Acaba de comenzar el 43º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la presencia venezolana se ha hecho sentir, no para ofrecer evidencias de cumplimiento y responsabilidad sobre lo mucho pendiente y que se agrava cada día, o para presentar avances documentados y creíbles, sino para acusar a otros y buscar alianzas.
Venezuela, o mejor dicho y en realidad, el régimen venezolano, está representado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como resultado de su elección en octubre pasado por la Asamblea General, para un período de 3 años, como uno de los 47 miembros que lo conforman. Es esta una instancia ciertamente imperfecta, como lo sugiere el hecho mismo de que en ella participen y hayan participado representantes de gobiernos responsables de graves violaciones de derechos humanos, pero a la vez es un lugar muy visible donde se puede manifestar -y se han manifestado- las posiciones y resoluciones de los gobiernos que no lo son, y las de quienes han asumido las responsabilidades institucionales con el mandato de las Naciones Unidas.
El régimen venezolano logró su elección con 105 votos en la Asamblea General, pese a los antecedentes tan visibles y frescos del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet del 4 de julio, de su actualización el 9 de septiembre y de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos que el 27 de septiembre aprobó establecer una misión internacional independiente de determinación de hechos.
Lo cierto es que esa elección, con sus apoyos, confirmó lo que respetables informes y estudios vienen advirtiendo sobre el continuado repliegue de las democracias frente al avance de los autoritarismos, como lo reitera el más reciente índice de The Economist, en el que Venezuela se ubica desde 2016 entre los regímenes autoritarios. Esto, más allá de lo que describe, coloca especial responsabilidad en los hombros de las democracias, ante las personas vulneradas en sus derechos y con el régimen internacional de protección de sus derechos.
La elección de Venezuela fue deplorada por países del Grupo de Lima, objeto de expresiones de preocupación por la Unión Europea, de rechazo por el gobierno de Estados Unidos y de severas críticas por organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. Ahora bien, más allá de los rechazos, fueron comunes a las declaraciones las expresiones de compromiso para seguir haciendo valer las atribuciones y responsabilidades del Consejo. Así se lee en el comunicado del Grupo de Lima: “Firme decisión de realizar los mayores esfuerzos para que se continúe, en dicho Consejo, la investigación de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela”; también en la de la Unión Europea en cuanto a “proteger la integridad y credibilidad del Consejo de Derechos Humanos en el cumplimiento de su mandato institucional y respetar la independencia del alto comisionado y su Oficina”. De esto se trata ahora, cuando toca hacer el balance de las acciones acordadas sin dejarse distraer ni alejar su atención de lo que están obligados a atender.
En septiembre fueron aprobadas dos resoluciones sobre cuya materialización informa brevemente la alta comisionada en estos días. Sobre la Resolución del 26 de septiembre -limitada a asistencia y cooperación técnica, promovida por Irán-, la señora Bachelet presentó su equilibrado balance de actividades realizadas y de medidas gubernamentales pendientes en los párrafos finales de su intervención del 27 de febrero. La reacción crítica oficialista no se hizo esperar.
El 10 de marzo se producirá otra breve actualización en relación con la ya mencionada Resolución del 27 de septiembre, promovida por la Unión Europea y países del Grupo de Lima, que tras detalladas consideraciones decidió establecer la misión internacional independiente de determinación de hechos para investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. Los ya designados miembros de esa misión deberán rendir su informe en septiembre.
Más negaciones y distracciones vendrán, ahora y en adelante, ante las cuales para terminar, hay al menos dos consideraciones que me parecen relevantes.
Por una parte, recordando las reacciones y propósitos ante la elección de Venezuela, conviene tener en cuenta la actual composición del Consejo de Derechos Humanos para que se hagan valer las exigencias de las democracias en el Consejo: por Latinoamérica están Argentina, Bahamas, Brasil, México, Perú y Uruguay; por Europa, se encuentran Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Italia, Austria y España. Es su obligación, y así hay que demandarlo, trabajar para sostener los apoyos a las responsabilidades y tareas propias del Consejo y a las de la Oficina de la Alta Comisionada. Por la otra, es necesario recordar una y otra vez la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y el hecho cierto de que los regímenes autoritarios solo se representan y defienden a sí mismos: es allí donde la presencia internacional es más compleja, pero también más necesaria para las personas cada vez más desprotegidas y maltratadas.
Elsa Cardozo
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