El régimen insiste en que en 2020 sí habrá comicios: las elecciones para la Asamblea Nacional. Resulta obvio: la cita está prevista en la Constitución. El propósito que busca consiste en tratar de enredar a la oposición en un debate bizantino. Partir las aguas entre quienes sostengan que debe acudirse y quienes defiendan lo contrario. Yo creo que a esas elecciones hay asistir, así como hay que asumir el reto cuando se convoca la elección de una reina de carnaval o de una junta de condominio. A las consultas populares conviene acudir porque son terrenos donde se miden las fuerzas y se calibra la popularidad de una opción política.
Pero una cosa es considerar que se debe participar en las votaciones parlamentarias y otra muy distinta es confundir los objetivos del diálogo entablado con el Gobierno. La meta de esas negociaciones tiene que centrarse en la realización lo más pronto posible de unas elecciones para elegir al Presidente de la República. Este propósito no admite discusión.
El eje maestro de la fenomenal crisis institucional actual se encuentra en el desconocimiento, por parte de Nicolás Maduro, de los resultados de las parlamentarias realizadas el 6 de diciembre de 2015. A partir de esa fecha se abrió una brecha entre el Ejecutivo y la Aasamblea que ha ido ensanchándose con el paso del tiempo. Después del categórico triunfo opositor, el Ejecutivo se colocó su máscara más autoritaria y represiva. Quebró las formas de cooperación tan estrechas que había mantenido con el Parlamento entre 2000 y 2015, período durante el cual la fracción del Psuv dominó cómodamente el Hemiciclo. Cualquier ley arbitraria e inconstitucional que quería aprobar, por ejemplo las relacionadas con el Poder y el Estado Comunal, eran sancionadas por la complaciente fracción del oficialismo. La ‘cooperación’ entre el Ejecutivo y el Legislativo, tal como manda la Carta Magna, era total. Todo era armonía. Todo transcurría en el marco del estado de derecho diseñado por el oficialismo. El TSJ se limitaba a refrendar lo que de común acuerdo habían concertado previamente Miraflores y el Parlamento.El encanto se rompió el 6 de diciembre de 2015.
La concordia se basaba en el servilismo de la Asamblea Nacional. El triunfo opositor rompió el matrimonio. Maduro desató la tormenta que originó el desajuste que vivimos: nombró un nuevo TSJ integrado por militantes del Psuv, inhabilitó a los tres diputados de Amazonas, le arrebató la mayoría calificada a la bancada opositora y se valió del nuevo TSJ para aprobar la Ley de Emergencia Económica que despojó a la Asamblea de sus competencias contraloras. Luego comenzó a perseguir y a quitarles la inmunidad a los diputados.
Hoy cerca de treinta de ellos se encuentran presos o desterrados. Todos se encuentran amenazados y sin sueldo. En la práctica, son cargos adhonórem. En el entretiempo convocó ese adefesio que es la asamblea constituyente con el fin de maquillar un poco las ilegalidades y barnizar las relaciones del Ejecutivo con el TSJ, de modo que la extinción de la legalidad constitucional fuera menos abrupta y obscena. Hoy la AN sobrevive gracias al heroísmo de los diputados que han permanecido.
Todos estos desmanes ocurrieron porque en Venezuela impera un sistema presidencialista que le permite un amplio margen de maniobra al autoritarismo de Nicolás Maduro.
En Venezuela no hay manera de resolver la colosal crisis económica, política e institucional si no sale Maduro de la presidencia de la República. Él es el jefe del Estado, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de todo el aparato de seguridad estatal; es el amo y señor de lo que ocurre en la Administración Pública. De él dependen todas las decisiones importantes que permiten el funcionamiento del Estado, incluido el Banco Central. Nada significativo sucede sin su participación, ya sea en el plano nacional o en el plano regional. La Ley de Presupuesto ya no es sancionada por la AN, sino por el TSJ. En esa ley está contemplado el Situado Constitucional. Este fluye hacia los estados y municipios solo si Maduro lo concede. La descentralización sucumbió ante el centralismo, que retorno a sus formas más agresivas.
El triunfo opositor en los eventuales comicios de 2020, si no se logra al mismo tiempo establecer la fecha de las elecciones para Presidente de la República, volverían a editar el guion impreso por el régimen después de diciembre de 2015. De este peligro hay que tener plena conciencia. No deben descalificarse las elecciones parlamentarias, pero sí conviene colocarlas en el contexto que las preceden y rodean. Si no podríamos morder la carnada y quedar como unos ingenuos pececitos que creen estar nadando en una apacible pecera. Elecciones parlamentarias sí, pero con elecciones para Presidente previamente acordadas.
Trino Márquez
@trinomarquezc
No hay comentarios:
Publicar un comentario