En nombre del llamado Poder Popular, que deriva del manoseado protagonismo y participación que la Constitución le asigna a los venezolanos en la formación, ejecución y control de la gestión pública, se han cometido las más flagrantes e inimaginables violaciones de los derechos que a ese mismo pueblo le son inherentes en tanto su condición humana.
Es una contradictoria situación, pues va a contrapelo con los fines esenciales -también establecidos constitucionalmente- que el Estado debe perseguir en esa gestión pública, como lo son la defensa y el desarrollo de las personas y su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa, de paz, prosperidad y bienestar, garantizándoles su cumplimiento.
Son esos mismos derechos, principios y valores fundamentales que están plasmados en nuestra carta magna, cuando establece que “Venezuela se constituye en un Estado democrático de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
No creo equivocarme si afirmo que -en nuestro país- no existe un solo venezolano que no haya estado afectado en sus derechos y en sus vidas, desprovistos de todos o alguno de esos valores que propugna la Constitución, incluyendo a todos aquellos venezolanos que inexplicablemente se rasgan aún las vestiduras por este nefasto régimen.
Invitamos a cualquier venezolano a que haga una retrospección de lo que ha sido su existencia durante estos 20 largos años. Podrá apreciar qué tanto le ha venido para bien este régimen totalitario, instaurado hegemónicamente, que contraría principios fundamentales que le son inmanentes a la democracia, como lo son el pluralismo y la alternabilidad. El ciudadano que cree encarnar el Poder Popular ha sido entonces defraudado en sus deseos de vivir en democracia; ha sido engañado por un socialismo que no está establecido en la Constitución, esa misma que aprobó.
Como también ha sido defraudado, seguramente, con la violación sistemática de la recta administración de justicia y de nuestro restante ordenamiento jurídico. Con jueces venales y con prontuarios, que constituyen una de las peores plagas de este régimen. ¿Como Poder Popular, se siente el ciudadano de a pie, parte de todo esto?
Todas las personas son iguales ante la ley, de manera que la igualdad, supone como valor, que no existen diferencias de ningún tipo que nos discriminen, en una sociedad en el que cada quien tenga las mismas oportunidades, tengan los mismos derechos y obligaciones. ¿Se ha sentido el pueblo discriminado por una nomenclatura corrupta y la boliburguesía? ¿Creerá que hay una distribución equitativa de la riqueza? La igualdad en la pobreza no es un valor; por el contrario, es un antivalor, que le han querido inculcar con ese bodrio de que el pueblo ejerce algún el poder en Venezuela.
Dificulto que la vida y libertad del cualquier venezolano no haya estado -momentánea o permanentemente- en riesgo, en un país dominado por mafias, colectivos, pranes, terroristas y malandros uniformados de policía. ¿Se siente protegido por el escudo del Poder Popular, al que pertenece como protagonista, según el régimen?
¿Y qué de sus otros derechos humanos? Si alguien ha logrado mantenerlos indemnes, no es venezolano o no vive en Venezuela, se lo aseguro. A las personas, con certeza, le han violado recurrentemente alguno o todos sus derechos a la propiedad privada, libre tránsito, libertad de expresión y pensamiento, seguridad social, alimentación y educación.
De manera que cabe preguntarle al venezolano si ha podido vender o comprar lícitamente lo que desee, sin limitación alguna. Ir adonde le venga en gana, en este, su país. Si no ha sentido el temor de expresar lo que piensa, ante la amenaza de ser llevado a rastras a “La Tumba” u otro de los depósitos de desechos humanos de la Varela. Si le han atendido oportuna y eficientemente en los hospitales del Estado y le han dotado de medicinas. Si usted o sus hijos han recibido una debida educación, así sea básica, en los planteles del Estado. Si se alimenta, por lo menos con “dos de los tres golpes” diarios. Si le alcanza el salario en bolívares para hacer el mercado o comprar la gasolina en dólares. ¿De verdad, se siente el venezolano amparado y en pleno ejercicio en estos derechos, porque encarna ese Poder Popular?
Está visto que solo se trata de un lema de conveniencia política, que se enuncia para captar incautos, bajo el sesgo ideológico, cuando complementan la identificación de los despachos de la Presidencia, ministerios y demás organismos de la administración pública, con el latiguillo “del Poder Popular”; es decir, de usted, el defraudado.
Si en verdad el pueblo venezolano quiere ejercer su verdadero poder, lo puede hacer de la manera más contundente. La propia Constitución le obliga a “colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia” cuando deje de observarse. También le reconoce su derecho a desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
El pueblo tiene todo el derecho de rebelarse, está a tiempo de darse su propia solución. ¡Hágalo!
Víctor Antonio Bolívar Castillo
vabolivar@gmail.com
@vabolivar
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