En los capítulos anteriores de esta serie, estuvimos descubriendo como las conspiraciones y alianzas diabólicas contra natura de gente aparentemente disímil, fueron posibles gracias a resentimientos, y odios sin medida, y conductas irresponsables que apuntaban, como ha quedado demostrado, a sus intereses particulares y ambiciones infinitas, pero deletéreas para el conjunto de la nación.
Las evidencias del crecimiento económico del país en esos años, no fueron suficiente argumento para los desleales que jamás renunciaron a llegar al poder por cualquier vía, aunque con ello se llevaran por delante, no solo la precaria institucionalidad de entonces, sino también la tranquilidad y el potencial desarrollo del país, y la gente común, cuyos deseos de crecimiento familiar y personal habían sido largamente postergados.
El Presidente Pérez, y su plan del Gran Viraje, se propusieron recomponer la situación económica del país con un conjunto de reformas estructurales, que su gabinete económico de reconocidos, y muy calificados profesionales logró implementar, así como importantes propuestas modernizadoras en lo político y lo económico, impulsadas desde la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE), quienes también encontraron respaldo en la visión de Pérez, y que produjeron de manera inmediata un refrescamiento de la política venezolana con la elección directa de Alcaldes y Gobernadores.
No obstante, los conspiradores jamás renunciaron al empeño de destruirlo todo para acceder al poder, y prefirieron dar golpes certeros, aunque con ello arrastraran tanto al gobierno, como a las instituciones del Estado, y al sistema democrático en general. Así se montaron en la ola del Caracazo de 1989, y luego con los golpes de estado del 4/F, y 27/N 92, dieron una estocada muy fuerte al gobierno de CAP II.
Armaron un proceso judicial en el que como se demostró, mezclaron delitos incompatibles como la malversación de fondos de la partida secreta, y peculado doloso, amplia y magistralmente denunciados por la defensa de Pérez, encabezada por el muy reputado catedrático, Alberto Arteaga Sánchez. Quedó demostrado en el juicio que no hubo apropiación, que no hubo enriquecimiento de fondos públicos, que Pérez no se había cogido un cnetavo; sin embargo, era necesario alcanzar la meta de destruir al gobierno con la destitución política, revestida de un ¨pulcro¨ proceso judicial.
Cumpliendo con los pasos ordenados por la Constitución vigente entonces, había que dar paso al nombramiento del encargado de la Presidencia de la República, en este caso, el Presidente del Congreso de las República, el Senador Octavio Lepage, quien luego dio paso al interinato que por acuerdo de las fuerzas mayoritarias representadas en el parlamento, recayó en la figura prominente del Dr. Ramón J. Velásquez, luego de la destitución definitiva de CAP. Velásquez, hombre de amplia trayectoria política e intelectual y reconocido por toda la nación.
Asumió como Presidente interino de la República para dirigir los destinos de la nación por un breve lapso que comenzó el 5 de junio de 1993, hasta el 2 de febrero de 1994, fecha en la que asumiría el presidente electo.
Su mandato estaba destinado esencialmente a mantener el orden constitucional y llevar al país en paz a la realización de las elecciones presidenciales como expresión de la soberanía popular.
Ese objetivo lo logró, y su breve período estuvo caracterizado por la concordia relativa, aunque se vio manchado por dos eventos importantes. Uno de carácter fundamentalmente económico porque no pudo controlar la crisis financiera que devenía de la caída del gobierno anterior. El otro episodio de ingratos recuerdos para una figura de su trayectoria, fue el indulto al narcotraficante Larry Tovar Acuña, episodio que terminó tardíamente con la derogatoria del Decreto, habida cuenta de que ya había sido liberado y emprendido su partida hacia destino incierto. Continuará.
Román Ibarra:
romanibarra@gmail.com
@romanibarra
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