La crisis en la educación en todos los niveles es creciente. No escapa a la crisis generalizada de la sociedad venezolana, la retro-alimenta. La Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país repercute en escuelas y universidades. Podemos afirmar que la situación del derecho humano a la educación continuó su lamentable declive constatado desde hace cinco años sin que se note voluntad política de quienes detentan el Poder para adoptar correctivos y empezar a revertir la situación.
El año 2018 particularmente se caracterizó por lo que algunos gremios de la educación han denominado “catástrofe educativa”. Problemas estructurales que se venían identificando desde hace varios años, como el decrecimiento de la matrícula se hicieron más evidentes, de la misma manera la deserción de educadores.
El gobierno ha optado por ocultar la crisis. Dejó de publicar las Memoria y Cuenta porque su publicación significaría reconocer el fracaso y los retrocesos. Además de ocultar cifras se empeña en difundir información falsa, como la reciente al inicio de clases en septiembre 2019 cuando afirmó que más de 8 millones de niños y niñas iniciaban clases, en un país donde más de cuatro millones ha salido de manera forzosa y donde tuvieron que inventar los maestros “express” porque no faltan educadores.
A esa situación se suma en el incumplimiento de las convenciones colectivas desestimulando aún más a los educadores, que además de ganar salarios insuficientes ven cada día perder beneficios contractuales.
En nuestro Informe Anual, registramos cómo a pesar de la inconsistencia y mentiras en cifras del gobierno de facto, la realidad no se puede ocultar; hay más niños faltando a clases por comida o transporte, hay más maestros yéndose de las aulas por las pésimas condiciones salariales, hay más escuelas deteriorándose, hay menos presupuesto para las universidades y hay situaciones preocupantes en crecimiento como los jóvenes solos en casa porque sus padres tuvieron que emigrar. Una crisis que para este 2019 no ha mostrado señales de mejoras en ningún aspecto, no solo por la inexistente capacidad de respuesta de Maduro, esto a pesar de las recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizadas el pasado mes de julio y ratificadas el 9 de septiembre en su actualización oral de sugerencias para intentar mejorar el complejo escenario en Venezuela en materia económica y social.
En lo que va de lapso escolar 2019-2020 los educadores se han visto obligados a realizar dos jornadas nacionales de protesta paralizando actividades. La indolencia del gobierno lleva la crisis en el sector educativo a lo que algunos gremios empiezan a denominar catástrofe educativa. Uno de los problemas graves en este lapso escolar es la ausencia de educadores por la creciente migración forzada y por la deserción para buscar otras fuentes de trabajo en el país. Los insuficientes salarios que reciben los y las educadoras en todos los niveles educativos produce que en la actualidad haya centros educativos con menos del 40% del plantel de personal necesario para impartir clases. Esa situación se extiende al personal administrativo agravando el funcionamiento de escuelas y liceos.
A través de nuestros datos recopilados, mediante notas de prensa, declaraciones y análisis de instituciones privadas, se registró una estadística anual que en algunos casos podría ser modesta en comparación con las cifras oficiales que el gobierno se niega a publicar; destacando que para el momento posiblemente ninguna de estas informaciones se esté guardando, lo que ocasionaría un vacío de data en los venideros años.
Acceso a la educación
Para el período escolar del año 2018 y según cifras de nuestro informe, 7.644.869 estudiantes ingresaron a las aulas de clases, un “aumento” de 16,37% en cifras del gobierno que representa 449.534 alumnos, cifra que debido a la no publicación de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación, resulta poco probable de aceptar con el aumento a la deserción escolar debido a la migración forzada y problemas económicos y sociales de las familias más vulnerables, sumado a la tendencia en baja que venía registrando el área en los últimos dos años, donde la matrícula escolar disminuyó en 683.203 estudiantes. En este escenario, el informe a voces de aumento en inscritos, no tiene el respaldo suficiente para ser validado.
