocurrieron esos hechos. En este sentido, debe comenzarse por hacer valer las seguridades y garantías que le ofreció el señor Nicolás Maduro en esa ocasión; incluida la facilidad a los dos funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU que aún permanecen en el país, para acceder a los lugares y a las personas que puedan aportar información sobre este caso, en el marco de la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Además de lo anterior, en esta oportunidad tendrá singular significación en la determinación de estos hechos y su credibilidad, la intervención de los mecanismos no convencionales del sistema de Naciones Unidas (Procedimientos Especiales), como son principalmente, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, el Relator Especial contra la Tortura, el Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados.
Junto con su rechazo e indignación por estos graves hechos, las Academias Nacionales hacen llegar su solidaridad y su pesar a los familiares y amigos del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Caracas, 02 de julio de 2019
Horacio Biord Castillo Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua
Inés Quintero Montiel Directora de la Academia Nacional de la Historia
Leopoldo Briceño-Iragorry Calcaño Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Humberto Romero Muci Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Gioconda Cunto de San Blas Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Humberto García Larralde Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas
Gonzalo Morales Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat
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