Muchos son los escritos y opiniones que tratan o
intentan conseguir las causas de dicha gubernamental, que ha dado origen a la
debacle prevista y anunciada, nominando instituciones que nada tienen que ver
con los hechos de sus integrantes, quienes se valen de esta patente de corso,
que sin querer, los hace inimputables por sus hechos, al adosárselos a la
institución que quieren personalizar como forma de concluir la discusión. Es el
caso de querer resolver el problema de la corrupción valorándola en número encuestado,
que da como resultado indicar que las instituciones mas corruptas son las
fuerzas armadas y la policía.
Aparece como
noticia, que “El estudio de la Coalición Anticorrupción de Venezuela (CAV) del
período correspondiente al año 2019, arroja una cifra terrible para la
institución castrense venezolana, porque la inmensa mayoría de los consultados
en la frontera considera a la Fuerza Armada venezolana y a los cuerpos
policiales como las instituciones más corruptas del país.”
No entraremos a analizar esta conclusión como elemento
de validez impoluta, como lo hace una mayoría critica, toda vez que como inicio
en nuestro análisis, tendríamos que valorar la calidad de los integrantes de
esa “coalición CAV”, ya que no se habla de personas naturales, que tienen
responsabilidad personal en derecho, sino de instituciones, de quienes
responden sus dirigente y conductores, por lo que no tiene sentido calificar a
las instituciones con cuantía de criterios, que pudieran ser infundados o no
bien valorados por falta de conocimiento para discernir en la valoración, es
decir, por falta de formación necesaria para hacerlo.
Nosotros, como venezolanos que hemos servido en la
institución Fuerzas Armadas; que ayudamos a establecerla como una institución
moderna para la guerra en la defensa nacional, tenemos la obligación de
defender su institucionalidad, no asumiendo posiciones de tonto radicalismo,
sino como parte de lo establecido en la doctrina de Seguridad de la Nacional, hoy
contemplada como obligación en el artículo 322 de la Constitución. “La
Seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado,
fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad
de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y
jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren
en el espacio geográfico nacional”.
Es decir, la seguridad de la nación es responsabilidad
de “todos y todas”, por lo que no se debe escurrir el bulto intentando de
buscar responsables de las ocurrencias de muchos, que han logrado
desestabilizar al sistema democrático, no solo eludiendo su responsabilidad,
sino inculpando a las instituciones, como si estas fueran seres vivientes con
responsabilidades en las áreas de su competencias.
Olvidan, que las instituciones surgen del precepto
constitucional que las crea, y son los hombres y mujeres que la integran en su
organización, y los que planifican, conducen sus operatividad, la controlan y evalúan
su ejercicio, quienes son los responsables de la orientación y resultado de
estas operaciones; por ello, no podemos culpar a la institución de la hechura
errónea de sus conductores y mucho menos darles calificativos como quieren
hacer hoy con la Fuerza Armada y la Policía al endilgarles el apelativo de
“instituciones más corruptas de la frontera”.
No fue ni es la institución armada la culpable de la
“postura” de Chávez. Él fue derrotado por ella en su intento de golpe de Estado
en 1992, cuando la Constitución (de 1961) establecía como función de las
Fuerzas Armadas Nacionales defender la constitución y las leyes, también
restablecer el orden público si éste era violentado y no podían hacerlo las
fuerzas de policía, pero esto fue eliminado en la “mejor constitución del
mundo”, hoy vigente, que no fue hecha por las fuerzas armadas sino por
seguidores del “comandante eterno”, cuando creyó la mayoría de los venezolanos,
que había aparecido el mecías necesario para consolidar la independencia
después de Bolívar.
Desde hace tiempo, se instauró un gobierno militarista
de pocos jefes militares, quienes creyeron que eran mejores que los políticos
para gobernar, y han gobernado, conduciendo al país a la bancarrota que hoy
tenemos. No es gobierno de la Fuerza Armada, sino que el poder político
corrompido en el Ejecutivo, con el apoyo del TSJ, lograron eclipsar a la
Asamblea Nacional que quiso restaurar la democracia, pero fracasó por muchos
diputados opositores, que se enfrascaron en la tarea de creer que era necesaria
la intervención militar para sacar al gobierno usurpador. Esto no lo han visto
lo que quieren calificar a la institución militar como el chivo expiatorio que
mantiene el poder.
No deben olvidar, que los militares en retiro
solicitaron al TSJ, mediante un amparo, que apartara a los militares activos de
la participación política, como lo establece el artículo 330 de la CRBV, pero
la Sala Constitucional declaró sin lugar al amparo y aprobó esta perla
decisoria:
“…se puede afirmar que los mensajes que pueden ser
difundidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del empleo de un
saludo o una consigna militar en nada trastoca el orden jurídico que rige para
las instituciones y demás autoridades de las cuales depende esta institución
militar…”
“…esta Sala… no encuentra reproducido ningún mérito…
capaz de demostrar que la actuación, presuntamente violatoria de los
integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de la superioridad
jerárquica de la cual depende, que implique propaganda o proselitismo
político…”
“No obstante, sobre el tema planteado bien cabe
acotar, o aclarar para este caso en particular, que la participación de los
integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en actos con fines
políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de
participación democrática y protagónica que, para los efectos de la República
Bolivariana de Venezuela, sin discriminación alguna, representa el derecho que
tiene todo ciudadano, en el cual un miembro militar en situación de actividad
no está excluido de ello por concentrar su ciudadanía, de participar libremente
en los asuntos políticos y en la formación, ejecución y control de la gestión
pública –siguiendo lo consagrado en el artículo 62 de la Constitución de la República
de Venezuela-, así como también, el ejercicio de este derecho se erige como un
acto progresivo de consolidación de la unión cívico-militar, máxime cuando su
participación se encuentra debidamente autorizada por la superioridad orgánica
de la institución que de ellos se apresta.”
Toda una verdadera perla jurídica, que sería bueno
analizarla por los estudiosos del derecho comparado, utilizando el articulado
328, 329 y 330 de la CRBV.
enriqueprietosilva@yahoo.com
@Enriqueprietos
Venezuela
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