En el 2019, esta cifra continúa en “crecimiento” según los pocos datos del gobierno de facto, que como ya anotamos indicó que en la primera semana escolar señaló que 8 millones de infantes se habían inscrito en la educación primaria. Pero, luego del anuncio, la Asamblea Nacional mediante la subcomisión de Educación de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, afirmó que la cifra era mucho menor de lo anunciado, tan solo 3,5 millones de niños inscritos, una cantidad notablemente alarmante de los cuales más del 80% no asistió a la primera semana de clases.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) se ha visto perjudicado por la enorme situación social y económica que vive Venezuela, afectando a 4 millones de niños que contaban con el programa para poder alimentarse en clases. Nuestro informe registró que apenas un 60% de los planteles públicos contaban con PAE para el 2018, de esta cifra muchos institutos registraban problemas con la regularidad de las comidas, o incluso el descarte de la proteína en el menú alimenticio. Este sistema, administrado bajo el gobierno de Maduro, ha demostrado ser limitado, no solo en el alcance, sino también en la calidad y regularidad de los alimentos, esto a pesar de la implementación de los denominados “conucos escolares” con los que se planeaba sembrar en las escuelas para apoyar al sistema de alimentación, pero como todos los planes fugaces de la dictadura, esto no se cumplió y hasta los momentos no se han mostrado incidencias en el resultado final del PAE.
Esta deficiencia del PAE es un indicador que influye en la asistencia escolar, sobretodo en la población estudiantil en situación de pobreza; 35% de los estudiantes no va a clases porque no cuenta con el desayuno, el almuerzo o ambas ya sea en casa o en la escuela, esto según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Enconvi) que acumuló nuestro informe, donde además se confirma que un 13% de inasistencia se debe a la falta de comida en los planteles.
El capítulo Educación registró declaraciones de más desmayos tanto de niños como de maestros en las aulas de clases debido a la precaria situación alimentaria que se vive en el país, en estimaciones de Fe y Alegría, en algunas aulas de 30 niños, 10 registraba dos o menos comidas al día… Para el 2019 el escenario no presenta síntomas alentadores, principalmente motivado a que programas como el PAE han sido abandonados por el gobierno, donde actualmente la prioridad alimentaria es el CLAP, el sistema de control social que el régimen utiliza a su beneficio.
Maestros
Una de las labores más importantes de la sociedad, que sirve de pilar fundamental para el derecho a la educación (obligatorio en nuestra constitución) es actualmente una tarea heroica, con un salario de hambre, malas condiciones de trabajo y un contrato colectivo violentado por el régimen de Maduro; ser maestro en Venezuela resulta uno de los trabajos peor remunerados y vividos a pesar de impartir una de las tareas más importantes en la sociedad. Según nuestra recopilación de datos, 172.000 maestros abandonaron las aulas, migraron, pidieron permiso o simplemente dejaron de ir producto de la mezcla de graves condiciones que se viven a diario en el país, número muy lejano a lo “oficial” del estado que entre declaraciones detallaron unos 55.000 maestros menos para 2018.
Según datos de nuestro informe, se resaltan cifras como las del estado Nueva Esparta, donde se vivió un 50% de ausentismo laboral de personal docente, administrativo y obrero motivado a la crisis de transporte y alimenticia, como también en estados como el Táchira, donde de 4.072 educadores fijos, 250 también abandonaron las aulas. Para el 2019, este escenario ha empeorado, solo en la primera semana de clases más del 90% de los maestros no se presentaron a sus salones, esto según Gricelda Sánchez, secretaria de Reclamos de la Federación Venezolana de Maestros, quien confirmó que para septiembre de 2019 un docente nivel IV con 15 años de servicio escasamente cobraba Bs 58 mil quincenalmente; lo que demuestra la violación sistemática a la contratación colectiva pactada el 10 de abril de 2018 con el sector, donde se habían acordado tres aumentos progresivos generales, aumentos que hasta la fecha han quedado en promesas inconclusas por parte del gobierno de facto de Maduro, medidas que el sector exige se cumplan para no llamar a un paro educativo general y contribuir a lo que el gobierno desea: un paro generalizado.
