Las universidades sufren los embates de la crisis que vivimos. Aquellas públicas, dependientes económicamente del Estado, han resultado particularmente afectadas: los sueldos de su personal se han derrumbado, sus laboratorios y bibliotecas carecen de dotación suficiente, su infraestructura está deteriorada, muchos de sus estudiantes han abandonado las aulas buscando resolver necesidades vitales… Ahora, junto a esas desgracias se asoma un conflicto que estaba latente, acerca de la forma de elegir autoridades en las que gozan de autonomía. Una pelea de esas que paralizan actividades, absorben energías y dañan todavía más lo poco que va quedando en pie. ¿Para qué? ¿Para cumplir la ley y democratizarlas, como se dice desde el Gobierno nacional? ¿O para “ponerles la mano” a esas instituciones, como denuncian muchos universitarios? No es tiempo de tal diatriba y lo mejor hoy sería buscar una salida razonable, de carácter temporal, mientras se logra un acuerdo.
La Constitución consagra la autonomía universitaria. Por cierto, hasta indica que las universidades nacionales experimentales la alcanzarán también, de conformidad con la ley: no se supone que queden eternamente bajo la tutela gubernamental. La posterior Ley Orgánica de Educación reconoció el principio de autonomía, y añadió como miembros de la comunidad universitaria a los empleados y obreros, además de los ya incluidos profesores, estudiantes y egresados. Esta ampliación es justa porque ellos contribuyen de modo importante a la marcha de sus instituciones. Pero la ley atribuye “igualdad de condiciones” a los diversos sectores a la hora de participar. No está claro que, dada la naturaleza de la universidad, esa total igualdad sea favorable.
El año pasado, una sentencia del TSJ estableció contrapesos que apuntan a evitar el dominio de un solo sector más numeroso. Es un asunto a discutir con calma en un ambiente menos tenso. Contando con una solución provisional, se puede abrir un diálogo amplio sobre el futuro de nuestras universidades, con propuestas frescas e incisivas que busquen desarrollar sus potencialidades, y que incluyan su mayor democratización. ¿Cómo aprovechar mejor a esas casas de estudio para el avance del país? ¡Hay todo un campo de posibilidades poco exploradas mientras se las deja decaer!
Aurora Lacueva
lacuevat@hotmail.com
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