Quieren matar nuestra alma mater. Para este narcorégimen nuestras universidades son consideradas una amenaza. Para sus torvos propósitos no apelan a un enemigo de la inteligencia, tipo Millán Astray, sino que se valen de inescrupulosos portadores de toga y birrete. Este es el caso de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que depende de Miraflores.
El primer zarpazo lo dio la Asamblea Nacional roja cuando violó el artículo 109 de la Constitución, al aprobar el 15 de agosto del 2009, el artículo 34-3 de la Ley Orgánica de Educación. Este artículo contempla: Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los integrantes de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, personal administrativo y personal obrero, y egresados de acuerdo al Reglamento.
En octubre de ese mismo año, rectores y decanos de diez universidades demandaron ante la Sala Constitucional la nulidad del artículo de marras. Diez años después, el 27 de agosto de 2019, en ponencia de Carmen Zuleta de Merchán, profesora emérita de la Universidad del Zulia, esa “diligente” sala aprobó la sentencia 0324. La misma establece que mientras se decide sobre la demanda de nulidad del 34-3, se proceda a realizar las elecciones.
De acuerdo a la decisión vil de estos graduados universitarios, las autoridades deben seleccionarse con el voto de profesores, egresados, estudiantes, obreros y personal administrativo, activos y jubilados.
Para ser electos requieren ganar en tres de estos cinco sectores y, al mismo tiempo, lograr la mitad del total de votos obtenidos de los grupos mencionados. Es decir que, teóricamente, el equipo rectoral puede ser electo con el voto de obreros, personal administrativo y estudiantes, sin que cuente la opinión de los profesores, ni egresados. Toda una aberración, un crimen y una estupidez.
El 29 de noviembre del mismo año, mediante sentencia número 389, la inefable doctora Zuleta de Merchán ratificó la sentencia antes citada. En consecuencia, las universidades debían realizar las elecciones en un plazo de seis meses, vencido el cual los cargos quedarían vacantes, plazo que venció el 27 de febrero. En esta fecha, la misma sala aprobó la sentencia 0047, en la que se hace de la vista gorda sobre la fecha señalada, alegando que la decisión se produce atendiendo al compromiso de las representaciones de las universidades nacionales de renovar democráticamente las autoridades universitarias cuyo período está largamente vencido.
Cabe mencionar que el 16 de enero de este año, destacados profesores integrantes de Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas Democráticas, dirigieron un comunicado al Consejo Universitario exhortando a las autoridades rectorales a cumplir con su ineludible obligación de salvaguardar la institución, convocando en inequívoco gesto de afirmación autonómica a la comunidad ucevista a movilizarse para participar en comicios dignos de una institución académica, así como para poner en práctica cuantas acciones contribuyan a su defensa en esta grave hora de la vida universitaria.
Confiamos en que el Consejo Universitario, que tuvo un gran apoyo el 14 de octubre 2019 en acto en el aula magna, no se doblegue aceptando cambiar el sistema de elección adoptando un compromiso intermedio. La Constitución y la autonomía universitaria tienen que respetarse. Los integrantes de la Sala Constitucional deberían ser declarados persona non grata por la comunidad universitaria.
El acoso a nuestras universidades es la norma en tiempos de dictadura. Juan Vicente Gómez clausuró la UCV durante diez años. La Junta de Gobierno, presidida por Germán Suárez Flamerich, exdecano de Derecho, pero títere de Pérez Jiménez, cerró la UCV por unos dos años. En los sesenta los guerrilleros castro-comunistas utilizaron la universidad como refugio y centro de operaciones, con cierta vista gorda de los rectores de entonces, lo que condujo a Caldera a cerrarla en 1969. Ahora es nuevamente agredida, esta vez por sus propios hijos, integrantes de un TSJ espurio y subordinado al narcorégimen.
Nuestra UCV tuvo rectores de prestigio y valientes, como Francisco Rísquez. También un Julio De Armas, destituido en 1951 por Suárez Flamerich y Pérez Jiménez. Lamentablemente, también tuvo algunos rectores alcahuetas de dictaduras o de la extrema izquierda y hasta un aberrado sexual como Edmundo Chirinos. Una evaluación imparcial tiene que concluir que, en su gran mayoría, las autoridades universitarias cumplieron una buena labor. La comunidad universitaria tiene que resistir. No es suficiente decir venceréis, pero no convenceréis, del conocido rector salmantino. Hay que decir ¡Ni venceréis, ni convenceréis!
Como (había) en botica
*El narcorégimen está montando el escenario para asesinar al presidente (e) Guaidó por medio de sus paramlitares rojos. Después dirá que fue un loco el que cometió el crimen.
*En su artículo del domingo, Ramón Peña reseñó la recuperación de Citgo, rescatada del hamponato rojo. Ojalá Monómeros Colombo Venezolanos siga sus pasos, pero los frecuentes cambios de gerentes indican que algo no huele bien.
*¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
Eddie A. Ramírez S.
eddiearamirez@hotmail.com
@eddieAramirez
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