Disponibilidad
En cuanto a las instituciones disponibles para recibir el derecho a la educación, nos encontramos de nuevo con cifras oficiales escasas, según nuestro informe de 2018, para ese año el país contaba con 24.411 planteles públicos y 5.001 privadas, para un total de 29.412 instituciones educativas, 1.295 menos en comparación con el 2017, lo que demostró que el gobierno de Nicolás Maduro cercenó el acceso a la educación, limitando el derecho a la educación con cada vez menos planteles, sumado a toda la problemática en general denunciada por Provea y los diferentes miembros del sector. Solo en nuestras cifras a partir de data oficial, tenemos que en promedio apenas 34 escuelas construidas por Maduro en cada año de su gestión, lo que explica el poco estímulo por generar espacios de crecimiento en la población, y la preferencia cada vez más del desconocimiento. Mientras se invierte millones de dolares para comprar armas, bombas lacrimógenas y vehículos para reprimir la protesta social, no solo se construyen pocas escuelas, sino que las que existen no tienen un mantenimiento adecuado.
Es importante destacar que mientas más tiempo pase y menos se publique las cifras oficiales de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación, encabezado por Aristóbulo Istúriz, menos claridad se tendrá de la magnitud de la catástrofe que se vive en la actualidad, producto de políticas fallidas que han ocasionado la migración forzosa de millones de personas a las que les fue robada su derecho a una educación integral, de calidad, permanente y en igualdad de condiciones, respaldada y obligatoria en la Constitución de Venezuela. Mientras menos claridad se observe y publique, será más difícil para aplicar los correctivos necesarios que permitan el verdadero acceso a una educación buena, de calidad y accesible.
La llamada Consulta Educativa, a dos años de su promoción sigue a la deriva, sin resultados efectivos en muchas de las áreas que se definió atender; no se produjeron las reformas normativas que se prometieron ni existe rendición de políticas y medidas que pudieron ser adoptadas. Lo que prometió ser un fortalecimiento del sistema educativo, terminó en lo contrario.
La educación universitaria también se derrumba
Situación no muy distinta es la que ocurre a nivel de la educación universitaria. En este sector que es el que más creció en matricula en los últimos años se empieza a constatar un decrecimiento importante en cuanto a matricula estudiantil como en el plantel docente
Si usted desea ampliar estos datos, puede hacerlo accediendo a nuestro informe anual 2018 capítulo Educación.
La incoherencia en las cifras sobre cuántos estudiantes cursan la educación superior persistió. Las universidades autónomas continuaron afectadas por el otorgamiento de presupuestos considerablemente deficitarios que incidieron de manera negativa en la prestación de servicios, en la investigación y en la infraestructura. Las acciones contra la autonomía universitaria se incrementaron.
El talento universitario siguió disminuyendo. Crecen las cifras de profesores y estudiantes que se retiran de las universidades por motivos diversos; buena parte de ellos incorporándose a la migración forzosa. El salario para el profesor universitario, en la escala más alta: Titular a Dedicación Exclusiva, no era superior a 15 dólares por mes para finales de 2018.
Nuevas universidades fueron creadas por decretos del Ejecutivo. Algunas de las anunciadas en 2017 siguen en el papel, otras en lento proceso de inicio de actividades. Igual situación con las de 2018.
La inseguridad en escuelas y universidades afectó el normal desenvolvimiento de muchas instituciones, y obligó a cerrarlas o reducir el horario nocturnoLas universidades autónomas continuaron afectadas por el otorgamiento de presupuestos considerablemente deficitarios que incidieron de manera negativa en la prestación de servicios, en la investigación y en la infraestructura
Misiones educativas
Los datos sobre las misiones, cantidad de estudiantes que cursan en ellas, docentes que imparten clases, ubicación de los centros de enseñanza y cantidad de egresados, pasaron desde hace tres años a ser un secreto. No hay información global que permita ver la dimensión de la actual situación. Solo informaciones muy parciales sobre algunas misiones.
PROVEA
provea@derechos.org.ve.
@_Provea
https://www.derechos.org.ve/actualidad/informe-anual-crisis-educativa-se-generaliza-y-profundiza-de-manera-preocu
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