Al parecer, según las declaraciones dadas por Guaidó y otros dirigentes del extremismo opositor violento, su liderazgo partidista se prepara para realizar una supuesta consulta a la ciudadanía, con miras a extender el mandato de la Asamblea Nacional más allá del 5 de enero de 2021. Es la misma conducta que asumieron el 16 de julio de 2017, cuando realizaron una consulta a la que llamaron pomposamente “plebiscito nacional”, que supuestamente ratificó casi unánimemente la política llevada adelante hasta ese momento por parte de la Asamblea Nacional (AN). Fue la forma política de legitimar en aquel entonces el rechazo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) efectuado por el presidente Maduro, la demanda de respeto a las decisiones de la AN por la FANB y la administración pública en general y la exigencia de renovación de los poderes públicos mediante elecciones transparentes y la conformación posterior de un gobierno de unidad nacional.
La consulta efectuada fue inobjetable como instrumento político de lucha, y hay que señalar que el gobierno permitió su libre realización, pese a la existencia de algunos forcejeos marginales en algunas zonas del área metropolitana de Caracas. Fue una forma de expresión de descontento con la administración de Nicolás Maduro como lo son las manifestaciones de calle, sean éstas marchas o concentraciones públicas. No pueden tener carácter vinculante, pues expresan el sentir de sólo una parte de la población, la que asistió, la cual es generalmente minoritaria. Esa acción política, sin embargo, quiso ser transformada en un evento de carácter vinculante y constitucional, a pesar de haberse realizado sin árbitro, sin testigos que representaran las opciones presentadas al electorado, sin registro electoral, dentro de un clima que influía notablemente la voluntad del “elector” y sin cuadernos de votación o similares.
Los rectores de cinco universidades, en funciones más allá del ámbito académico y tan “imparciales” como los del Consejo Nacional Electoral de entonces, sirvieron como jueces y parte de la “pureza” del acto y declararon que habían asistido poco más de 7 millones de votantes. El registro de los mismos fue supuestamente destruido para evitar las retaliaciones del régimen, de manera que no existe ninguna prueba documental que avale lo señalado. Se necesita un “acto de fe” gigantesco de los venezolanos para aceptar esos resultados. El gobierno respondió como usualmente lo hace y 14 días después efectuó unas votaciones para elegir una ANC, en la que señaló habían votado más de ocho millones de ciudadanos, cifra ésta tan creíble como la anterior. Fue una elección inconstitucional, de carácter corporativo, en la que se violó la norma “un hombre un voto”, sin participación opositora y sin testigos representantes de las opciones presentadas a los electores. Se eligió una asamblea del PSUV.
Pues repetir la farsa del 16 de julio de hace 4 años es la innovación que Guaidó y eventualmente las veintitantas siglas, que representan a la oposición extremista, nos plantean para el futuro. Esto es lo “nuevo” de la hoja de ruta que en declaraciones muy circunspectas y fastidiosas anunció Guaidó al país. En esta ocasión, sin embargo, la propuesta goza de mucho menor aceptación que la de 2017. Mucha agua ha pasado bajo del puente, los venezolanos han sido testigos de muchas bufonadas politiqueras, incluyendo golpes de Estado plataneros e incursiones mercenarias armadas que dan vergüenza ajena. Son muchos los engaños a que han sido sometidos por esa dirigencia fracasada y muchas las irregularidades y corruptelas en que la misma ha estado envuelta. Además, gente seria que los ha acompañado ya ha expresado su deslinde de esta reciclada propuesta.
Luis Fuenmayor Toro
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