Inicio estas líneas con una información que puede
ilustrar la reflexión sobre las sanciones económicas como medidas inútiles y
contraindicadas para superar crisis políticas.
Una de las patologías asociadas al estrés físico y
emocional es la rectificación cervical, que consiste en una pérdida de la
curvatura fisiológica de las vértebras del cuello, lo que produce intensos
dolores de cabeza, adormecimiento y hormigueo en los brazos, mareos, vértigo,
alteraciones de sueño, alteraciones oculares y sensación de zumbido en los
oídos. Un auténtico infierno. Sometidas a semejante flagelo, las personas
suelen recurrir a un placebo contraindicado: el uso del collarín para aliviar
el dolor que, al mismo tiempo, va debilitando los músculos del cuello en lugar
de ejercitarlos, fortalecerlos, corregir posturas y reeducarlos para que
protejan y mantengan la curvatura normal de la cervical.
Debilitando los músculos no se endereza nada, mucho
menos se protegen las vértebras.
Esta patología permite ilustrar realidades más
complejas, más difíciles de evidenciar y, sobre todo, cargadas de un lenguaje
subjetivo, relativista y caprichoso que impide distinguir entre lo conveniente
y lo inconveniente, lo sano y lo contraproducente.
Tengo la impresión de que el régimen de sanciones se
está convirtiendo en ese collarín debilitador de nuestra musculatura política y
social, que genera un placebo, suerte de relajamiento peligroso que acaba por
dejarnos más indefensos y desprotegidos frente a los problemas que padecemos y
debemos corregir orgánicamente; pues es nuestro cuerpo social el que tiene que
curarse y no otro.
Llamemos «músculos» a dos fuerzas que debemos
rehabilitar en Venezuela: la justicia y la economía.
Las sanciones debilitan tanto el sistema de justicia
como el sistema económico; no constituyen actos de justicia porque no forman
parte de ningún órgano judicial ni están sometidas a las exigencias del debido
proceso, mucho menos a una sentencia firme.
En Latinoamérica, la lista de sancionados de la Unión
Europea es tan tremendamente desproporcionada y arbitraria, tan politizada en
los términos más mediocres de la expresión, que no toleraría ni siquiera una
revisión periodística.
De las más de 127.000 personas sancionadas solo 70 son
latinoamericanos. Se trata de 64 venezolanos y seis nicaragüenses. No figuran
narcotraficantes, ni esbirros del régimen cubano, ni personas involucradas en
escandalosos casos de corrupción como los que figuran en los Panamá Papers, ni
responsables de la estafa de Odebrecht o funcionarios corruptos de Petrobras.
De esos 70 sancionados latinoamericanos no sabemos ni
cuánta fortuna tienen, ni dónde la tienen, ni cómo la invierten ni qué impuesto
pagan. Precisamente, porque están en esa lista, cualquier organismo
transnacional que pudiera exigir cuenta respecto a esos bienes queda eximido de
ello.
Ningún venezolano debería estar satisfecho con actos
que no son de justicia sino ficción o propaganda de justicia.
Las sanciones tampoco fortalecen la economía porque,
precisamente, al estar sancionados los principales funcionarios de un régimen,
todas las finanzas públicas —manejadas por ellos a su antojo— no tienen ningún
tipo de rastreo, evidencia, criterio de transparencia ni de información pública
segura.
El régimen de sanciones económicas va configurando una
especie de para-Estado financiero que empuja a los inversionistas a transitar
por terrenos que, no solo son riesgosos sino muy probablemente mafiosos, y es
lógico que esa condición disminuya la demanda de inversiones serias en el país,
producto de un sistema financiero arbitrario, plagado de secretismo, de
movimientos oscuros ajenos a toda legislación.
La Ley Antibloqueo es un ejemplo nítido de nuestra
enclenque musculatura económica y jurídica.
Se asemeja, prácticamente, a un real decreto con el
que un jerarca busca “auxilio de algún señor poderoso por vía de
encomendación”, bajo una supuesta “estructura organizativa de protección”,
“optimización de la gestión empresarial” o un supuesto “régimen transitorio
sobre reserva, confidencialidad y divulgación limitada de información”. Medidas
todas tan alejadas de cualquier legislación integral, equilibrada, moderna y
transparente, que no ofrecen garantías de nada, ni al inversionista ni al
trabajador: a lo sumo prometen la creación de sistemas compensatorios del salario
(¿?) y una supuesta financiación del sistema de protección social vaya usted a
saber de dónde.
Por todo esto, las sanciones deben ser condenadas por
todos los venezolanos. Para ello debemos informar sobre su verdadera naturaleza
de manipulación política que solo sirve para distraer a algunos y hacer sufrir
a otros.
Los más afectados de esas ficciones o placebos
contraindicados son los ciudadanos que reciben el trato de sancionados en
cualquier país del mundo, cuando van a abrir una cuenta bancaria o cuando
quieren realizar alguna operación comercial. Y. sobre todo, afectan porque son
la excusa perfecta del régimen para seguir despilfarrando, postergando y
jugando con las reformas económicas como un niño que juega con la comida para
no comérsela.
Mercedes Malavé
mmmalave@gmail.com
@mercedesmalave
@mercedesmalaveg
Directiva de Unión y Progreso
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